Iberdrola se ha sumado a Endesa en sus peticiones para revisar el calendario de cierre progresivo de las centrales nucleares a partir de 2027 que las eléctricas y el Gobierno pactaron en 2019.

Esta petición la lleva realizando hace años Endesa, que concentra la práctica totalidad de su negocio en España, y el Foro Nuclear, el lobby que representa este sector. Ahora se ha adherido a ella el presidente ejecutivo de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán. Y el debate es económico, porque en las condiciones actuales de precios, a las nucleares no les salen los números.

El pasado enero, en el foro de Davos (Suiza), el primer ejecutivo de la mayor eléctrica española ya urgió a mantener la energía nuclear en Europa “para mantener las luces encendidas en un momento en que crecen nuevas demandas como son los centros de datos que requieren suministro estable 24 horas al día durante los siete días de la semana”.

Ahora, Galán ha hecho extensiva esta petición a España. Lo ha hecho después de que en los últimos días la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, haya insistido en que ninguna empresa le ha solicitado esa prórroga, y tras la aprobación el pasado 12 de febrero en el Pleno del Congreso de una iniciativa del PP (apoyada por Vox y UPN y con la abstención de ERC y Junts) instando al Gobierno a prorrogar la vida útil de las siete centrales cuyo cierre está previsto entre 2027 y 2035. 

Este miércoles, el Senado aprobó otra moción de Vox en el mismo sentido con el apoyo del PP que va más allá y pide eliminar los “gravámenes existentes”, entre ellos la tasa que debe financiar el desmantelamiento, y promover la construcción de reactores nucleares pequeños, conocidos como SMR. Hace unas semanas, la presidenta extremeña, María Guardiola (del PP), llegó a pedir a Pedro Sánchez que el Estado asuma Almaraz para evitar su cierre, aunque se niega a rebajar la ecotasa a la central con la que su gobierno recauda 90 millones al año.

El presidente de Iberdrola fue clave para el cierre en 2013 de la nuclear de Garoña (explotada al alimón por estas dos empresas) y en 2018, nada más llegar Pedro Sánchez a Moncloa, calificaba de viable el cierre paulatino de las nucleares a medida que cumplieran 40 años. Ese era el horizonte que recogía el Plan de Residuos Radiactivos vigente en ese momento (aprobado en 2006), que habría obligado a cerrar las centrales entre 2021 y 2028 y que no se respetó con el protocolo firmado en 2019 con Enresa (la empresa pública que gestiona los residuos).

Ahora Galán exhibe un discurso parecido al del consejero delegado de Endesa, José Bogas, y este jueves ambos reclamaban que el Gobierno se plantee modificar esa hoja de ruta apelando al bien común. 

“Queremos lo mejor para la ciudadanía y queremos lo mejor también para el sistema y queremos lo mejor para España”, aseguraba Galán en una conferencia con analistas para presentar los resultados récord de 2024. El ejecutivo afirmó que en los últimos años el escenario de la energía “ha cambiado en todo el mundo, tanto en España como en el resto de Europa”, debido a la mayor demanda por los centros de datos o la climatización, y por factores geopolíticos (tras la crisis energética que provocó la guerra en Ucrania), y advirtió de que ya se está viendo un cambio de tendencia sobre la nuclear en países como Alemania o Bélgica.

Para este último país la Comisión Europea, y en concreto la cartera de la vicepresidenta ejecutiva, Teresa Ribera, acaba de dar su visto bueno a un paquete de ayudas de 32.000 millones de euros para la prórroga de dos reactores muy parecidos a los que existen en España que inicialmente iban a cerrar en 2025. 

“Creo que la Comisión Europea ya está dando apoyo, o por lo menos quiere dar su visto bueno, a la financiación estatal para poder reabrir o aumentar la vida útil de las centrales nucleares. Y esto está pasando en otros países, en Gran Bretaña y también en Estados Unidos”, aseveró Galán.

Horas después, el primer ejecutivo de Endesa incidía en esa idea en una rueda de prensa para presentar los resultados de 2024 (con un incremento de los beneficios del 154% en un año) al señalar que “las circunstancias que había en 2019 son muy distintas” a las actuales. La Agencia Internacional de la Energía (AIE), las cumbres del Clima “e incluso la Comisión Europea han cambiado un poco su posición” sobre la nuclear. La prórroga, aseguró Bogas, redundaría “en el bien de la economía” y de la competitividad de precios.

“Ha habido un cambio respecto a esta política nuclear en el mundo” y “algunos países están cambiando su posicionamiento”, afirmó el primer ejecutivo de Endesa, que citó a Alemania, Bélgica y a Italia. En este país, que no tiene centrales nucleares y rechazó esta fuente en un referéndum en 2011, la ultraderechista Giorgia Meloni se está planteando construir reactores SME.

El primer ejecutivo de la filial española de la italiana Enel reconoció que no han hecho una petición al Gobierno español para revisar ese calendario porque antes es necesario “adecuar” la carga fiscal de las nucleares. Según Bogas, esta tecnología “soporta unas cargas fiscales muy elevadas”: de 64-65 euros/MWh de coste total, las “cargas fiscales” son de 17 euros, a las que se suma la denominada tasa Enresa, fijada en cerca de 11 euros desde 2024, cuando el Gobierno aprobó un incremento del 30%.

El objetivo de esta subida fue financiar la gestión de los residuos radiactivos, tras la falta de consenso para construir el almacén temporal centralizado (ATC), cuyo abandono recurrieron las eléctricas, y la decisión de dispersar la basura radiactiva en almacenes temporales independientes (ATI), a la espera del futuro almacén geológico profundo (AGP) que debería estar disponible para 2073 y cuyo coste total es incierto.

El Foro Nuclear lleva años denunciando la “asfixiante” presión fiscal (de ámbito estatal, pero también autonómico y local) que soportan los reactores. Sumando la tasa Enresa y los gravámenes a los reactores, este lobby asegura que en los últimos cinco años se ha incrementado “un 70%, pasando de 16 €/MWh a 28 €/MWh, discriminando la generación nuclear frente a otras tecnologías y haciendo insostenible su viabilidad económica”.

Bogas defendió este jueves que “quitando las cargas fiscales”, la nuclear “sería una de las tecnologías más competitivas”, y que el alargamiento “prácticamente” no incrementa los costes del almacenamiento ni de la gestión de los residuos nucleares, pero “genera muchísimas más cargas fiscales”, por lo que estas “podrían reducirse”.

Mientras Naturgy se ha mantenido al margen de este debate, Endesa e Iberdrola argumentan que las nucleares son necesarias para la estabilidad del sistema y la seguridad de suministro. Bogas explicó este jueves que “es difícil” que en 2030 se cumplan las hipótesis del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) respecto al bombeo; y las baterías se han abaratado “de manera muy importante” pero aún no son “lo que esperamos”. 

“Nuestro miedo es que realmente no se den esas hipótesis, haya un incremento de demanda mayor a lo previsto, que ojalá lo haya porque será bueno para todos”, y que el cierre nuclear suponga “un incremento muy importante” de las emisiones de CO2 por la mayor producción de gas natural, algo de lo que advertía la AIE en un informe publicado esta misma semana. El otro riesgo que apuntó es que “puedan existir problemas de seguridad de suministro”.

Bogas anticipó “algún tipo de problema” con el suministro “hacia 2030-2035” en Catalunya ante la lenta penetración de las renovables allí y el lento despliegue del almacenamiento en el conjunto de España.

En línea con las manifestaciones que ha hecho en los últimos días la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, Galán dijo este jueves que esos problemas podrían llegar antes, en 2027, si se cierra el primer grupo de Almaraz, y habló incluso de riesgo de “apagones”, como hizo en 2013 cuando, con la demanda cayendo a plomo, Iberdrola (que entonces alertaba del elevado coste de la fotovoltaica, hoy la fuente más competitiva con diferencia) intentó cerrar centrales de ciclo combinado (que queman gas).  

El primer ejecutivo de Iberdrola pidió este jueves “diálogo” sobre este asunto al Gobierno. La posibilidad de revisar el calendario, dijo, “tiene que ser analizada en profundidad para ver cuál es el impacto que podría tener un cierre potencial”. “La flota nuclear de España es segura, eficiente, fiable, y yo lo digo como ingeniero eléctrico. Son absolutamente necesarias para mantener la estabilidad”. Ya se ha visto en otros países “donde se han producido apagones”. 

El pasado miércoles, la presidenta de Redeia, la exministra Beatriz Corredor, negó que el suministro esté en riesgo por el cierre de la central cacereña. Los siete reactores actualmente operativos —Almaraz I y II (Cáceres), Ascó I y II (Tarragona), Cofrentes (Valencia), Trillo (Guadalajara) y Vandellós II (Tarragona)— representan aproximadamente un 6% de la potencia eléctrica instalada en España y aportan cerca del 20% de la electricidad. La decisión de cerrar cualquier central la tiene que autorizar en cualquier caso el Gobierno, previo informe de Red Eléctrica.