El choque de esta semana entre el Gobierno y las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular (PP) por la quita de deuda no es el único problema de dinero que está encima de la mesa entre los mismos protagonistas, con Catalunya como piedra angular.

El Gobierno se comprometió a finales de enero a volver a presentar en “semanas” el aumento de los pagos a comunidades y el plan MOVES, entre otras medidas, en un “decreto económico”, después que fuera tumbado por el Congreso, con el rechazo del PP, Vox y Junts, el decreto ómnibus en el que iban incluidas junto a la subida de las pensiones o los descuentos al transporte público.

El Ejecutivo presentó un “decreto social”, pactado con Junts, para salvar estas últimas medidas, pero está pendiente “el decreto económico”, sobre el que fuentes del Ministerio de Hacienda dicen que “no hay ninguna novedad”. Transcurrido un mes desde que se anunció, este retraso supone una pérdida de ingresos para las comunidades del régimen de financiación común —todas menos Euskadi y Navarra, que tienen conciertos propios— de casi 10.000 millones en total.

La mayor parte de esos 10.000 millones está destinada precisamente a las once comunidades gobernadas por el PP, como se puede observar en el gráfico. Aunque el principal problema es que se trata de dinero que sirve para financiar los principales servicios públicos, como la sanidad o la educación, que son competencias regionales.

De momento, sin la actualización de los pagos mensuales de la Administración central a las comunidades autónomas, estas “entregas a cuenta” continúan siendo las mismas de 2023, el último año en el que el Ejecutivo pudo aprobar unos Presupuestos Generales de Estado (PGE). Junts —cuyo grupo parlamentario fue uno de los que votó en contra de su aumento aunque Catalunya pierde con ello 1.910 millones— dijo entonces que se debe pactar “una redistribución distinta de los objetivos de déficit” y pidió que se abra una negociación seria sobre el concierto económico de Catalunya.

El pasado miércoles, en la espantada en bloque de las comunidades del PP en la reunión con Hacienda en el Consejo de Política Fiscal Financiera, el órgano donde se trata estos temas, los representantes populares entregaron una carta a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. En ella, tras argumentar en el primer punto su rechazo a la propuesta de la quita de deuda, en el segundo abordan “las entregas a cuenta”.

“Aprovechamos esta comunicación para solicitar formalmente que se proceda a actualizar las entregas a cuenta correspondientes al ejercicio fiscal 2025, tomando como referencia las proyecciones actualizadas de ingresos previstas para dicho año”, señala esta misiva que firmaron todas las comunidades del PP. “Consideramos que esta actualización es imprescindible para garantizar una adecuada planificación financiera en las comunidades autónomas y responder eficazmente a las necesidades presupuestarias derivadas del contexto económico actual”, continúa.

Sin embargo, Hacienda no considera que tenga los apoyos garantizados de los grupos parlamentarios en el Congreso para recuperar esta medida en un “decreto económico”. María Jesús Montero ya acusó a los gobiernos regionales del PP de hacer política “partidista” en vez de mirar por los intereses de sus comunidades autónomas. La vicepresidenta llegó a utilizar palabras gruesas para acusar a los consejeros populares de “una deslealtad histórica”, de “dejación de funciones” y de “actitudes irresponsables”.

Montero opinó que algunos consejeros del PP optaron por levantarse de la mesa del Consejo de Política Fiscal para no tener que votar en contra de una medida que les beneficia, “como les pidió su líder nacional, Alberto Núñez Feijóo”.

En la propuesta sobre las entregas a cuenta para 2025, Hacienda abrió la mano a las comunidades al retirar la exigencia de lograr superávit presupuestario en este año y el próximo. Los objetivos de estabilidad actuales son más rígidos, con una senda que impone a las comunidades autónomas gastar un 0,1% menos de sus recursos disponibles en sendos ejercicios (siempre respecto al PIB).

Este 2025 es el ejercicio del regreso de las reglas fiscales a la Unión Europea (UE), que obligan a España a dejar el déficit (el desequilibrio entre los ingresos y los gastos) en el 3% o por debajo, para lo que son cruciales todos los niveles de la Administración, desde la central, pasando por las regionales, hasta las corporaciones locales. El objetivo del Gobierno es dejar el déficit en el 2,5% del PIB este año.

“Se pueden reducir los desequilibrios sin recortes”, viene defendiendo la vicepresidenta Montero, quien ha destacado que desde 2020 ese descuadre ha bajado del 10% al 3% en 2024. Y en 2025 todo el esfuerzo se lo cargará el Estado, “dando margen a las Comunidades y las entidades locales”.

Esta semana, la AIReF (Autoridad independiente de responsabilidad fiscal) ha dado su visto bueno a la propuesta del Ministerio de Hacienda de una quita de deuda a las comunidades del régimen general de cerca de 83.000 millones en total. Pero ha considerado precisamente que la medida “debe llevar condicionalidad” e “ir de la mano de la reforma del sistema de financiación autonómica” pendiente de actualizarse desde 2009.

Concretamente, la Autoridad fiscal opina que la condonación tiene que garantizar que las comunidades no acumulen más deuda. “Una operación de condonación de deuda debe llevar aparejada una condicionalidad fiscal por un doble motivo”, señala en un comunicado publicado el pasado jueves.

El primer motivo al que hace referencia la AIReF para justificar la condicionalidad son “los problemas de azar moral que rodean a este tipo de operaciones”. Es decir, al incentivo que puede suponer este precedente para las comunidades de endeudarse más contando con que el Estado va a realizar otras quitas.

La segunda razón es “la necesidad de reforzar las garantías de cumplimiento de las reglas fiscales”. En otras palabras, la Autoridad fiscal ve una oportunidad en la condonación para exigir a las comunidades que la acepten (y si es aprobada en el Congreso) que limiten el crecimiento del gasto público, según contempla el nuevo corsé fiscal de la UE. “No tiene sentido hacer una condonación de deuda si no se garantiza que no se va a seguir acumulando deuda a futuro por encima de lo que permiten las reglas fiscales”, incide la AIReF.

“Si la ley termina aprobada en los términos que hemos planteado, porque requiere de una ley, no hay condicionalidad”, aclaró la ministra de Hacienda el pasado lunes. “Esta condonación se asume por parte del Estado y no hay ninguna contraprestación que nos tengan que hacer las comunidades autónomas. Lo he dicho desde el primer momento: somos generosos porque creemos en el Estado de las autonomías y creemos también en que hubo un perjuicio a las comunidades autónomas en la anterior crisis financiera que provocó un sobreendeudamiento”, reiteró.

El “decreto económico” pendiente debe incluir las ayudas al coche eléctrico, la rebaja de los peajes eléctricos a la gran industria y algunas medidas fiscales como el beneficio en el IRPF a quienes hicieran reformas de eficiencia energética en sus viviendas o la ampliación de los límites de los módulos para los autónomos para adaptarlos a la inflación.

Respecto a la primera cuestión, al decaer el decreto ómnibus en enero, quedó sin efecto la prórroga realizada en diciembre del Plan Moves III para la compra de vehículos eléctricos, pilas de combustible y puntos de recarga hasta el próximo 30 de junio.

El Moves III conllevaba una dotación de más de 1.500 millones y contemplaba ayudas en función de si la compra de un coche enchufable suponía o no sacar a otro vehículo contaminante de la circulación. En concreto, contemplaba, en el caso de la compra de híbridos enchufables, hasta 5.000 euros, si suponía el achatarramiento de otro vehículo; y de 2.500 sin ese escenario. Y si se compraba un eléctrico, con esos mismos supuestos, las ayudas podían alcanzar los 7.000 y los 4.500 euros, respectivamente. El sector automovilístico ha pedido que el nuevo Moves se base en ayudas directas, sin tener que esperar a que las comunidades autónomas desembolsen la subvención, en ocasiones con dos años de retraso desde la compra del vehículo.

Al decaer el ómnibus, también lo hizo la deducción del 15% en el IRPF, hasta 3.000 euros, en la compra de un vehículo eléctrico, medida que fue implantada el pasado junio. El decreto contemplaba asimismo ayudas de hasta un 80% para la instalación de puntos de carga para particulares en localidades con menos de 5.000 habitantes y un 70% en localidades de mayor tamaño. Y subvenciones a empresas y administraciones públicas que establecieran puntos de recarga de hasta 50kW.