Las zonas afectadas por los cierres de las antiguas centrales eléctricas de carbón suman compromisos de inversión de 6.185 millones de euros, de acuerdo con los datos expuestos este miércoles en la Comisión tripartita del Acuerdo por una Transición Justa.

La reunión, presidida por el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, se ha celebrado cinco años después de la firma del Acuerdo por una Transición Energética Justa para las centrales térmicas en cierre suscrito en abril de 2020 por Gobierno, eléctricas y los sindicatos CCOO y UGT.

El objetivo de este acuerdo es mantener el empleo y dinamizar la economía e industria de las zonas afectadas por el cierre de 15 centrales en las comunidades autónomas de Aragón, Andalucía, Baleares, Castilla y León, Galicia y Principado de Asturias que sumaban una potencia instalada de más de 10 gigavatios (GW), el 10% del total nacional en ese momento.

Los proyectos en cartera de las empresas propietarias de las centrales, ya sean propios o que han movilizado a los territorios, suman los citados 6.185 millones, de los cuales el 83% son de proyectos energéticos y un 17% industriales, según el informe de la comisión de seguimiento, con datos actualizados hasta diciembre de 2024.

El documento indica que a los proyectos en cartera de las empresas energéticas propietarias de las centrales se añaden los proyectos beneficiados por las ayudas del ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, superiores a 960 millones.

Estas inversiones prevén la creación de un total de 2.276 puestos de trabajo de larga duración en los territorios, “notablemente por encima de los 1.557 empleos afectados por los cierres de las centrales”, destaca el departamento de Sara Aagesen. En la fase de construcción de los proyectos “se estima la creación de 11.486 empleos”. De los 1.557 empleos afectados por los cierres, más de la mitad corresponden a Endesa.

De las 15 centrales térmicas de carbón cubiertas por el Acuerdo, cuatro están totalmente desmanteladas –Andorra, Anllares, Meirama y Velilla–, en seis los trabajos tienen un avance muy significativo –en La Robla casi han concluido y en las otras cinco están completados al 60%-90%–, y en As Pontes acaban de empezar; de las cuatro que siguen activas, tres han solicitado el cierre –Los Barrios, Aboño y Soto de Ribera– y Alcudia sigue operando, de forma limitada, para prestar respaldo al suministro eléctrico balear.

“En la práctica totalidad de los emplazamientos donde se localizaban las centrales se están desarrollando propuestas de proyectos tractores, con diferentes niveles de maduración, para revitalizar las economías locales”, destaca el ministerio. En los territorios de aquellas centrales que están todavía operativas, los proyectos alternativos están en fase más incipiente.

El grado de madurez de los proyectos es “desigual”. Ante la posibilidad de que algunos finalmente no fructifiquen, se ha destacado la necesidad de “esfuerzos adicionales”. Groizard ha subrayado que “es importante que las empresas firmantes busquen alternativas para los proyectos que no acaben de materializarse en las zonas con el fin de asegurar un balance de creación de empleo netamente positivo”.

El ministerio, mediante el Instituto para la Transición Justa (ITJ), ha trabajado en la puesta a disposición de líneas de ayuda para el apoyo a proyectos empresariales generadores de empleo, para la transición energética de los territorios, así como para mejorar las infraestructuras municipales y locales. 

En 2024 se abrió una convocatoria dotada con 50 millones para proyectos empresariales y pequeños proyectos de inversión en zonas de transición justa. Se espera que movilicen más de 200 millones y generen más de 900 puestos de trabajo. En total, en estos cinco años se han apoyado unos 300 proyectos empresariales con ayudas de 70 millones, que prevén movilizar unos 400 millones.

También se han apoyado 217 proyectos de infraestructuras municipales con una ayuda de 214 millones.

Además, se han concedido 633 millones de las ayudas del Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE), destinadas a inversiones para la transición energética en zonas de transición justa.

Asimismo, el ITJ ha habilitado bolsas de empleo para mejorar la empleabilidad de los trabajadores afectados por los cierres, con ofertas formativas y laborales.

En la Comisión se ha destacado el “fuerte impulso” a la articulación de los Nudos de Transición Justa como instrumento para favorecer la actividad económica y la creación de empleo en las zonas afectadas. “Desde la última Comisión de Seguimiento, se ha producido un notable avance con el lanzamiento de concursos en los emplazamientos de las centrales de Puente Nuevo, Meirama y Narcea”, subraya el ministerio.

El informe señala que “a pesar de los buenos resultados en términos generales, tres territorios presentan avances menos prominentes”. En el caso de Anllares (León, de Naturgy), “la central más pequeña de todas, donde la tramitación de cierre fue previa al acuerdo, ha sido difícil desplegar alternativas”. En Narcea (Asturias, de Naturgy) y Velilla (Palencia, de Iberdrola), “aunque hay proyectos en curso, aún no se han alcanzado los objetivos esperados, lo que requiere un seguimiento más específico para reforzar las actuaciones”.

El documento señala “la necesidad de dar un seguimiento más pormenorizado y de cerca” de la situación de los trabajadores afectados por los cierres en algunas centrales. No se dispone de información de la situación de 40 empleados de la central de Puente Nuevo (EDP), y de las de Litoral (22) y As Pontes (2), ambas de Endesa.