España ha dado un paso más este jueves para contar con una nueva Autoridad de Defensa del Cliente Financiero. El Congreso ha aprobado con holgada mayoría el texto legislativo por el que se crea este nuevo ente. Lo ha hecho tras reformar de manera significativa algunos de los aspectos más relevantes en su documento original, como el sistema de financiación. Inicialmente iba a realizarse mediante una tasa de 250 euros pagada por las entidades por cada reclamación en su contra admitida.

La compraventa de viviendas cayó en marzo por segundo mes consecutivo. Retrocedió un 5,7% respecto al mismo mes del año pasado, hasta un total de 55.778 operaciones, en un contexto de tipos de interés más elevados para contener la inflación, según los datos publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En febrero, la caída fue ligeramente superior, del 6,6%.

El descenso de la compraventa de viviendas en marzo se ve tanto en los inmuebles de segunda mano como en los de nueva construcción.

En concreto, la compraventa de viviendas usadas bajó un 5,3% en el tercer mes del año, hasta sumar 45.309 operaciones, mientras que las transacciones realizadas sobre pisos nuevos disminuyeron un 7,5%, hasta las 10.469 operaciones.

España compensó con un crecimiento del 23% de las exportaciones a Turquía los 1.500 millones de euros que dejó de vender a Rusia y China en 2022. La tendencia es común en toda la Unión Europea (UE) por las sanciones tras la invasión de Ucrania y se extiende a otros países vecinos de la potencia que preside Vladímir Putin como Kazajistán, Georgia, Armenia o Emiratos Árabes Unidos, según datos de Eurostat recopilados en un informe por el IESEG School of Management.

Nueva pugna entre Yolanda Díaz y Nadia Calviño, ahora a cuenta del observatorio de márgenes empresariales. La vicepresidenta segunda ha criticado este miércoles el proyecto que elabora Economía y que pretende tener listo "antes del verano". Es decir, en breve. "No lo compartimos", ha criticado Yolanda Díaz, con la reclamación de que esté vinculado a las subidas salariales en cada sector, en línea con la petición que habían hecho los sindicatos.

Al igual que hizo hace unos días en un mitín en Barcelona junto a Ada Colau, Yolanda Díaz ha puesto este miércoles el foco en el proyecto anunciado en abril por la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, pero del que apenas se conocen detalles y que está centralizado el Ministerio de Asuntos Económicos.

La gestión pública de la energía a través de entidades de ámbito autonómico o municipal se abre paso en algunas regiones de España y es una apuesta de varias formaciones de izquierda de cara a las elecciones del 28 de mayo. El goteo de anuncios llega en un contexto de boom de las renovables al que obliga el proceso de transición energética. Un proceso que se está topando con un creciente rechazo a los macroproyectos de eólica y fotovoltaica.

En el ámbito estatal, España ha obviado el modelo francés de una eléctrica pública (EdF fue rescatada por el Estado el año pasado) mientras inversores estatales foráneos copan las energéticas.

Tres semanas después de que el Congreso de los Diputados aprobara la Ley de Vivienda, el Senado ha hecho lo propio y convierte el texto en la primera legislación española que reconoce el derecho a la vivienda de la ciudadanía y que aspira a regular las subidas de precios en las zonas donde los alquileres están disparados. Aquí analizamos las claves de la nueva legislación.

El debate en la Cámara Alta ha seguido una línea similar a la del Congreso, con repetidas críticas por parte de PP, Vox o Ciudadanos, entre otros, centradas en que la ley defiende a los 'okupas', les pone una alfombra roja o, incluso, "crea el derecho a okupar".

"Soy clara, tenemos 2,7 millones de personas en desempleo en nuestro país y lo que hay que hacer es mejorar las condiciones de trabajo". Así resumía la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, su distancia respecto a los planes del ministro José Luis Escrivá de rebajar los requisitos de formación para regularizar trabajadores extranjeros. Díaz ha advertido de "en formación de calidad no cabe flexibilización alguna, cabe hablar de trabajos dignos".

José Luis Escrivá ha explicado este miércoles, que, aunque el nuevo 'arraigo por formación' regulado hace unos meses “funciona bien”, varias asociaciones que trabajan con estos colectivos de migrantes dicen que en la actualidad hay personas, sobre todo mujeres, que les “cuesta mucho hacer cursos tan largos” para acceder al mercado laboral o hacerlos presencialmente “por su realidad”, como es el caso de tener hijos a cargo.

El Tribunal Supremo ha dictado una sentencia que facilita que una persona divorciada pueda librarse de pagar IRPF cuando vende la casa común años después de un divorcio y usa ese dinero para comprarse su nueva vivienda habitual. La ley establece que esa exención fiscal estaba limitada para la venta de vivienda habitual, considerada como el inmueble que constituya la residencia durante tres años o donde se ha habitado ininterrumpidamente durante 12 meses, y si se invierte el dinero de la venta en la compra de la nueva vivienda habitual.

El consejero delegado de BBVA, Onur Genç, ha considerado que se debería ser cuidadoso y riguroso con las acusaciones de 'greenwashing' ('ecoblanqueo') para no desmotivar a los bancos que tienen buenas intenciones a la hora de involucrarse en la lucha contra el cambio climático. Durante su participación en el 18 Encuentro del Sector Bancario de la escuela de negocios IESE, el ejecutivo ha criticado que últimamente aprecia que se está intentando "buscar un culpable" con acusaciones de 'ecoblanqueo'.

"Algunos bancos, especialmente, en Estados Unidos, están eligiendo ahora no publicar sus compromisos y sus progresos porque tienen miedo de las implicaciones negativos de algún ataque", ha subrayado Genç.

41 pymes industriales españolas han presentado su solicitud para el programa piloto de semana laboral de cuatro días que prepara el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo a través de la Fundación Pública EOI.

Según explica Industria en una nota, 41 empresas han presentado su solicitud para las ayudas dirigidas al impulso de la mejora de la productividad en pequeñas y medianas empresas industriales a través de proyectos piloto de reducción de la jornada laboral.

Las 41 solicitudes provienen de 13 comunidades autónomas: Catalunya (11), Andalucía (6), Galicia (4), País Vasco (4), Principado de Asturias (3), Comunidad Foral de Navarra (3), Canarias (3), Comunidad de Madrid (2), Cantabria (1), Castilla y León (1), Castilla La Mancha (1), Extremadura (1), Illes Balears (1).