La guerra entre los herederos de Juan Torres Piñón, cofundador de la constructora ACS, llega hasta la Comunidad de Madrid. Es el enésimo capítulo de la batalla de tres hijos del ingeniero y empresario coruñés contra el benjamín del clan, el abogado Julio Torres, al que acusan de gestionar de forma fraudulenta el millonario patrimonio familiar.

Una pugna digna de Falcon Crest o Los ricos también lloran, por citar dos culebrones que arrasaron en los años 80, cuando Torres Piñón, hoy casi nonagenario, creó junto a Florentino Pérez lo que hoy es ACS.

Salvo sorpresa, el Banco Central Europea (BCE) empezará a aliviar la ineficaz y dañina austeridad monetaria que viene aplicando en la eurozona con un recorte de los tipos de interés oficiales de 0,25 puntos este mismo jueves, a las 14.15 horas, tras la reunión ordinaria de su consejo de gobierno. Lo que no está claro es lo que hará después: en julio, septiembre... y si esta primera bajada se quedará solo en un acto simbólico.

La productividad y el crecimiento de los salarios en España han sido en las últimas décadas más débiles que en la media de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Y, además, su evolución ha sido desigual: mientras el primer indicador ha aumentado en torno al 15,3% entre 1995 y el año 2022, la remuneración de las personas trabajadoras a tiempo completo tan solo lo hizo un 1,2%.

Un grupo de delegados sindicales de UGT, SIAT, CSIF, CCOO y CIG han aumentado este miércoles la presión en la Agencia Tributaria ante el despacho de la directora general, Soledad Fernández, por “la falta de respuesta a las demandas planteadas por los trabajadores en el conflicto declarado el 4 de abril”.

Como consecuencia de esta acción de protesta, y según han confirmado fuentes de los sindicatos y de la propia Agencia Tributaria, Soledad Fernández ha accedido a mantener una breve reunión con los representantes de los trabajadores, que exigen respuestas “a las demandas planteadas” sobre la carrera profesional, el convenio colectivo, la promoción interna o la movilidad.

Adiós al Big Mac pollo. O al menos a la hegemonía que hasta ahora ha tenido McDonald's sobre esa marca. Así lo ha establecido el Tribunal General de la UE (TGUE) en una sentencia en la que limita la protección de esa marca a raíz de un litigio iniciado en 2017 por la compañía irlandesa Supermac's contra la estadounidense. No obstante, la multinacional puede recurrir la decisión ante el Tribunal de Justicia de la UE.

Millones de personas migrantes se enfrentan a la explotación laboral en el sector de la agricultura europea. En un momento en el que los agricultores están en pie de guerra contra la agenda verde, a la que acusan de minar su negocio, la organización Oxfam analiza la situación de buena parte de su fuerza laboral: de los 9,2 millones de personas que trabajan en el sector en el continente, 2,4 millones son trabajadores temporales extranjeros. Se trata del 26% del total, aunque la cifra puede ser mayor teniendo en cuenta los permanentes.

La Audiencia Nacional ha avalado una multa de la Agencia Tributaria a la gestora inmobiliaria Haya Real Estate por deducirse ilegalmente en el Impuesto de Sociedades una indemnización de 1,7 millones de euros que pagó en 2014 a su primer consejero delegado.

Se trata del ejecutivo Juan Bartolomé, que dimitió a los pocos meses de ser nombrado y al que la gestora inmobiliaria, entonces propiedad del fondo buitre estadounidense Cerberus, recolocó en una filial tras pagarle esa indemnización, que luego se desgravó ilegalmente.

Han pasado más de tres años desde que la UE dio luz verde al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) con el que daba una respuesta a la crisis de la pandemia radicalmente distinta a la que se dio una década antes al crack financiero. Frente a la austeridad, los 27 diseñaron un procedimiento de gasto expansivo con el que pretendían inyectar 723.000 millones de euros a las economías en forma de transferencias directas y préstamos.

Casi la mitad de la población en España tiene dificultades para llegar a fin de mes. El precio de los alquileres y la inflación ha hecho que más del 10% tenga problemas para hacer frente a los pagos relacionados con la vivienda o que el 20,7% no pueda permitirse mantener la casa a una temperatura adecuada. Si se habla de gastos imprevistos, poco más del 60% de la ciudadanía puede afrontarlos y una de cada tres personas no puede permitirse ir de vacaciones.

El Gobierno de coalición ha dado el paso definitivo para garantizar que las grandes empresas paguen, al menos, el 15% de sus beneficios en el impuesto de Sociedades. En diciembre, el Ejecutivo, ya dio el pistoletazo de salida a esta medida.

Este martes, el Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de ley para la transposición de la directiva europea que crea un sistema para garantizar que las empresas más grandes multinacionales paguen un mínimo por sus beneficios, evitando el impacto de los paraísos fiscales o los territorios de baja tributación para reducir su factura fiscal.