La Securities Exchange Commission (SEC) de Estados Unidos está rastreando las propiedades en España del granadino José Luis Casero, ex empleado de Goldman Sachs al que el organismo acusa de lucrarse usando información privilegiada. La justicia estadounidense le reclama 1,8 millones de euros.

Según documentación oficial, el regulador bursátil de Estados Unidos, equivalente a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), facilitó el pasado 28 de septiembre a las autoridades españolas una copia del DNI de Casero "para realizar una búsqueda de propiedades a su nombre, en un intento por localizar al demandado".

Desde el comienzo del verano, los trabajadores disfrutan de tres permisos más enfocados en facilitar los cuidados de familiares y convivientes: uno de 8 semanas sin remunerar para el cuidado de hijos hasta que cumplen ocho años, otro remunerado por "fuerza mayor" de hasta 4 días (32 horas) al año para situaciones urgentes, y además se amplió el permiso retribuido por hospitalización o enfermedad grave. Derechos que se están desplegando ya en los centros de trabajo, aunque todavía hay ciertas dudas y desconocimiento al respecto, que se unen a que quedan algunos flecos pendientes por regular del permiso parental de ocho semanas, explican en empresas y sindicatos.

En Toledo, sobre todo en su Casco Histórico, pocas cosas se reforman, se mueven o se transforman sin que los siglos de historia de la ciudad vengan a recordar que no todo vale. Su ubicación, abrazada por el río Tajo, su patrimonio y su planeamiento urbanístico, modificado varias veces a lo largo de las últimas décadas, la han convertido en un caso excepcional. Esa complejidad ha provocado que algunos nuevos proyectos para la ciudad se hayan encontrado con más obstáculos de los previstos, en aras de salvaguardar su historia y sus tesoros.

La Alemania del canciller Olaf Scholz tiene en sus planes dejar el carbón como fuente de energía. Lo “ideal”, dicen en la coalición gubernamental germana, sería que Alemania dejara de emplear el carbón en su mix energético en 2030. 

“En la ley, sin embargo, el Gobierno tiene como fecha límite para dejar el carbón el año 2038”, dice a ElDiario.es con preocupación Michael Schwarz. Él forma parte de la iniciativa de activistas 'Alle Dörfer Bleiben!' o “¡Todos los pueblos se quedan!”. La componen decenas de activistas dedicados a proteger las poblaciones frente a la potente industria del carbón.

Wait and see. Es la recomendación que se ha instalado en los mercados tras la primera quincena desde la incursión armada de Hamás en suelo israelí. Como si de una moneda lanzada al aire se tratase, las opciones de que se desencadene una conflagración mundial son, según Ray Dalio, fundador de Bridgewater, el mayor hedge fund del mundo, “del 50%”. En su opinión, antes del inicio de las hostilidades en Gaza eran del 35% por las crisis geopolíticas que se han sucedido desde la Gran Pandemia.

En BNY Mellon se hacen la pregunta clave: ¿no estarán minusvalorando los mercados el conflicto y las opciones de una guerra extensiva? Sus analistas dejan claro en una nota a inversores que la pausa de comportamiento de estas dos semanas, pese a los episodios de relativa volatilidad, “no concuerda con el aumento de la tensión geopolítica por las guerras en Palestina y Ucrania y de los riesgos de escaladas de precios, mayores gastos en Defensa, alzas de tipos y contracciones de PIB a la vista”.

Todos los hogares españoles han sufrido la subida de precios con la crisis de inflación, pero el descuadre del presupuesto familiar no ha sido el mismo para todos. Mientras el 10% más rico gastó en 2022 menos que antes de la pandemia, la inflación ha supuesto un buen bocado a las cuentas de las familias más pobres. Los hogares que están en la mitad con menos ingresos han aumentado su consumo en más de 100 euros al mes entre 2019 y 2022 (entre un 6% y un 10%).

Daniel Pérez Rodríguez (1987) es, con 36 años, un joven veterano de las renovables. Ha ocupado posiciones de responsabilidad en la patronal UNEF, Holaluz, Fundación Renovables o, ahora, L'Energètica, la empresa pública de energía que lanzó hace un año la Generalitat de Catalunya y de la que es director general.

Licenciado en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad Autónoma de Madrid y máster en Derecho Europeo por el Colegio de Europa, este madrileño afincado en Barcelona desde hace años es profesor de Regulación Energética en la Universidad de La Rioja.

Tras difundir que cinco estados caribeños habían vendido visados europeos a a 88.000 nacionales de Irán, Rusia y China, entre otros países, la Unión Europea (UE) ha comunicado su preocupación por el comercio de los llamados 'golden visa', que concede la residencia a cambio de inversiones. Bruselas ha anunciado su intención de reforzar el control de visados.

La Comisión Europea deja por primera vez al descubierto en un informe la magnitud del comercio de visados en el Caribe, donde hay varios países vendiendo la ciudadanía a precios que comienzan en 100.000 dólares por cabeza (unos 82.326 euros).

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cobró durante el año pasado 86.542 euros, tal y como se fijó por los Presupuestos Generales de ese curso. Es la principal autoridad política y el cargo público más relevante del país. Sin embargo, no son pocos los representantes de las distintas instituciones y poderes del Estado que tienen unos ingresos sensiblemente superiores a los del jefe de Gobierno, ahora en funciones. Entre ellos, casi una decena de alcaldes que, pese a gestionar presupuestos y servicios mucho más reducidos, tienen unos emolumentos ampliamente más elevados.

Iberia ha presentado este viernes una reclamación ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (Tacrc) por la resolución del concurso de handling de Aena, en el que la compañía perdió la licencia de ocho aeropuertos, al considerar que existen "irregularidades", según recoge Europa Press.

La compañía justifica esta reclamación argumentando que se ha vulnerado el procedimiento legal de tramitación del expediente, lo que provoca su indefensión.

Además, la aerolínea afirma no haber recibido argumentos que expliquen la resolución, se le ha negado el acceso a la información para conocer la motivación de las puntuaciones alegando confidencialidad y "se han incumplido los plazos legales para la entrega del expediente".