El déficit del Estado cerró en 2022 en el 4,8%. Se trata de una cifra más baja de la inicialmente prevista por parte del Gobierno, que era del 5%. "Tal y como sucedió en los dos ejercicios anteriores, España logró cumplir con sus compromisos presupuestarios", ha asegurado este jueves la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. La recaudación de impuestos alcanzó los 255.463 millones de euros, un 14,4% más que un año antes.

Hacienda constata así que tal y como se preveía el déficit público fue inferior durante el pasado año respecto a lo que se había presupuestado.

La bajada del IVA de los alimentos que está en vigor desde el 1 de enero está impactando más en los hogares de rentas más altas que en los más vulnerables. Así se desprende de un análisis de EsadeEcPol. "La medida resultó costosa e ineficiente: destinó un mayor gasto público agregado (en euros que se dejan de ingresar por IVA) para las familias de más renta", señala el informe. En concreto, apunta que "cinco de cada diez euros que se dejaron de recaudar fueron a parar al 40% de hogares con mayor capacidad económica".

España es la economía 'avanzada' en la que más han crecido las vacantes en trabajos digitales desde 2019, según un informe publicado por el Fondo Monetario Internacional (FMI). El organismo destaca que el porcentaje de puestos de trabajo que está sin cubrir en sectores digitales ha aumentado casi ocho puntos en nuestro país desde antes de la pandemia, del 49% al 57%. Las vacantes no alcanzan el 1% en el conjunto del mercado laboral, según Eurostat.

Este aumento de las vacantes digitales es muy relevante en comparación con el resto de economías que el FMI clasifica como "avanzadas", y está directamente relacionado con el impulso que las inversiones del Plan de Recuperación ha dado y está dando a sectores relacionados con la programación, la robótica o las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC).

La gran novedad del Real Decreto-Ley por el que se prorroga la denominada excepción ibérica, publicado este miércoles en el BOE, es un aspecto muy técnico, pero de gran trascendencia para las mayores eléctricas.

El Gobierno ha pactado con la Comisión Europea que el tope al gas se va a cargar a los contratos de energía firmados desde el pasado mes de abril entre filiales de los grupos verticalmente integrados (con presencia en todas las patas del negocio) para evitar que las grandes compañías del sector tengan beneficios extra.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores no ve impedimentos para que Ferrovial pueda cotizar en Estados Unidos sin tener que trasladar su sede social a Países Bajos. Así lo ha expresado el presidente del organismo, Rodrigo Buenaventura, en una intervención en el Congreso de los Diputados. "No hemos encontrado impedimentos legales y regulatorios que impidieran la cotización en EEUU sin dejar de estar cotizado y fijado en España", ha apuntado en sede parlamentaria.

Buenaventura acudió este jueves a la comisión de Asuntos Económicos para dar explicaciones sobre la actuación del organismo respecto a la situación de gobernanza que ha vivido una empresa del Ibex 35, Indra, participada por el Estado a través de la SEPI.

Nueva reunión del Observatorio de la Cadena Alimentaria, donde están todos los actores que la integran, desde el sector primario, hasta la distribución (súper e hipermercados), pasando por la industria alimentaria. Un encuentro de carácter ordinario, en el que no ha estado el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, de viaje en Polonia y Alemania, que no se ha saldado con nuevas medidas para reducir el precio de la cesta de la compra.

De momento, no hay nuevas actuaciones pero sí peticiones para que haya más transparencia en la evolución de los márgenes, de los distintos eslabones de la cadena, sobre todo la distribución y los fabricantes.

Nueva escalada en el conflicto en la Inspección de Trabajo. La mayoría de sindicatos en el organismo público han presentado una denuncia contra el Gobierno español ante la Comisión Europea por incumplir un acuerdo con mejoras laborales para la plantilla, que ya ha ocasionado tres días de huelga y cuyo conflicto sigue abierto. Los representantes de los trabajadores se han personado ante las autoridades europeas porque algunas medidas comprometidas estaban incluidas en el Plan europeo de Recuperación por la pandemia, por lo que denuncian que el Ejecutivo está incumpliendo este compromiso con Bruselas, y avisan de una posible huelga indefinida a partir de mayo.

Uber, Cabify y Bolt podrían estar fijando precios para perjudicar a los consumidores y evitar la competencia directa entre ellas, según una auditoría externa de sus algoritmos presentada este miércoles. La investigación también ha hallado pruebas de que estas empresas "pueden discriminar en función de las características socioeconómicas de los barrios, haciendo que los servicios de movilidad sean menos accesibles en los barrios de bajos ingresos". De confirmarse, ambos hechos supondrían violaciones de las leyes de competencia y de Defensa de los consumidores.

El informe ha sido realizado por Eticas, una consultora especializada en este tipo de auditorías externas a servicios digitales.

Las renegociaciones entre clientes y bancos para modificar el tipo de interés que se paga por las hipotecas han arrancado el año con su mayor registro desde el verano de 2016. Se trata de intentar aliviar el coste de estos préstamos, ya sea cambiando del tipo variable al fijo o rebajando el diferencial con el euríbor de los primeros. En enero se sellaron casi 5.000 cambios de este tipo en España, un dato que no se veía desde hace más de un lustro y que coincide con la entrada en vigor de los códigos de buenas prácticas que sellaron el Gobierno y el sector.

España afronta desde este miércoles en Londres una vista judicial que puede ser relevante de cara a las dos decenas de condenas que ha recibido ya el país en distintos arbitrajes internacionales por los recortes a las renovables que aprobó el Gobierno de Mariano Rajoy en 2013.

Fondos de inversión especializados en este tipo de litigios llevan meses intentando que la justicia británica decrete el embargo de parte de la indemnización de 855 millones de euros que la aseguradora del petrolero Prestige tiene pendiente pagar a España por el desastre medioambiental que tiñó de fuel las costas gallegas en 2002.