El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa y el ICO (Instituto de Crédito Oficial) han firmado este lunes un acuerdo para movilizar 30.000 millones de préstamos (principalmente a través de los bancos) en los que se reducirá la carga de intereses en hasta un 8% respecto los precios de mercado.

Exactamente, se trata de la activación de los fondos para conceder crédito de la adenda del Plan de Recuperación “ICO Verde”, de 22.000 millones de euros en total, e “ICO Empresas y Emprendedores”, de 8.150 millones.

El Tribunal de Cuentas de la UE pone en cuestión su preparación para una posible crisis energética de la magnitud de la que atravesó el continente en 2022 a raíz de la invasión rusa de Ucrania. Por un lado, los auditores concluyen que “la arquitectura de seguridad del suministro de la UE sigue siendo incompleta” y, por otro, reconocen que no es fácil evaluar el impacto de la respuesta que se puso en marcha entonces porque las medidas se aplicaron cuando lo peor ya había pasado.

La patronal elevó el tono y el ministerio ha respondido. El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, ha señalado este lunes que “prácticamente seis meses después de que la mesa del diálogo social para la reducción de la jornada laboral comenzase sus trabajos, no hay una sola propuesta por escrito” de los empresarios. “No supone un panorama del que estar orgullosos”, ha dicho este lunes a la salida de la reunión con los agentes social en la que se negocia este asunto y donde ha recordado que “lo único que el Gobierno no puede tolerar es una estrategia dilatoria”.

El Gobierno y los sindicatos acercan posturas en la mesa del diálogo social de pensiones. Hay avances en la cotización de los fijos discontinuos, en la colaboración de las mutuas en las bajas traumatológicas y en los coeficientes reductores de la edad de jubilación, pero el principal escollo siguen siendo las condiciones de la jubilación parcial y el contrato relevo. “Estamos muy lejos de cualquier propuesta que pudiera suponer un acuerdo en esa materia”, ha señalado al término del encuentro la secretaria confederal de UGT, Patricia Ruíz.

Bruselas acusa a Apple de vulnerar la ley antimonopolio de la UE al torpedear a sus competidores en la App Store. Así se lo ha comunicado la Comisión Europea a la 'big tech' estadounidense en el marco de la investigación que abrió a varias empresas por las posibles violaciones de la Ley de Mercados Digitales (DMA). El proceso, que puede acabar en multas multimillonarias, aún no ha concluido.

El Fondo de Reserva de la Seguridad Social ha registrado su nivel más alto desde 2018. La hucha de las pensiones acumulaba, a 31 de mayo, un total de 7.022 millones de euros, según datos del ministerio, que atribuye buena parte del incremento al Mecanismo de Equidad Intergeneracional, que entró en vigor en 2023.

La hucha de las pensiones terminó el pasado ejercicio con 5.578 millones de euros, por lo que ha recibido desde entonces un total de 1.373 millones de euros, que el Gobierno vincula directamente con esa pequeña cuota adicional pactada entre el ejecutivo y los sindicatos en 2021 y cuyo incremento entró en vigor en 2023.

El Congreso de los Diputados va a tener que posicionarse sobre una propuesta para ampliar el radio para compartir el autoconsumo fuera de zonas urbanas hasta una horquilla de entre 10 y 20 kilómetros, frente a actuales dos kilómetros.

La propuesta figura en una proposición no de ley de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) que, en línea con lo aprobado por Francia a finales del año pasado, plantea una ampliación de ese límite y que, si saliera adelante, podría ser un revulsivo para las denominadas comunidades energéticas, muy poco desarrolladas en España.

Los acontecimientos se suceden a una velocidad de vértigo en Francia desde que su presidente, Emmanuel Macron, anunciara la convocatoria de elecciones legislativas el último día de junio y pusiera en un brete el futuro de los tres años que aún le quedan en El Elíseo.

La victoria de Agrupación Nacional de Marine Le Pen en los comicios europeos, dejó, en palabras de Macron, “un escenario que no puedo aceptar”.

Atrás han quedado los tiempos en los que Bruselas levantaba la mano con Francia porque era Francia. Fue la justificación que empleó en 2016 el entonces presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, para dar libertad de acción fiscal a París, pese a su desviación en las cuentas públicas. Han pasado ocho años, se ha superado una crisis financiera y se ha atravesado una pandemia que llevó a la UE a activar una cláusula de escape de la disciplina fiscal a la que obligan sus tratados para mantener unas cuentas públicas saneadas con máximos de déficit y deuda del 3% y el 60% del PIB, respectivamente.

“Yo no quiero ningún privilegio para Catalunya, pido cosas justas. Catalunya no puede ser la tercera en aportar recursos, y la decimocuarta en recibir recursos”. Con esta declaración de hace apenas una semana, Salvador Illa, el líder del PSC (Partido de los Socialistas de Catalunya), tendió la mano a ERC (Esquerra Republicana de Catalunya), el principal partido nacionalista del que depende su investidura como presidente de la Generalitat. Solo unos días después, el presidente del Gobierno de coalición de España, Pedro Sánchez, asumió el lenguaje de los 'republicanos' al considerar “factible” una financiación singular para la región.