El día que se aprobó en el Congreso el derecho a paro de las empleadas del hogar, buena parte del hemiciclo coincidió en que su labor legislativa llegaba tarde. "Hagamos que nuestra democracia no tenga que avergonzarse por más tiempo de sus olvidos", dijo la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz. La medida igualaba las garantías de cientos de miles de mujeres trabajadoras, discriminadas gravemente en su condiciones laborales. Un año y medio después, la Cámara Baja volvía a afrontar una votación trascendental: la toma en consideración de la iniciativa legislativa popular para regularizar a más de medio millón de migrantes, según las estimaciones iniciales, que ya viven y trabajan en España.