Alrededor de 4.700 familias han sufrido la suspensión cautelar del ingreso mínimo vital en enero, responde el Ministerio de la Seguridad Social, tras la publicación de elDiario.es sobre estos cortes por problemas y retrasos en la gestión de la prestación para hogares en pobreza.

“Solo un pequeño porcentaje de los hogares que reciben el Ingreso Mínimo Vital (IMV), menos del 0,7%, ha sido afectado por una suspensión cautelar debido a la renovación de certificados de Servicios Sociales”, responden este jueves al final de la tarde el departamento que dirige Elma Saiz. Ese dato se traduce en unas 4.700 familias, ya que la prestación llegó a alrededor de 672.000 hogares en enero.

Como denunciaron a este medio trabajadoras sociales y colectivos ciudadanos como RMI Tu Derecho y ATD Cuarto Mundo, las familias afectadas por los cortes en la ayuda han estado acudiendo a los servicios sociales municipales denunciando la desprotección. Vanesa, una afectada con dos hijos, afirmaba a este medio que estaba en “un sinvivir” porque no tenía dinero para la comida y el alquiler este mes.

La Seguridad Social añade que, “en la mayoría de los casos, el problema ya se ha resuelto y recibirán su prestación junto al atraso en su próxima nómina”.

El Ministerio sostiene que “la suspensión temporal del IMV se debe a que la ley exige la acreditación anual de ciertas condiciones por parte de los servicios sociales. No es un asunto de gestión, sino de procedimiento”.

La Seguridad Social explicó por carta a las familias que suspendía cautelarmente la ayuda por la falta de renovación del certificado de servicios sociales que acredita su situación de vulnerabilidad. Sin embargo, desde el Consejo General del Trabajo Social y los colectivos sociales advertían de que los informes habían sido mandados “en plazo”, antes del 31 de diciembre, y que aún así se había cortado la ayuda a las familias. Es el caso de Vanesa, cuyo informe se envío el 17 de diciembre, indica. Es decir, señalaban a la Seguridad Social por el retraso y “atasco” en la valoración de los certificados.

Un correo de la Seguridad Social a servicios sociales municipales que se quejaron de la situación en la Comunidad de Madrid, difundido por RMI Tu Derecho, reconoce suspensiones cautelares de la ayuda aunque, “en algunos casos, la renovación de los CSS (certificados de servicios sociales) se hubiera presentado”.

En este correo electrónico, se justifican las paralizaciones de la prestación por “el creciente volumen de expedientes a controlar”, “unido al reducido espacio de tiempo de que disponemos para actualizar la información que nos remiten los distintos Servicios Sociales y a la coincidencia de determinados problemas técnicos”.

El Ministerio de la Seguridad Social indica que son “conscientes del perjuicio que puede suponer para las familias una posible suspensión temporal de la notificación”, por lo que el proceso de gestión de la renovación de los certificados “comienza en el mes de octubre”. “Fecha en la que se empieza a comunicar la necesidad de renovar estos documentos y adicionalmente se actúa de forma flexible para facilitar el registro del mayor número de certificados posible”.

“Se consideran presentados en tiempo y forma y se procesan los certificados recibidos hasta el último día antes de procesar los pagos, independientemente de que se reciban más tarde de 31 de diciembre”, indican en el Ministerio. La Seguridad Social no responde sobre por qué se han cortado ayudas cuyos certificados estaban entregados en plazo, como acreditan las familias y las trabajadoras sociales.

El Ministerio sí anuncia un cambio, para evitar que se repita esta situación. “De cara al año que viene los plazos de renovación serán aún más amplios, comenzando las comunicaciones alertado de la necesidad de renovación del certificado antes del mes de julio”.

“Se comprende la preocupación de las familias afectadas y se trabaja continuamente para optimizar el proceso y garantizar que las ayudas lleguen a quienes las necesitan sin demoras innecesarias”, dice el departamento de Elma Saiz que justifica que “hay que tener en cuenta que el IMV es una prestación que está rigurosamente auditada y que debe pasar por ciertos mecanismos de control y cruce de datos entre varias y distintas administraciones, que garantizan que la prestación llegue a las personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad económica y cumplen los requisitos”.

En el Consejo Social del Trabajo Social rechazan la decisión de cortar la ayuda a las familias por una causa ajena a los hogares, una revisión administrativa que es responsabilidad de las instituciones públicas. “Es un atropello a la dignidad de las personas. Es infame. ¿Cómo se puede suspender una cantidad económica para garantizar sus necesidades básicas, un mínimo de ingresos en el día a día? Estamos hablando de personas que necesitan este dinero para comer”, lamentó a este medio su presidenta, Emiliana Vicente,

“Si están revisando y verificando los IMV, estupendo, pero manténganlos mientras. Y, al terminar, resuelvan lo que tengan que resolver. No al revés”, añadió la representante de las trabajadoras sociales. “Si no han podido revisar todos los expedientes en diciembre, es problema de la Administración, pero lo que no pueden es suspender el IMV a las familias”, coincidía Hontanares Arranz, activista de ATD Cuarto Mundo

En la Seguridad Social subrayan que “estos controles permiten que la tramitación del IMV sea rápida y efectiva y que se proteja de una forma segura a los hogares que lo necesitan”.