Manuela, de 69 años, perdió la propiedad de su vivienda por avalar a su hija durante la crisis financiera y pese a acogerse a la moratoria antidesahucios por su situación de dependencia, en navidad fue hostigada por una empresa de desokupación: "Me dijeron que si salía, no volvía a entrar"
Sin prórroga para el desahucio de Alam en Tetuán ni piedad para que sus tres hijos acaben el curso en su colegio
Manuela estaba poniendo el plato sobre la mesa para sentarse a comer cuando alguien llamó al timbre el pasado sábado.
El anuncio es claro: “Ocupada ilegalmente. Oportunidad de inversión: vivienda sin posesión. Imposibilidad de visita interior”. “Lo que más me duele es que me llamen okupa, porque este piso lo pagaron mis padres trabajando como mulas”, explica Manuela emocionada. A sus espaldas lleva años de lucha, propia y ajena, que configuran buena parte de la hemeroteca de agravios contra el derecho a una vivienda digna y asequible.
En una cronología inversa, al anuncio en Idealista le precede, cuenta, “la navidad más amarga” de su vida. “El 12 de diciembre se presentaron en la puerta los de desokupa (Desokupalcarria, según una tarjeta que deslizaron bajo la puerta). Volvieron el 18 y el 19, el 24, el 26, el 31 y, la última vez, el 6 de enero”, enumera: “Hicieron un control de acceso, se plantaron en la puerta y me dijeron que si salía, no volvía a entrar”.
El pasado día de reyes la Policía Nacional atendió a su llamada y se personó a tiempo en el domicilio. Desde entonces, no han vuelto. “Me llamaron para decirme que ya me creían y que no querían echarme, porque soy española, mayor y estoy enferma, pero que intentase llegar a un acuerdo con la propiedad”, explica Manuela, que señala el racismo de este tipo de organizaciones: “¿Un extranjero no tiene derecho a un techo?”.
Manuela muestra el vídeo de una de las llamadas de trabajadores de Desokupalcarria en su domicilio
La mujer avaló con un 20% de la vivienda a su hija en 2002, pero cuando la crisis financiera impidió a la joven seguir pagando, el BBVA se quedó con el inmueble. Sin embargo, dada su situación de vulnerabilidad, la entidad financiera acordó con la mujer una renta por debajo de mercado. “El banco me ofreció un alquiler social de 50 euros, porque tengo una discapacidad y solo cobro una paga no contributiva”, explica.
En 2017, cuenta, la propiedad canceló la cuenta en la que la mujer ingresaba mes a mes, de forma puntual, ese alquiler. “Antes me quito de comer”, dice ella. Consultó con la gestoría cómo podía seguir abonando las mensualidades, pero la única respuesta fue, tiempo después, una demanda por impago, que culminó en una orden de desahucio. Se había activado ya el escudo social por la pandemia y, gracias a un informe de vulnerabilidad, pudo acogerse a la moratoria que impide los lanzamientos de las familias en peor situación socioeconómica.
En concreto, la moratoria, de la que se han beneficiado unas 58.000 familias, contempla varios supuestos de vulnerabilidad, como situaciones de discapacidad, enfermedad incapacitante o bajos ingresos. Manuela tiene una discapacidad superior el 65% y una dependencia severa. Camina apoyada en un bastón y todos los días recibe ayuda de una trabajadora social. En 2023 le diagnosticaron un cáncer, todavía en tratamiento y que le ha dejado alguna secuela. La más visible es una cicatriz que le atraviesa el estómago. “Tengo toda la fuerza del mundo, pero me fallan las piernas, porque estoy con la quimio”, lamenta.
Ese mismo año, el banco se deshizo del inmueble y la propiedad cambió de manos. Esta redacción se ha puesto en contacto con la actual dueña, Sialco 22 S.L., una mercantil dedicada a la promoción y gestión inmobiliaria pero, al cierre de estas líneas, no ha recibido respuesta.
Manuela en su vivienda en San Blas, Madrid
“Como sabe que está acogida a una normativa que, de momento, impide el desahucio, la nueva propiedad ha recurrido a una empresa de desokupación que empezó a hacerle mobbing inmobiliario”, explica la abogada de Manuela, Alejandra Jacinto, del Centro de Asesoría y Estudios Sociales (CAES), que indica que “ante el constante hostigamiento, amenazas y coacciones para que se fuera” optó por presentar una denuncia por coacciones agravadas, al producirse en el propio domicilio.
Esta misma semana, un juzgado de Madrid archivó la denuncia, sin abrir siquiera diligencias, pero Jacinto ha recurrido esa decisión. “Pedimos la citación de los trabajadores de Desokupalcarria identificados por la policía nacional y que la propia Manuela y los vecinos que han sido testigos de las amenazas vayan a declarar”, indica la abogada.
Ella, asegura, no tiene miedo. “De aquí me van a sacar con los pies por delante, porque no he robado a nadie, me han robado a mí”, defiende. Tampoco lo tuvo cuando la subieron a un furgón de los antidisturbios por intentar impedir que se llevaran a un compañero, o las decenas de veces que puso el cuerpo para frenar un desahucio, o cuando ocupó una de las sedes de Bankia en una de las acciones de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. “Ojalá tuviera la fuerza que tenía entonces”.
