El titular de la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala, Jordán Rodas, condenó este martes el asesinato de la defensora Paulina Cruz en el municipio de Rabinal, en el departamento de Baja Verapaz.
El magistrado de conciencia dijo que "lamenta y condena" el asesinato de la autoridad ancestral de Rabinal y manifestó su "solidaridad y profundas condolencias a sus familiares, amigos y a la comunidad" por este crimen.
Además, instó a las autoridades del Ministerio Público y de la Policía Nacional Civil a realizar las acciones correspondientes para investigar los hechos y dar con los responsables.
Supuestamente los hechos tuvieron lugar el 14 de septiembre, cuando Paulina Cruz salió a buscar a su hijo a la escuela y a 100 metros de su casa le dispararon, dejando además a su esposo herido, quien está internado en el Hospital Nacional de Salamá.
En las fotografías compartidas en redes sociales aparecen autoridades ancestrales de Rabinal que portan una fotografía de la fallecida.
A principios de este mes también fue denunciado el asesinato de la coordinadora de la Pastoral del Ambiente de la Parroquia de Suchitepéquez (suroeste), Diana Isabel Juárez, quien fue atacada cuando regresaba de participar en una actividad.
Diana Isabel, maestra y defensora de derechos humanos, promovía el cuidado y protección del medioambiente y los bienes naturales impulsando proyectos como huertos familiares, viveros forestales, reforestación de áreas verdes y campañas de limpieza.
La defensora ambiental guatemalteca no fue la única. El pasado 28 de agosto fue asesinado en la zona 6 de la capital el catequista de la Parroquia El Pilar Marvin Yovani Ramos, quien también era miembro de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible, una entidad que trabaja para consolidar la paz en el país.
Amnistía Internacional publicó en 2016 un informe en el que denunciaba que Guatemala, junto con Honduras, era uno de los países más peligrosos para los defensores de derechos humanos.
De hecho, el pasado mes de mayo, un informe de la Procuraduría señalaba que cada dos semanas asesinan a un activista, quienes siguen siendo víctimas de violencia, discriminación o discursos de odio pese a su papel fundamental en la construcción y consolidación de la democracia y el Estado de Derecho.
Este documento, titulado "Situación de las personas defensoras de derechos humanos en Guatemala: entre el compromiso y la adversidad" y elaborado junto a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, aseguraba que en 2017 se registraron 493 ataques y agresiones (incluyendo 17 asesinatos) y en 2018 un total de 391 ataques y 26 asesinatos.
