La Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), cuyos miembros se encuentran en el exilio, aseguró este miércoles que es víctima de un plan conspirativo por parte del Gobierno de Nicaragua que tiene como fin dañar su reputación y afectar el trabajo de denuncia de violaciones a los derechos humanos.
El secretario ejecutivo de la ANPDH, Álvaro Leiva, dijo en una conferencia de prensa en Costa Rica que en julio pasado tres exmiembros de la organización, aparentemente aliados al Gobierno, divulgaron información falsa sobre supuestas donaciones internacionales a favor de Leiva y la ONG por más de 400.000 dólares, provenientes de organizaciones estadounidenses.
"La respuesta que damos al régimen es desenmascararlo ante la opinión publica de su plan de desarticular, deslegitimar y conspirar en contra de mi persona y de la ANPDH, así como lo ha hecho con otras organizaciones de la sociedad civil", declaró Leiva.
Según los datos de esta organización, desde el inicio en abril de 2018 de la crisis sociopolítica que atraviesa Nicaragua por las protestas contra el presidente Daniel Ortega, se contabilizan al 27 de julio de 2019, unas 600 ejecuciones y 800 personas desaparecidas.
Leiva aseguró que el "plan conspirativo" se debe al trabajo que realiza la ANPDH para denunciar las violaciones a los derechos humanos que ocurren en Nicaragua.
"Ortega es el que debe entregar cuentas a la sociedad nicaragüense y a la comunidad internacional y sobre esa base vamos a seguir trabajando en función de que el brazo de los derechos humanos llegue al último rincón de Nicaragua", manifestó.
Leiva, quien en octubre de 2018 obtuvo asilo político en Costa Rica, aseguró que aunque considera que la Justicia en Nicaragua es dominada por el Gobierno, presentará acciones legales contra quienes le han acusado a él y a la ANPDH de malversar donaciones.
La ANPDH presentó este miércoles una serie de documentos para demostrar que nunca recibió donaciones de las organizaciones estadounidenses mencionadas por los tres exmiembros y que tampoco existen las cuentas bancarias a las que se aseguraba habría ingresado el dinero.
Leiva, uno de los activistas más destacados en la crisis nicaragüense, huyó a Costa Rica luego de que la ANPDH denunciara asedio de grupos armados no autorizados y llamadas telefónicas de amenazas a sus oficinas.
En su solicitud de asilo, Leiva manifestó ser víctima de una persecución política que se ha materializado en actos concretos en contra de su vida, libertad, seguridad e integridad personal.
Desde el inicio de la crisis en Nicaragua, al menos 60.000 nicaragüenses han huido hacia Costa Rica, según los datos oficiales costarricenses.
Datos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) indican que al menos 328 personas han muerto en el marco de la crisis sociopolítica de Nicaragua en 17 meses, aunque organismos locales cuentan hasta 595 y el Gobierno admite 200.
El Gobierno de Ortega también ha sido acusado de cometer delitos de lesa humanidad, y de cerrar medios de comunicación y organizaciones de derechos humanos.
