Benjamin Netanyahu no podía defraudar a sus partidarios. Había reiterado que la ofensiva contra Rafah se iba a producir, con o sin acuerdo sobre el cese de hostilidades en Gaza, y ha cumplido su palabra. Este martes, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) ya ocupan la zona fronteriza con Egipto junto a la localidad, donde se hacinaban en pésimas condiciones alrededor de 1,5 millones de personas, y controlan el último paso, Rafah, por el que entraba una exigua cantidad de ayuda humanitaria y por la que algunos gazatíes lograban escapar de la masacre (previo pago a las mafias locales).
La operación militar pone de manifiesto varias realidades:
En primer lugar, que la liberación de los prisioneros que Hamás tiene en sus manos no es una prioridad para el Gobierno israelí. Es elemental entender que la entrada militar en Rafah deja a Hamás en una posición que hace imposible llegar a un acuerdo inmediato para un intercambio, sea cual sea la cuantificación de palestinos que serían liberados de las cárceles israelíes a cambio de cada uno de los 133 rehenes que Hamás conserva (sin que sea posible determinar ni siquiera si al menos 33 de ellos están vivos).
En segundo lugar, que Netanyahu está atrapado entre dos paredes que no le dejan ninguna otra salida que la de continuar su huida hacia adelante. Por un lado, sabe que, si llegara a algún acuerdo que supusiera detener los combates, tanto Ben Gvir como Smotrich, ministros de Seguridad Nacional y Finanzas respectivamente, provocarían una crisis de gobierno por entender en su visión iluminada que eso dejaría incompleta la tarea de terminar de una vez por todas con la resistencia palestina. Por otro, calcula que el uso de la fuerza es el único modo de recuperar crédito ante una opinión pública que lo acusa del fracaso del pasado 7 de octubre y, tanto o más importante, es la vía más segura para evitar unas elecciones anticipadas que seguramente supondrían su derrota y, por tanto, la pérdida de su blindaje frente a las tres causas judiciales que pueden llevarle a la cárcel.
En tercer lugar, que Washington ha concedido permiso para llevar a cabo la ofensiva. Desde el principio de la operación de castigo que las FDI están realizando, y como ha ocurrido en tantas ocasiones anteriores, se ha activado un montaje teatral en el que Washington y Tel Aviv figuran como actores principales. Así, Estados Unidos señala que hay líneas rojas que no se pueden cruzar y aparenta que está ejerciendo una presión directa para evitar el desastre, mientras Israel insiste en que su Ejército es el más moral del mundo y que cumple estrictamente con el derecho internacional. Tras bambalinas, sin embargo, lo evidente es que el mismo Washington que simula firmeza y enfado con su principal aliado en la región, es el que le da cobertura diplomática, ayuda económica (26.000 millones de dólares en el paquete recientemente aprobado por el presidente Joe Biden) y apoyo militar (incluyendo el suministro de armas y munición que están siendo empleadas en Gaza). Sin la luz verde estadounidense, Netanyahu no se habría atrevido a entrar en Rafah.
En cuarto lugar, que Hamás está en una situación mucho más apurada que Israel. Por una parte, porque sus capacidades de combate han quedado muy mermadas después de siete meses de enfrentamiento directo con las FDI, sin una industria militar que le permita reponer el material destruido y sin posibilidad de reclutar (y, sobre todo, instruir) a más personal. Por otra, ya no tiene prácticamente nada que “vender” a la población gazatí, salvo un alto el fuego que alivie, aunque sea momentáneamente, el castigo y permita la entrada de ayuda humanitaria. Israel, por el contrario, cuenta con una abrumadora superioridad de fuerzas sobre el terreno, además del apoyo que recibe de Washington y otras capitales occidentales. Eso explica que, a igualdad de fanatismo ideológico en ambos bandos, Hamás se muestre mucho más dispuesto a aceptar una tregua que Israel no necesita ahora mismo.
En quinto lugar, que tanto el derecho internacional como la palabra dada han quedado absolutamente ninguneados por el camino. El primero está siendo violado por todos los actores implicados en el conflicto –sin que sea apropiado equiparar las aberraciones de un grupo no estatal con las cometidas por un Estado que se dice democrático y de derecho–, en un ejemplo inocultable de aplicación de una doble vara de medida (Rusia en Ucrania vs. Israel en Gaza). Y el propio Netanyahu se ha encargado una vez más de desacreditar su palabra, cuando ahora está bombardeando y masacrando a población civil desarmada agolpada en una zona que previamente había declarado como área segura, a la que forzó a los gazatíes a dirigirse.
En sexto lugar, que evacuar o expulsar a los habitantes de Rafah hacia Al Mawasi es la demostración más clara de que no hay lugar seguro en Gaza. En su momento, fue declarada zona segura por el Ejército israelí, pero desde entonces ha sido reiteradamente bombardeada y atacada. Además, no reúne condiciones para albergar a más población, dado que su mínima extensión no permite instalar más tiendas de campaña, ni sus infraestructuras pueden atender las necesidades más básicas de los que pudieran llegar hasta allí. Mientras tanto, Israel ha cerrado el último paso que podía servir para salir hacia Egipto, contando con que el Gobierno del golpista Abdelfattah al Sisi colabora para impedir la afluencia de los cientos de miles de desesperados que pudieran buscar esa ruta de escape.
Y en séptimo y último lugar, que este nuevo capítulo de una masacre consentida vergonzosamente por la comunidad internacional no termina con la entrada israelí en Rafah. Convencidos de que su margen de maniobra es infinito, al comprobar que sus excesos no tienen consecuencias, lo sorprendente sería que Netanyahu y los suyos se detengan cuando creen estar a punto de lograr lo que siempre han buscado: el dominio total de la Palestina histórica.
