El presidente de la CIJ, el libanés Nawaf Salam, ha leído y argumentado la decisión de los jueces (13 de un total de 15 votaron a favor) que consideran que la situación humanitaria en Gaza ha degenerado en los pasados meses y es ahora “desastrosa”, y que las medidas tomadas por Israel en Rafah –las órdenes de evacuación de varios barrios de la ciudad y la designación de una “zona humanitaria”– no son suficientes para “reducir el riesgo al que está expuesta la población palestina debido a la ofensiva”.

Por ello, el tribunal con sede en La Haya insta a Israel a “detener inmediatamente su ofensiva militar y cualquier otra acción en Rafah” y “mantener abiertos los pasos fronterizos terrestres, en particular el cruce de Rafah” para que pueda entrar la asistencia humanitaria y los servicios básicos que los gazatíes “necesitan urgentemente”. A través de ese cruce entre Gaza y Egipto llega a la Franja la mayor parte de la ayuda internacional (alimentos, agua potable, combustible, suministros y personal médicos, etc.) pero muy pocos camiones han podido cruzarlo desde que Israel se hizo con el control del lado palestino del paso fronterizo el pasado día 7, tal y como han denunciado las agencias de la ONU.

La CIJ ya había instado a finales del pasado mes de enero a Israel a que permitiera la entrada de ayuda humanitaria a la Franja, una orden que reiteró a finales de marzo. También había pedido a Israel que tomara “todas las medidas que están en su poder para evitar actos de genocidio” en la guerra de Gaza y presentara un informe con todas las medidas adoptadas para aplicar las órdenes dictadas por el tribunal en un plazo de un mes, algo que no ha ocurrido hasta el día de hoy.

Israel hace oídos sordos a las órdenes del tribunal

Este viernes, el tribunal de La Haya también ha recordado que Israel debe “garantizar el acceso sin obstáculos” a la Franja de cualquier comisión o misión de investigación, o de otro organismo de Naciones Unidas para “investigar las alegaciones de genocidio”, en el marco de la demanda presentada por Sudáfrica el pasado diciembre contra Israel denunciando un “patrón de conducta de intención genocida” en su ofensiva en Gaza, que ha dejado casi 36.000 muertos –incluidos más de 15.000 niños– desde el pasado 7 de octubre.

Los propios jueces de la CIJ consideraron en enero que existe riesgo de genocidio en Gaza y que los palestinos representan un grupo que tiene derecho a ser protegido bajo la Convención contra el Genocidio. Además, dijeron que la “catastrófica” situación humanitaria podía empeorar y, cinco meses después, han constatado que ha sido así.

Las decisiones de la CIJ son legalmente vinculantes, pero depende de la voluntad de los países aplicarlas y, en el caso de Israel, ha demostrado anteriormente que no tiene ninguna voluntad. Sin ir más lejos, en el caso de Rusia, el máximo tribunal de la ONU pidió a Moscú suspender “inmediatamente” sus operaciones militares en Ucrania menos de un mes después del comienzo de la guerra pero, más de dos años después, el Ejército ruso continúa su ofensiva.

Desde el primer dictamen de la CIJ, Sudáfrica ha pedido al tribunal que ordene medidas cautelares adicionales para detener la masacre en Gaza, pero Israel ha hecho oídos sordos una y otra vez. Durante las audiencias celebradas la semana pasada en La Haya, el embajador de Sudáfrica en Holanda, Vusimuzi Madonsela, pidió a los jueces que ordenaran a Israel retirarse “de forma total e incondicional” de Rafah y del paso fronterizo homónimo. El equipo legal israelí, como ya ha hecho en otras ocasiones, aseguró ante la corte que “Israel toma medidas extraordinarias para minimizar el daño a los civiles en Gaza”.

El Gobierno israelí, que en general rechaza el mandato de Naciones Unidas y considera que el organismo favorece a los palestinos, ha decidido participar en el proceso de la CIJ y defenderse ante las acusaciones de genocidio, y después de las órdenes de enero empezó a permitir la entrada de más ayuda humanitaria a Gaza, pero eso no ha sido suficiente para evitar la hambruna entre su población. Según Sudáfrica, “la condición necesaria para la implementación efectiva de las medidas cautelares de la corte es un alto el fuego permanente en Gaza”, algo que hasta el momento Israel ha rechazado en el marco de las negociaciones indirectas con Hamás.

El ministro de Finanzas israelí, Bezalel Smotrich, uno de los más radicales del Gobierno de Benjamín Netanyahu, ha afirmado después del dictamen de la CIJ que “quienes exigen que el Estado de Israel detenga la guerra, exigen que se decrete que dejará de existir”, por lo que no acatarán esa orden. “Si deponemos nuestras armas, el enemigo alcanzará las camas de nuestros niños y mujeres en todo el país”, ha dicho a través de la red social X.