A principios del 2022, el periodista de investigación griego Thanasis Koukakis notó que su móvil no funcionaba bien. Koukakis, que trabaja sobre todo en temas de corrupción y blanqueo de dinero en el sector bancario, en lugar de cambiarlo, decidió enviar el dispositivo al Citizen Lab de la Universidad de Toronto, donde investigan las amenazas digitales contra miembros de la sociedad civil.

El escándalo saltó a la prensa generalista y a los medios internacionales cuando, unos meses más tarde, los servicios del Parlamento Europeo, en un control rutinario, informaron a Nikos Androulakis, en aquel momento eurodiputado y presidente del partido socialista griego (PASOK), de que en su móvil se habían encontrado huellas de Predator.

Ese fue el inicio de uno de los mayores escándalos que ha salpicado al Gobierno del primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis. Las escuchas se produjeron por dos vías: por la “legal”, como ha sostenido el Ejecutivo a lo largo de estos meses, y a través de Predator, algo que el Gobierno y el Servicio Nacional de Inteligencia griego (EYP) han negado de manera sistemática.

El programa llegó a Grecia desde Chipre, a través de Cytrox (una empresa de vigilancia del consorcio Intellexa con sede en Grecia) y dos empresarios muy cercanos a Mitsotakis, Giannis Lavranos y Felix Bitzios. Da la casualidad que Koukakis había estado investigando a estas dos personas anteriormente.

“Una vez que se ha infiltrado en un dispositivo, tiene acceso sin restricciones a su micrófono y su cámara, y a todos sus datos, como contactos, mensajes, fotos y vídeos, con total desconocimiento de la persona usuaria”, explica Amnistía Internacional sobre este programa al que califica de “sumamente invasivo”. Además, “permite registrar mensajes de texto enviados o recibidos también a través de aplicaciones encriptadas como WhatsApp y Telegram, así como llamadas telefónicas a través de aplicaciones encriptadas”, explica la Plataforma por la seguridad de los periodistas del Consejo de Europa.

Aparte de a Kouakis y Androulakis, el EYP habría espiado a otros periodistas, como Stavros Malichudis, especializado en migraciones, o Kostas Vaxevanis, director del portal de investigación Documento y quien publicó la lista Lagarde con los nombres de más de dos mil evasores fiscales griegos. También se ha sabido que habrían sido espiados incluso políticos del partido gobernante, como Nikos Dendias, que por aquel entonces ocupaba la cartera de Exteriores; o el exprimer ministro Andonis Samaras.

En agosto de 2022, acorralados por las evidencias, Paniagotis Kontoleon –en ese momento responsable del EYP– y Grigoris Dimitriadis –sobrino del primer ministro Mitsotakis y supervisor de los servicios de Inteligencia– tuvieron que dimitir. Ambos han asegurado ante los jueces que el EYP nunca usó Predator y que, si se ha producido alguna escucha, siempre ha sido en aras de la «seguridad nacional» y con base en la ley. También reconocieron que se habían dado las licencias necesarias a Intellexa para vender Predator a Madagascar y a Sudán, pero que en ningún caso se había usado en Grecia.

A pesar de haberse encontrado evidencias claras del uso de Predator en los teléfonos de periodistas y políticos, a principios de agosto el Tribunal Supremo griego, después de un proceso judicial muy cuestionado, ha determinado que “con base en la abundante evidencia, se infiere indiscutiblemente que ninguna agencia gubernamental y, en particular, el EYP, la Agencia Antiterrorista y en general la Policía griega o cualquier funcionario del Gobierno estuvo involucrado con el software espía Predator o cualquier otro software similar”.

Todos los miembros del Gobierno de Mitsotakis han quedado libres de todas las responsabilidades en el caso. Sí se procesarán, sin embargo, algunos representantes legales de las empresas distribuidoras. Aunque se estableció –a petición de los partidos en la oposición– una comisión parlamentaria de investigación paralela al proceso judicial para llegar al fondo del caso, las conclusiones han quedado en prácticamente nada y los intentos por poner en marcha una nueva investigación parlamentaria no han prosperado.

A lo largo de estos meses, el Gobierno ha esgrimido argumentos relacionados con la seguridad del Estado y la confidencialidad para no colaborar. Además, el proceso judicial estuvo plagado de irregularidades, como han denunciado los partidos opositores y diferentes organizaciones de la sociedad civil.

“En realidad, nunca ha habido una investigación real por parte de la justicia. Los únicos que han investigado son los periodistas porque la comisión que se estableció para investigar el caso estaba controlada por el Gobierno. El fiscal general, encargado de controlar todo el proceso, también es designado por el Gobierno. El informe que se ha emitido encubre a los culpables, tanto a los responsables políticos como a los empresarios”, explica a elDiario.es el exeurodiputado por Syriza y periodista Stelios Kouloglou.

“Ni siquiera se llamó a testificar al que era director de los servicios de Inteligencia”, se queja. “Ahora tenemos dos escándalos: el de las escuchas y el de cómo se ha encubierto el caso. Ahora sólo queda ir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en Estrasburgo”. Esto es precisamente lo que hará el periodista Thanasis Koukakis, el primero en destapar este tema: “Todas las personas implicadas vamos a presentar una demanda a Estrasburgo y demostraremos que no ha habido un procedimiento de juicio justo”, asegura a este periódico.

Koukakis es claro respecto a cómo se ha llevado a cabo la investigación del caso: “Esto demuestra cómo de politizada está la justicia griega (...) Esto es extremadamente problemático porque cuestiona el Estado de derecho. Que la justicia no funcione bien en este nivel tan alto y que todos los actos de los jueces y fiscales del Tribunal Superior estén dentro del ámbito del interés político es extremadamente perjudicial para el Estado de derecho, porque entonces la justicia desaparece”.

El periodista pone de relieve algunos puntos imprescindibles para entender el caso. “En la auditoría de la investigación que el fiscal adjunto del Tribunal Superior de Justicia llevó a cabo se reconoce que el 30% de las personas a quienes se intentó espiar con Predator también habían sido espiados con los métodos convencionales de la Inteligencia griega, lo que demuestra que hubo escuchas en paralelo. Sin embargo, las conclusiones de los informes son que no hubo ninguna correlación entre el uso de Predator y las otras escuchas llevadas a cabo, que se trata de una coincidencia».

Por otra parte, está la duración de la instrucción del caso: “La investigación previa ha durado 26 meses, cuando lo normal es de entre seis y nueve meses. La investigación previa fue realizada por dos fiscales de primera instancia y, cuando estos estaban listos para imputar a los responsables del escándalo, se les retiró del caso”, subraya. Por último, explica que de todas las personas que formaban parte de esta trama, sólo los encargados de las empresas que crearon y distribuyeron el software están acusados, pero “de un delito menor de seguridad en las telecomunicaciones, en ningún caso por espionaje o por manejar secretos de Estado”, explica. Esto implica penas de cárcel mucho menores.

El carpetazo al caso de las escuchas con Predator se ha producido al mismo tiempo que han sido absueltos los dos únicos acusados por el asesinato, en abril de 2021, del periodista de investigación Yorgos Karaivaz. La Justicia ha considerado que las pruebas presentadas contra los acusados eran insuficientes.

El asesinato de Karaivaz, conocido por investigar las conexiones del crimen organizado en Grecia, marcó un punto de inflexión importante en el oficio. Al periodista lo mataron delante de su casa, con cinco disparos en la espalda. Si bien en abril de 2023 fueron detenidas dos personas, supuestamente los autores materiales del crimen (que ahora han quedado en libertad), hasta el momento no se sabe quién ordenó acabar con su vida.

“A lo largo de todos estos años hemos observado un estancamiento de la libertad de prensa y la falta de justicia por los crímenes cometidos contra periodistas en Grecia. Además de los problemas estructurales, como la falta de independencia de los medios públicos, las injerencias y la interferencia de los propietarios en la independencia editorial de los medios privados, entre otras cosas, también existen las demandas abusivas contra los periodistas, permitidas por la legislación griega”, dice a elDiario.es Pavol Szalai, director de Reporteros sin Fronteras (RSF) en Europa y los Balcanes, que se muestra muy crítico con las políticas de Mitsotakis.

“Los ataques a periodistas no se limitan sólo a los que son críticos con el Gobierno. Es evidente que el Gobierno heleno no considera la libertad de prensa una prioridad, y sólo ha hecho concesiones parciales y ha tomado algunas medidas cosméticas”, añade. RSF, así como otras organizaciones de la sociedad civil, hace años que advierten del deterioro de la libertad de prensa en Grecia.

En el informe de RSF de 2024 el país heleno se sitúa, por tercer año consecutivo, en el último puesto en cuanto a libertad de prensa en la UE. En una carta del 1 de agosto, junto con otras 13 organizaciones internacionales, RSF muestra su preocupación por “una realidad alarmante que experimentan periodistas, activistas y organizaciones de la sociedad civil sobre el terreno y el deterioro del Estado de derecho en el país”.

El pasado 24 de julio, la Comisión Europea publicó el Informe sobre el Estado de Derecho de 2024 en el que reconoce “problemas con la independencia y los recursos del regulador de los medios, la independencia de los medios de servicio público, el acceso a la información, la persistencia de las amenazas a la seguridad de los periodistas y el posible efecto paralizador de las demandas estratégicas contra la participación pública (SLAPP) y el acoso, incluso por parte de los políticos”.

Sin embargo, según RSF y Thanasis Koukakis, el informe es parcial y no da fe de la magnitud del problema que existe en el país heleno. “La Comisión Europea entrante debería adoptar una postura más firme en la defensa de su compromiso con los derechos fundamentales y los valores democráticos en los Estados miembros, incluida la condena pública de casos específicos de restricciones a la libertad de prensa, represión de la sociedad civil o violaciones del estado de derecho”, concluye el escrito.