Reforzado por un cuestionado Tribunal Supremo (TSJ) que validó el jueves su victoria en las elecciones presidenciales pese a las acusaciones de fraude y sin publicar actas electorales, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, resiste a las presiones internas y externas y eleva el tono contra la oposición.

“Esta vez no va a haber perdón con los criminales y los terroristas. Les reto a que nos veamos en las calles”, dijo envalentonado, añadiendo que aboga por una reforma electoral “para que no puedan participar en procesos electorales aquellos que desconozcan las leyes, los poderes públicos, la Constitución y pretendan imponer un régimen fascista”.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó a Maduro ganador de las elecciones sin haber hecho públicas las actas ni segregar los resultados por mesas electorales. La oposición dice haber recuperado buena parte de las actas y, según su escrutinio, el candidato opositor, Edmundo González Urrutia, es el ganador con el 67% de los votos.

Varios presidentes latinoamericanos, incluidos algunos progresistas, han cuestionado la resolución del TSJ. El primero en hacerlo fue Gabriel Boric, que se ha mostrado muy crítico con la opacidad de los resultados electorales en Venezuela. El mandatario chileno dijo en su cuenta de X que “hoy el TSJ de Venezuela termina de consolidar el fraude”.

Boric aseguró que no reconoce el “triunfo autoproclamado de Maduro y compañía”, que se trata de “una dictadura que falsea elecciones, reprime al que piensa distinto y es indiferente ante el exilio más grande del mundo”. “La dictadura de Venezuela no es la izquierda”, concluyó, “es posible y necesaria una izquierda continental profundamente democrática”, “un progresismo transformador que mejore las condiciones de vida de su pueblo construyendo comunidad en vez de individualismo”.

“La crisis en Venezuela es indiscutible y, desde Guatemala, ya hemos dicho que sus recientes elecciones solo son una demostración de la misma: el régimen de Maduro no es democrático y no reconocemos su fraude”, ha señalado el presidente progresista de Guatemala, Bernardo Arévalo. “Los pueblos de todo nuestro continente debemos demandar una salida pacífica que garantice la voluntad del pueblo y que recupere el país para todos los venezolanos”.

Precisamente, esa salida pacífica, a través de una negociación, es lo que han intentado algunos países de la región tras las elecciones. Colombia, Brasil y México anunciaron a inicios de agosto su voluntad de mediar para buscar una salida a esta crisis, pero el proceso parece haberse encallado, al menos públicamente. A los presidentes Gustavo Petro (Colombia) y Lula da Silva (Brasil), antes próximos al régimen venezolano, parece que se les agota la paciencia y, la semana pasada, propusieron celebrar nuevas elecciones, lo que también ha sido rechazado por las partes.

Los expertos mencionan que la posición de Maduro en Venezuela tiene una deriva autoritaria que se parece cada vez más a la de Daniel Ortega en Nicaragua. Michael Paarlberg, exasesor principal de Sanders para América Latina, dijo en una entrevista con elDiario.es que “Maduro está tomando a Daniel Ortega como inspiración”.

“Ortega es el modelo más importante para el eje autoritario, no sólo para la izquierda, ya que también sirve de inspiración para Bukele en El Salvador. Es un modelo de alguien que llegó al poder siendo relativamente popular y no tuvo que recurrir a la violencia de Estado para mantenerse en el cargo”, explicó Paarlberg.

Ryan Berg, director del programa de las Américas del think tank Center for Strategic and International Studies de Washington, señalaba a principios de agosto en un artículo de Bloomberg que “para permanecer en el poder, Maduro ha movido el país en la dirección de Nicaragua, que es totalmente un Estado policial”. Aunque Berg cree que Maduro aún tiene “un camino por recorrer si quiere construir el control total de la sociedad venezolana al estilo de Ortega”, ese puede ser el modelo “hacia donde se dirige”. 

Tom Shannon, un diplomático estadounidense que trabajó en Venezuela por primera vez a mediados de los 90, declaraba a The Guardian que ve dos salidas: el modelo nicaragüense o el modelo rumano. “La solución nicaragüense es que Maduro y su Gobierno simplemente les saquen el dedo al mundo y, como lo ha hecho Ortega, sigan adelante con la represión, las detenciones, las expulsiones y las desnaturalizaciones en un esfuerzo por afirmar un control total y absoluto”. Mientras, la solución rumana sería que “la gente se frustra tan profundamente que se vuelve contra el Gobierno de forma muy violenta”.

Daniel Ortega, líder del Frente Sandinista de Liberación Nacional, llegó a la Presidencia por segunda vez en 2007 y, desde entonces, sigue en el cargo. Se ha proclamado ganador en otras tres elecciones presidenciales más, la última de ellas en 2021 con un 75% de los votos y con cuestionamientos acerca de su legitimidad y de los resultados oficiales –que EEUU y la UE no reconocieron–. Ortega no tenía rival, ya que había encarcelado a siete candidatos presidenciales.

En Nicaragua, la deriva autoritaria ha sido clara. Según la ley electoral del país, si uno de los candidatos alcanza el 35% de los votos no hay segunda vuelta. En los últimos comicios, ante el riesgo de no llegar a esa cifra, el presidente aumentó la represión. Además de la detención de políticos opositores en el contexto electoral –en total, 46 detenidos–, la libertad de prensa también se vio mermada, pasando del puesto 75 en el ranking de Reporteros sin Fronteras de 2016 al puesto 121 en 2021.

En este tiempo ha logrado tener bajo control a los poderes Legislativo y Judicial. También a las fuerzas de seguridad, que han sido claves para reprimir las protestas ciudadanas. La más evidente, la de 2018, cuando la población se manifestó en contra de una reforma de la seguridad social. La Policía y grupos paramilitares agredieron a manifestantes y llevaron a cabo detenciones arbitrarias, desapariciones y ejecuciones extrajudiciales. “Ahí es cuando salieron a la luz sus verdaderos colores autoritarios y cuando se dio cuenta de que necesitaba recurrir a la fuerza bruta. Lo hizo y tuvo éxito”, dice Paarlberg a elDiario.es.

“Si Maduro fuera inteligente, reconsideraría su posición”, afirma el analista. “Hay un escenario posible en el que se dé cuenta de que acabará perdiendo y cediendo el poder, y entonces podría negociar una salida en la que sea amnistiado y en la que pueda ir a la oposición y disputar elecciones en el futuro como un partido chavista reformado”, añade.

“Con ese escenario, se podría convencer a Maduro, pero en este momento no veo que esté haciendo estos cálculos estratégicos porque ve la posibilidad de una transición en términos existenciales de vida o muerte y en la que pierde el poder para siempre”, dice el experto. “Hay muchos ejemplos en otros países de partidos autoritarios longevos que dejan el poder y después regresan. En México, por ejemplo, el PRI fue un partido autoritario que gobernó 71 años, pero gestionó su propia salida a través de negociaciones. Reconocieron lo impopulares que eran y que perderían los comicios, lo que acabó pasando en el año 2000. Pero gracias a esas negociaciones volvieron al poder en el año 2012 con Enrique Peña Nieto”.

The Wall Street Journal publicó recientemente que, en conversaciones privadas, Estados Unidos le ha ofrecido a Maduro una amnistía a cambio de renunciar a su cargo, algo que el propio Gobierno estadounidense ha negado públicamente. Aun así, Vedant Patel, portavoz adjunto del Departamento de Estado, dijo que se “está considerando un amplio abanico de opciones para presionar a Maduro para que regrese a Venezuela en el sendero de la democracia”.

La represión de Maduro —que ya había anticipado en campaña un “baño de sangre” si no ganaba las elecciones— no tardó en llegar ante las protestas de la oposición. La organización Foro Penal, que ha elaborado un registro de las personas detenidas desde las elecciones, contabilizaba el 18 de agosto 1.503 arrestos. Según datos oficiales, la cifra supera los 2.400 arrestados.

En este tiempo, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU ha sido expulsada del país por denunciar “el elevado número de detenciones arbitrarias”, así como “el uso desproporcionado de la fuerza”.

Patricia Tappatá, experta de la misión independiente de la ONU en Venezuela aseguró unos días después de los comicios que el país asiste “a la reactivación acelerada de la maquinaria represiva que nunca fue desmantelada y ahora es utilizada para socavar las libertades públicas de los ciudadanos, y su derecho a la participación política y la libre expresión de las ideas”.

Stefanía Migliorini, abogada de Foro Penal, declaró esta semana en rueda de prensa que “a día de hoy sólo ha habido 90 liberaciones” de los cientos de detenidos. En varios discursos ante la población, Maduro aseguró que estas personas serán trasladadas a cárceles de máxima seguridad. La iniciativa Monitor de Víctimas calcula que al menos 23 personas han fallecido a causa de las protestas postelectorales.