Un año después del ataque del 7 de octubre, la Franja de Gaza ha quedado reducida a escombros y, al menos, 42.000 de sus habitantes han muerto y otros 95.000 han sido heridos como resultado de los ataques indiscriminados perpetrados por el Ejército israelí, que no distingue entre objetivos civiles y militares.

En este último año, el primer ministro Benjamin Netanyahu no se ha cansado de repetir que Israel está librando su segunda guerra de independencia, lo que pone de manifiesto que pretende aprovechar el incondicional respaldo occidental para establecer una nueva realidad sobre el terreno basada en la ampliación de las fronteras y el desplazamiento masivo de la población. A estas alturas, parece evidente que el Gobierno israelí no tiene ninguna intención de alcanzar un alto el fuego o retirarse de la Franja de Gaza. No sólo eso, sino que lo más probable es que recurra, una vez más, a su política de ‘hechos consumados’ con la división de la franja y la concentración de su población en espacios cada vez más reducidos.

Por el momento, el Ejército israelí ha partido en dos la Franja de Gaza con la creación del corredor Netzarim, una barrera de seis kilómetros de largo y otros dos de ancho, que separa el norte y el sur de la franja. Dicho corredor impide el retorno de los desplazados que fueron obligados a abandonar sus hogares en Beit Lahia, Beit Hanun, Jabalia y Ciudad de Gaza en los primeros compases de la ofensiva militar. El 13 de octubre del pasado año, el millón de habitantes de esta última recibió un ultimátum para evacuar la ciudad con el pretexto de “salvaguardar su seguridad”. A día de hoy, sólo un 30% de los desplazados del norte del corredor Natzarim ha podido retornar a sus hogares, en su mayor parte reducidos a escombros.

Ahora el poderoso movimiento de colonos pretende convertir el corredor de Netzarim en la nueva frontera de Israel. El Foro de Comandantes y Soldados en Reserva ha presentado un plan destinado a expulsar a los 300.000 palestinos que todavía quedan en el norte de Gaza y que contempla la imposición de un completo asedio que impida la entrada de agua, alimentos y medicinas para forzarles a abandonar definitivamente sus viviendas. El profesor Uzi Rabi, director del influyente Moshe Dayan Center de la Universidad de Tel Aviv, lo ha expresado en toda su crudeza: “Desplacen toda la población civil del norte; quienes se queden serán considerados legalmente como terroristas y sometidos a un proceso de inanición o exterminio”.

A pesar de que Netanyahu ha señalado que “Israel no tiene intención de ocupar permanentemente Gaza ni de desplazar a su población civil”, lo cierto es que esta aseveración, como muchas otras del mandatario israelí, no tiene ninguna relación con la realidad. El pasado 28 de enero se celebró en Jerusalén la conferencia “Los asentamientos traen seguridad y victoria” promovida por la organización Nachala en la que tomaron parte 12 ministros del Gobierno israelí. Durante dicho encuentro, su directora Daniella Weiss manifestó: “Es el fin de la presencia de los árabes en Gaza. En lugar de ellos habrá muchos, muchos judíos que volverán a los asentamientos y construirán nuevas colonias”.

Esta posición no sólo es compartida por el movimiento colono, sino por buena parte del supremacista y mesiánico Gobierno israelí, abiertamente favorable a la expulsión o aniquilación de la población de Gaza. Itamar Ben-Gvir, ministro de Interior y al frente del supremacista Poder Judío, se mostró a favor, el 14 de mayo, de la “emigración voluntaria” de los palestinos, un eufemismo para denominar la limpieza étnica: “Para acabar con el problema debemos hacer dos cosas: la primera es volver a Gaza ahora, volver a casa, volver a nuestra tierra santa; la segunda es fomentar la emigración: promover la salida voluntaria de los residentes de Gaza porque es ético, es racional, es lo correcto, es la verdad, es lo humano y es lo que dice la Torá”. Bezalel Smotrich, ministro de Finanzas y responsable del Partido Sionista Religioso, fue mucho más allá al considerar “justificado y moral matar de hambre a dos millones de civiles hasta que nos devuelvan a nuestros rehenes” en el curso de una conferencia pronunciada el 6 de agosto, aunque reconoció que la comunidad internacional probablemente no lo permitiría.

En el caso de aplicarse dichas propuestas, los territorios al sur del corredor Netzarim, que representan dos tercios de la franja palestina, concentrarían a más de dos millones de desplazados convirtiéndose en la zona más densamente poblada del planeta. El destino que les espera es de todo, menos tranquilizador, ya que Netanyahu no tiene ninguna intención de permitir la entrada masiva de ayuda humanitaria ni de favorecer su reconstrucción, tal y como le reclama buena parte de la comunidad internacional. Su principal objetivo es mantener de manera indefinida la precariedad actual para hacer la franja completamente inhabitable, lo que crearía las condiciones para un éxodo masivo en el caso de que se abran las puertas al Sinaí egipcio.

Un elemento indispensable para llegar a este escenario es impedir, a toda costa, que se restablezca cualquier tipo de autoridad sobre el territorio palestino. Como verbalizara el propio Netanyahu, “no estoy dispuesto a cambiar un Hamastán por un Fatahland”, en referencia a las dos principales formaciones políticas palestinas. Al mismo tiempo, las autoridades israelíes han recrudecido su campaña contra la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos (UNRWA) para tratar de desacreditarla e impedir sus actividades en el conjunto de los territorios ocupados. Un proyecto de ley aprobado el 22 de julio por el Parlamento israelí la tachó de “organización terrorista”.

La intención de Netanyahu no sería otra que evitar que surja una autoridad capaz de gobernar la franja y acometer su reconstrucción. En su lugar, el Gobierno israelí pretende fortalecer a los clanes tribales para que sean ellos quienes asuman la tarea de gestionar la caótica situación y redistribuir la escasa ayuda humanitaria que entra en el enclave palestino en una reedición de Los juegos del hambre. Como señalara un reportaje de The Guardian, “Gaza se enfrenta a un caos cada vez más profundo a medida que se desmoronan los últimos restos de orden civil, dejando un vacío cada vez más ocupado por bandas armadas, clanes, familias poderosas y delincuentes, que determinan quién recibe la ayuda humanitaria que tanto se necesita”, lo que ha llevado a diversos analistas a advertir que, si no se revierte la situación, Gaza podría convertirse en la Mogadiscio del Mediterráneo.

Para Netanyahu y su gobierno extremista, una eventual somalización de Gaza reportaría innumerables ventajas, entre ellas evitar que Hamás pueda retornar al poder o que la Autoridad Palestina gestione los fondos de la reconstrucción. Al mismo tiempo, dividiría aún más a la escena palestina con la irrupción de los clanes tribales como actores políticos, en un proceso similar al registrado en Siria, Libia o Irak en los últimos años ante el colapso estatal. La aparición de señores de la guerra es abiertamente alentada por el Gobierno israelí, ya que también contribuye a cimentar su relato colonial de una sociedad caótica a la que solo puede gobernarse mediante el empleo de la fuerza.

Ignacio Álvarez-Ossorio es catedrático de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad Complutense de Madrid y coautor de Gaza. Crónica de una nakba anunciada (Catarata, 2024)