Recién salido de la primera moción de censura, Michel Barnier entra de lleno en su primer gran combate político: la tramitación de los presupuestos generales.

“La verdadera espada de Damocles no es la que pesa sobre mi Gobierno, sino la que pesa sobre los franceses: la deuda presupuestaria”, afirmó Barnier la semana pasada en su discurso de política general. A principios de este año, comenzaron a aparecer señales que apuntaban a que las cifras de las cuentas públicas en 2024 estarían lejos de las previsiones que había establecido el Gobierno. El Ejecutivo de Élisabeth Borne había marcado el objetivo de llevar el déficit público a 4,4% del PIB cuando en los últimos meses las estimaciones han apuntado a que alcanzará el 6,1%.

En cuanto a la deuda pública, a finales de junio alcanzó los 3,2 billones de euros, un billón más que en 2017 cuando Emmanuel Macron llegó a la presidencia. En las últimas semanas, Barnier ya había anunciado su voluntad de presentar un presupuesto que aspira a lograr a 60.000 millones de euros de ahorro, de los que dos tercios vendrán de recortes en el gasto público y el resto de la subida de impuestos “específicos y limitados en el tiempo” sobre grandes fortunas y multinacionales.

Queda por especificar cuál será la distribución de los 40.000 millones de euros de ahorros en el gasto público. Se apunta a que una gran parte –en torno a un tercio– vendrá de la Seguridad Social y otra, de la anulación de distintos créditos del Estado. Además, las declaraciones de algunos ministros dan ciertas pistas sobre los sectores sobre los que van a reposar los tijeretazos, como son los casos de Justicia y Ciencia, que asumen que su presupuesto se verá reducido.

La principal propuesta del nuevo Gobierno francés en materia de fiscalidad es el aumento del impuesto de sociedades, que en 2017 Macron había reducido a un 25% sobre los beneficios de las empresas. El nuevo Ejecutivo quiere devolverlo al 33,5%, una contribución “excepcional” que podría aportar a las arcas públicas 8.000 millones de euros en 2025. El Gobierno ha subrayado que es un esfuerzo limitado en el tiempo y que solo afectará a empresas con beneficios superiores a 1.000 millones de euros.

Además de las grandes multinacionales, los presupuestos establecen una “contribución excepcional” de los ciudadanos “más afortunados” para devolver a Francia al camino de la reducción del déficit público a menos del 5% en 2025 y al 3% del PIB en 2029. Según había afirmado esta semana el nuevo ministro de Economía, Antoine Armand, ese aumento de la fiscalidad solo concierne al 0,3% de los más ricos, alrededor de 65.000 hogares.

Otras medidas en materia de fiscalidad se han enunciado de manera general, sin entrar en detalles. Es el caso de un aumento parcial en algunos impuestos sobre la electricidad y en impuestos adicionales a la compra de vehículos que más contaminan, ya sea por el peso o por el tipo de combustible utilizado. También se apunta al endurecimiento de la fiscalidad de los alquileres vacacionales del tipo Airbnb.

Esa subida de los impuestos es uno de los puntos más sensibles en las discusiones presupuestarias que está llevando a cabo Michel Barnier con el resto de partidos. Y ha sido especialmente criticada por líderes de la coalición de centro-derecha, antiguos miembros del Gobierno, como Gabriel Attal y Gerald Darmanin. Para los dos macronistas, el aumento de los impuestos sobre de las empresas supone un paso atrás en la política de “estimulación de la oferta” iniciada hace siete años por Macron y, a su juicio, va en contra de los esfuerzos para aumentar la capacidad de atracción de inversores en la economía francesa.

Paradójicamente, hace solo unos días, el propio Emmanuel Macron, se mostró favorable a la “imposición excepcional” a las grandes empresas “por un año” en una intervención pública durante un viaje oficial a Berlín.

En todo caso, el ex primer ministro Gabriel Attal, actual presidente del grupo Juntos por la República (partido fundado por Macron), presentó el miércoles en rueda de prensa un presupuesto alternativo al de Michel Barnier que, en su opinión, “no contiene suficientes reformas y sí demasiados impuestos”. En su lugar, Attal defiende una reforma del sistema de subsidios por desempleo.

El Gobierno francés también prevé la congelación de seis meses en la indexación de las pensiones (para ajustarlas al IPC) como medio para conseguir un ahorro adicional de 4.000 millones de euros. Una medida que ha creado malestar en el partido de Barnier, aunque de momento prevalece en las declaraciones públicas la voluntad de cerrar filas con el Ejecutivo.

No obstante, los partidos en los que se apoya la coalición gubernamental parecen estar de acuerdo en un punto: la necesidad de recurrir al artículo 49.3 de la Constitución para aprobar los presupuestos si es necesario. Presentado este jueves ante el Consejo de ministros, el proyecto de ley se transmite a la Asamblea donde los diputados pueden debatirlo hasta el 21 de diciembre.

Pocas veces la elaboración del proyecto de ley de Finanzas, un proceso muy codificado y regulado en la legislación francesa, se había visto desestabilizado por el contexto político como este año. En particular, por los 50 días transcurridos entre la dimisión de Attal y la nominación de su sucesor por Macron. Por primera vez, el calendario legislativo asignado al proyecto de ley ha sido imposible de mantener y el presupuesto elaborado por el nuevo Ejecutivo llegará a la Asamblea Nacional con retraso.

Aunque el Gobierno dice estar abierto al diálogo con los parlamentarios, la Asamblea sigue fracturada en tres bloques reacios a hacer concesiones. En consecuencia, el presupuesto podría aprobarse sin votación, acogiéndose al artículo 49.3. En ese caso, el Gobierno no necesita la aprobación de la Asamblea, que solo puede frenar la ley con una posible moción de censura, en la que los votos de la extrema derecha volverían a ser decisivos como lo fueron el pasado martes para salvar a Barnier.

“De momento, Michel Barnier no nos envía ninguna señal positiva para evitar que votemos una moción de censura después de la revisión del presupuesto”, dijo el miércoles el diputado Sébastien Chenu, portavoz del partido de Marine Le Pen. “Hay líneas rojas que no se están respetando, entre ellas las que exigen a los franceses esfuerzos suplementarios para pagar los daños causados por las políticas económicas aplicadas durante los últimos años”.

Por su parte, los partidos progresistas del Nuevo Frente Popular (NFP) han señalado al primer ministro que las medidas sobre la fiscalidad de los más privilegiados no van lo suficientemente lejos y proponen esfuerzos adicionales como la instauración de un impuesto “sobre la fortuna climática” para patrimonios superiores al millón de euros. No obstante, varios medios franceses apuntan a que el NFP abandonó la idea inicial de elaborar un presupuesto alternativo, como hizo Gabriel Attal, ante las diferencias internas, en particular sobre posibles medidas de reducción de gasto público.

No obstante, varios miembros importantes en el Partido Socialista han subrayado su satisfacción por las primeras medidas fiscales evocadas por Michel Barnier. Entre ellos, la presidenta de la región de Occitania, Carole Delga y el cabeza de lista socialista en las últimas europeas, Raphaël Glucksmann. “Son un pie en la puerta [de la fiscalidad más justa] que Macron había cerrado con tres llaves”, afirmó esta semana el eurodiputado.

Por otro lado, en los últimos días, algunos medios franceses apuntan a que la cifra dada por Barnier no se corresponde a la realidad de lo requerido. Un documento enviado por el Gobierno al Alto Consejo de Finanzas Públicas, revelado por la web Contexte, apunta a que en realidad el ajuste podría ser menor a los 60.000 euros anunciados y que va a reposar a partes iguales entre la fiscalidad y los recortes.