La llegada de Donald Trump a la Casa Blanca está desatando las alarmas en espacios que exigen contención al presidente electo, pero que olvidan la responsabilidad en cuestiones de calado del aún presidente Joe Biden.

Un análisis de los hechos muestra la posición de Washington. Estados Unidos continúa enviando armamento a Israel y mantiene su apoyo político y diplomático, del que el planeta ha podido observar rasgos evidentes esta última semana.

1.- Biden recibió en la Casa Blanca al presidente israelí, Isaac Herzog, a quien transmitió su “férreo compromiso” con Israel. Lo hizo cuando hay más de 44.000 muertos en Gaza, 17.000 de ellos niños, y mientras prosigue la campaña de exterminio contra el norte de la Franja, con matanzas de civiles y el bloqueo sistemático a la entrada de la ayuda necesaria para la supervivencia.

2.- El Gobierno de Biden volvió a vetar una resolución en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que contemplaba un alto el fuego en Gaza inmediato y la puesta en libertad de los rehenes sin condiciones. Es el cuarto veto estadounidense a la posibilidad del fin de las masacres de población civil.

3.- En un intento por salvar vidas en Gaza -y la propia imagen de su partido- el senador demócrata Bernie Sanders impulsó una resolución en el Senado para bloquear un nuevo envío de 20.000 millones de dólares de armamento estadounidense a Israel. En la propuesta, Sanders también exigió el fin de la complicidad del Gobierno de EEUU con las acciones militares israelíes en Gaza.

Solo diecinueve senadores demócratas respaldaron la iniciativa. “Nos enfrentamos a AIPAC, al liderazgo demócrata del Senado y a la Administración Biden”, comentó Sanders, en referencia a los esfuerzos de la Casa Blanca por asegurarse de que la mayoría demócrata votara en contra.

“Nadie se va a tomar en serio lo que digan ustedes. No se puede condenar la violación de los derechos humanos en el mundo y luego hacer la vista gorda ante lo que el Gobierno de EEUU financia en Israel”, añadió.

El apoyo activo y continuado del Partido Demócrata estadounidense a las atrocidades perpetradas por Israel es público. Esos diecinueve votos a favor de la suspensión de ese envío de armas -y de un cambio radical en la política de EEUU ante el genocidio- quedarán escritos en las páginas de la Historia como la expresión de la decencia frente a la normalización de la barbarie.

La facilitación de la masacre de niños lleva traje y corbata, se presenta como el lado bueno y civilizado del planeta, está de moda y es encubierta por una parte importante de la narrativa occidental, que describe los crímenes como necesarios y oculta la responsabilidad de Estados Unidos, contribuyendo a evitar exigencias a Washington, actor clave y relevante.

4.- La reacción del Gobierno de EEUU a las órdenes de detención anunciadas el jueves por el Tribunal Penal Internacional contra Benjamin Netanyahu y Yoav Gallant remató la semana. Biden calificó la medida de “escandalosa”, la portavoz de la Casa Blanca negó la jurisdicción de la Corte y el portavoz de Seguridad, John Kirby, rechazó las órdenes y mencionó “preocupantes errores de proceso”.

Esta postura de Washington ante los tribunales internacionales no es nueva. La posición tradicional de EEUU es contraria a la intervención de la ONU y de las Cortes de La Haya en el caso israelí. En 2002 EEUU aprobó una ley que permite el uso “de todos los medios necesarios” para liberar a funcionarios de Estados Unidos y de países aliados -entre los que nombra a Israel- que sean acusados, detenidos y juzgados por el Tribunal Penal Internacional.

La naturaleza de esa liberación incluye el uso de la fuerza militar, por lo que la ley es conocida con el sobrenombre de “Acta de Invasión de La Haya”. Su promulgación provocó en su día una protesta pública por parte de Países Bajos, sede de los tribunales internacionales. La norma fue impulsada durante el mandato de George W. Bush, pero también recibió el respaldo de una parte de los demócratas, entre ellos Joe Biden. Dicha ley también contempla la posibilidad de suspender o negar ayuda estadounidense a los países que ratifiquen el Estatuto de la Corte Internacional.

EEUU también se reserva la posibilidad de castigar a la Corte Penal de la Haya si ésta impulsa investigaciones sobre crímenes estadounidenses o de aliados. Así ocurrió en 2020, cuando el Gobierno de Trump sancionó a la entonces fiscal Fatou Bensouda, en el marco de un proceso sobre crímenes del Ejército de EEUU cometidos en Afganistán.

El pasado mes de mayo, cuando el actual fiscal jefe de la Corte, Karim Khan, solicitó órdenes de detención contra Netanyahu y Gallant, el Secretario de Estado Antony Blinken planteó la posibilidad de sancionar al Tribunal de La Haya.

En diciembre de 2016, el presidente saliente Barack Obama adoptó una posición poco común en Washington. Su Gobierno decidió abstenerse -en vez de vetar, como suele hacer ante este asunto- en la votación en el Consejo de la ONU de una resolución que condena los asentamientos ilegales israelíes. Al no haber veto estadounidense, la resolución salió adelante. Cuando la prensa preguntó al equipo de Obama por las razones de esa abstención, éste explicó que el presidente ya no tenía nada que perder.

Kamala Harris, entonces senadora, hizo campaña contra esa abstención impulsada por el líder de su propio partido, y copatrocinó desde el Senado una iniciativa en contra de toda intervención de Naciones Unidas en las cuestiones israelíes. Posteriormente también firmaría una carta en contra de cualquier investigación a Israel por el Tribunal Penal Internacional.

Obama fue un presidente proisraelí, como todos sus predecesores, facilitó la extensión de la ocupación ilegal y mantuvo la ayuda militar anual de EEUU a Israel, la mayor aportación que EEUU entrega a un país cada año. Pero tuvo ese gesto en su despedida, permitiendo qe saliera adelante la primera resolución de condena en casi cuarenta años contra los asentamientos ilegales israelíes.

Biden y Harris podrían hacer saber a sus aliados que ahora sí estarían dispuestos a no vetar una resolución en la ONU de esas características. También podrían defender de forma inmediata un embargo de armas a Israel, interrumpir sus envíos de material militar y suspender su protección política y diplomática a Tel Aviv. Están a tiempo de transmitir que, esta vez sí, aceptarían un alto el fuego inmediato para Gaza.

Podrían, incluso, impulsar la suspensión temporal de Israel como miembro de la Asamblea General de la ONU, medida que se adoptó en el pasado contra la Sudáfrica del apartheid. Si quisieran evitar la perpetuación de los crímenes israelíes, los todavía dirigentes de EEUU fomentarían vías para la negociación y la paz. O invertirían “en el derecho a la vivienda y no en el genocidio en Gaza”, como pidieron hace unos días manifestantes ante el Congreso.

Evidentemente, nada de esto va a ocurrir, porque los objetivos de este Gobierno estadounidense van por otro lado. De momento lo que estamos contemplando es que Biden y Harris siguen apostando por facilitar el genocidio en curso en Gaza, la anexión de más territorio en Cisjordania, el apartheid. Dejan el camino allanado a Trump para el crecimiento y la aceleración de la impunidad israelí, en un momento en el que además Tel Aviv acaba de prohibir la presencia de la agencia de la ONU para los refugiados palestinos.

Washington solo apela a las normas internacionales cuando pretende aplicarlas a sus adversarios. No lo oculta, lo confiesa públicamente. El Gobierno Biden respeta los procesos judiciales sobre Sudán, Darfur o Vladimir Putin pero desprecia y estigmatiza las investigaciones de los crímenes israelíes. Su posición está contribuyendo seriamente al debilitamiento del derecho internacional y a la construcción de un orden mundial más despiadado, en el que Europa queda situada en un escenario de mayor fragilidad.

Todo esto es el legado de la administración demócrata y aún hay tiempo para rectificar algo. Pero, lejos de pedir cuentas a los facilitadores del genocidio contra Palestina, una parte del discurso político y mediático occidental oculta la corresponsabilidad del Gobierno Biden-Harris en las masacres israelíes y en el debilitamiento del derecho internacional.

Si en Europa se sigue sin entender bien qué pasa en Estados Unidos es porque muchas voces políticas y mediáticas se empeñan en mostrarnos un Washington siempre incorruptible y adalid de los derechos humanos. No habría que olvidar que, sin un diagnóstico certero, no es posible adoptar buenas decisiones.

Es probable que cuando Trump asuma el poder surjan más críticas a la complicidad activa de Estados Unidos con la impunidad israelí. Será un ejercicio deshonesto, porque la posición actual de EEUU ya está cambiando el mundo, normalizando el ensalzamiento de la fuerza y el uso de la intimidación, lo que pasará factura a esta Europa intervenida.