La semana pasada Donald Trump amenazó con imponer aranceles a los productos mexicanos y canadienses si estos continuaban dejando pasar drogas y migrantes a Estados Unidos.

Donald Trump tiene razón en que la zona de América del Norte se ha vuelto un paraíso para el crimen organizado. Pero establecer aranceles y expulsar migrantes no tendrá impacto en los recursos de los carteles, ni en disminuir la trata de personas, narcotráfico y piratería. Canadá, Estados Unidos y México no tienen una estrategia integral para combatir el crimen transnacional, y menos un marco de cooperación con objetivos claros.

Canadá legalizó el consumo y producción de la marihuana en 2018, creando un mercado financiero y corporativo. Estas compañías ahora tienen acceso al sistema financiero global y al mercado de capitales, donde pueden facilitar el lavado de dinero.

En 2018, la Comisión de Regulación de Mercados Financieros de la provincia de British Columbia inició una investigación sobre la empresa Beleave, ya que recibió una inversión inicial de 10 millones de dólares canadienses y realizó pagos por servicios de “consultorías” por 7,5 millones de dólares. Esta práctica fue común en las empresas que iniciaron inversiones para participar en la cadena de valor de la marihuana, una práctica recurrente en la simulación fiscal y lavado de dinero. Este caso como el de otras empresas del ramo que recibieron sanciones por la autoridad de British Columbia.

Los socios de esta empresa, liderados por Bill Panagiotakopoulos, han creado una corporación que cotiza en la Bolsa de Toronto cuyo objetivo es vender cocaína para reducir la ansiedad, reducir el dolor y bajar de peso, Safe Supply Streaming Co. LTD (SPLY.CN). La empresa ha revelado que tienen tratos con productores de Perú para la compra de materia prima.

A su vez, el mes pasado el banco TD Canada Trust, con sede en Toronto, fue multado por 3.000 millones de dólares estadounidenses por facilitar el blanqueo de capitales. Canadá está discutiendo la legalización de drogas y tiene pocos controles para el lavado de dinero. 

Estados Unidos es el país que más droga consume en el mundo, de acuerdo con el último informe de la Oficina de Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito. A pesar de tener una crisis de consumo de fentanilo en los últimos cinco años, el presupuesto del Instituto Nacional contra las Adicciones (NIDA) tuvo un incremento de 0% de 2023 a 2024, y el aumento para 2025 es de 0.3%. Esto es una indicación clara de la disociación del discurso y la política pública.

El fentanilo y los precursores químicos que llegan de China a México pasan primero por el puerto de Long Beach en California. No hay rutas marítimas directas de China a México, por lo que el transporte pasa por Vancouver, Long Beach y, después, el Puerto de Manzanillo. Ninguna empresa marítima ha sido sancionada por el trasiego de precursores químicos, lo cual es una prueba más de la descoordinación entre los tres países.

Los cárteles mexicanos se aprovecharon de la plataforma logística, cercanía con el mercado estadounidense y el alto nivel de corrupción en el país para facilitar la producción de marihuana y heroína. Financiaron campos de cocaína en Sudamérica para garantizar el abasto en el mercado mundial. Aprovecharon la infraestructura del sector farmacéutico para elaborar drogas sintéticas en el estado de Jalisco y Sinaloa a escala industrial. En cinco años pasaron a ser las organizaciones criminales más poderosas del mundo, para en 2006 cooptar al encargado de la Seguridad en México, en la época de Felipe Calderón.

La condena de Genaro García Luna por crimen organizado y conspiración de importar cocaína a Estados Unidos demuestra cómo los cárteles compran funcionarios con la consigna de eliminar competidores para crecer. La capacidad de corrupción de los cárteles mexicanos también ha tocado a personal de EEUU: ahí está el caso de Nicholas Palmeri, destituido por malversación de fondos y nexos con abogados de narcotraficantes. 

México ha argumentado que las armas y el consumo vienen de Estados Unidos, lo cual es cierto. Pero el argumento es incompleto; ya que esas armas no aparecen en México, entran por una aduana que tiene funcionarios omisos y corruptos. Los políticos debaten las cifras de homicidios, cuando nadie pone atención en los homicidios resueltos frente a los casos abiertos. La toma de control de gobiernos locales por el crimen organizado ya afecta el precio de los alimentos básicos. Y vemos cómo el alcalde de Chilpancingo fue decapitado, y no con un hacha proveniente de Estados Unidos. La impunidad sigue con una tendencia al alza.

El presidente electo de EEUU, Donald Trump, puso el tema en la agenda y tiene una oportunidad si trabaja con los otros dos países para disrumpir el mercado que enriquece al crimen organizado (trata, drogas, piratería y extorsión). Pero debe basarse en la cooperación y no en la imposición de aranceles comerciales, como hace cuatro años.

Estados Unidos no ha hecho esfuerzos para atender su epidemia, y paradójicamente dos mexicanos son los que pueden sumarse a la solución. La doctora Nora Volkow, nacida y con estudios en México, es la autoridad en temas de adicción y consumo de drogas. Ella es la cabeza del NIDA, y no va a tener más recursos para hacer frente a la epidemia. La investigación y esfuerzos para reducir el consumo deben ser sostenidos y se debe informar a los jóvenes, que son los nuevos “consumidores”, de no entrar en el mundo de las drogas. 

Hace 13 años, el filántropo Tom Siebel fundó el Montana Meth Project, que realizó una de las campañas de prevención más exitosas contra las metanfetaminas. A través de intervenciones con la comunidad y una campaña de publicidad elaborada por Alejandro G. Iñarritu, redujeron dicha epidemia. Hoy están iniciando un esfuerzo para reducir el consumo de fentanilo en Montana. Estos esfuerzos locales, con mensajes e intervenciones en la comunidad, son los que debe financiar NIDA.

En México, muy pocos asesinatos son resueltos, por la falta de capacidad técnica y personal para realizar investigaciones forenses. Sin embargo, hay un ligero avance que ha costado más de 10 años cimentar en el país. Existe un acuerdo de cooperación entre la Fiscalía General mexicana y la ATF de EEUU (Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas y Explosivos), firmado en 2007, donde se pone a disposición el sistema E Trace, que permite el rastreo de armas.

Esto ha logrado la integración y arresto de 473 personas y un poco más de 10.000 decomisos de armas. Hoy en día, solo 22 de las 32 fiscalías estatales cuentan con este sistema. Hay estados, como Veracruz y Quintana Roo, que no lo han instalado a pesar de contar con una versión en español desde 2017. El apoyo técnico de ATF existe, y México es el que no lo ha sabido aprovechar en mayor escala.

México debe seleccionar, capacitar, y ofrecer una vida digna a los elementos honestos de la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas. La capacidad de corrupción del crimen organizado debe ser confrontada con una oferta de vida integral. Además de incrementar los salarios, los servidores públicos deben contar con mecanismos para poder construir un patrimonio como lo es una vivienda. En México, las policías no tienen acceso a una hipoteca y no hay un programa dedicado a ellos.

En el pasado he propuesto que los policías cuenten con una hipoteca que sea descontada de su nómina y una vez al año tengan que ser sometidos a exámenes toxicológicos y polígrafo. Con esta medida, el policía ya no pierde un trabajo, sino un patrimonio familiar.

Las fronteras de México deben garantizar y respetar los derechos humanos, pero también debemos dejar de ser un país de trasiego de droga y personas. Un kilo de cocaína entra en México con un valor aproximado de 3.000 dólares, y sale de Nuevo Laredo con un precio de 22.000 dólares. Un migrante genera 5.000 dólares por cruzar la frontera, y flujos de su sueldo por 1.000 dólares al mes. 

La droga y los migrantes tienen como destino EEUU: esta es una externalidad negativa que tiene México como vecino, por eso debe existir una política migratoria coordinada, donde EEUU invierta recursos en modernizar la frontera con tecnología y ayudar al desarrollo de infraestructura en la frontera sur de México.

A su vez, hay temas como la legalización de la marihuana y drogas duras que deben ser discutidos desde el punto de vista epidemiológico y legal por los tres países.

Canadá, a pesar del aumento en la violencia y consumo de estupefacientes, está empujando a la legalización de drogas “duras”. Estados Unidos tiene un marco legal que permite a Estados decidir si la marihuana se puede usar para fines recreativos, pero a nivel federal está prohibida. En México, hay un marco legal que permite la posesión, pero un marco regulatorio que hace imposible la producción.

¿En una nueva relación comercial se va a permitir el comercio de marihuana entre los tres países como si fuera trigo o jitomates? Estas son las preguntas que se tienen que definir y no son fáciles de responder.

El crimen está organizado en Canadá, Estados Unidos y México; y los gobiernos de los tres países llevan años con un frente desorganizado que ha permitido que las organizaciones criminales transnacionales desestabilicen la región. La proliferación de células criminales chinas, mexicanas, rusas, italianas son una amenaza creciente. Hace un par de semanas, Canadá alegó que el asesinato de un líder disidente hindú, Hardeep Singh Nijjar, fue ordenado por el Gobierno de India y ejecutado por el crimen organizado. No se descarta que servicios de inteligencia de Irán, China, Corea del Norte o Rusia utilicen la infraestructura criminal de los carteles para desestabilizar la zona. 

Trump, Trudeau y Sheinbaum pueden llegar a un acuerdo cosmético sobre el crimen organizado y dejar latentes las amenazas de aranceles. O pueden crear un marco de seguridad basado en políticas públicas que reduzcan los ingresos del crimen organizado y contribuyan a una región más segura.