El tribunal Supremo de Estados Unidos considera que la administración de Donald Trump puede continuar usando la Ley de Enemigos Extranjeros para deportar migrantes venezolanos relacionados con las bandas criminales y levanta el bloqueo cautelar que había impuesto el pasado 15 de marzo el juez federal de Washington, James Boasberg.

El fallo, con cinco votos a favor (los cinco jueces conservadores) y cuatro en contra (las tres juezas progresistas y una jueza conservadora), establece que cualquier persona procesada bajo la ley de Enemigos Extranjeros debe tener un “plazo razonable” para impugnar “efectivamente” la aplicación antes de la expulsión. “Aunque la revisión judicial bajo la AEA [Ley de Enemigos Extranjeros en sus siglas en inglés] es limitada, hemos establecido que una persona sujeta a detención y expulsión en virtud de dicha ley tiene derecho a una ”revisión judicial“ en lo que respecta a las ”cuestiones de interpretación y constitucionalidad“ de la ley, así como a determinar si efectivamente ”es un enemigo extranjero de catorce años de edad o más“”, escribe el alto tribunal. 

Cabe destacar que en el caso de las personas migrantes, a pesar de tener derecho a un abogado, son ellas quienes deben costear el precio. Según expone el American Immigration Council, dado que la deportación se clasifica como una sanción civil y no penal, los inmigrantes que enfrentan la expulsión no cuentan con las protecciones constitucionales que brinda la Sexta Enmienda. Esto se traduce a que si las personas que están en el circuito migratorio no tienen dinero para pagarse un abogado y tampoco tienen acceso a los abogados que proveen las ONG y asociaciones, están solas ante los jueces. Es lo mismo que pasa con los casos de los menores migrantes no acompañados. 

A pesar de que ahora el Supremo considera que a las personas procesadas bajo la ley de Enemigos Extranjeros se les debe garantizar el derecho a la revisión judicial, el alto tribunal no se pronuncia sobre la legalidad de los más de 200 venezolanos que fueron expulsados bajo dicha ley y que no gozaron del derecho a revisión judicial. Tal como expuso una de las juezas del circuito de apelaciones de Washington, prácticamente se les negó el derecho al habeas corpus e incluso “los nazis recibieron mejor trato” cuando se les aplicó la ley en el marco de la Segunda Guerra Mundial. 

En su voto en desacuerdo, las tres juezas progresistas (Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson) junto a la conservadora Amy Coney Barrett, consideran que “la conclusión jurídica del Tribunal es cuestionable”, entre otros motivos, porque no menciona “el grave perjuicio que sufrirán los demandantes si son erróneamente deportados a El Salvador, ni tiene en cuenta los intentos del Gobierno de socavar el proceso judicial a lo largo de todo este litigio”. Para las magistradas, el levantamiento del bloqueo cautelar supone “premiar los esfuerzos del Gobierno para debilitar el Estado de derecho”.

La decisión judicial llega en medio de la cruzada de Boasberg para determinar si el gobierno violó su bloqueo al deportar los venezolanos a la megacárcel salvadoreña CECOT. En la última audiencia, el gobierno se acogió al privilegio del derecho de secretos de Estado para no revelar la hora en que despegó el vuelo, la cual es crucial para determinar si se incumplió la medida cautelar. Anteriormente, la Casa Blanca llegó a insinuar que sí se ignoró la orden verbal de juez antes de que emitiera la escrita. Trump pidió abiertamente que se iniciara un proceso de impeachment contra Boasberg por entorpecer su campaña de deportaciones masivas con el bloqueo, algo contra lo que se pronunció el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts.

 El 15 de marzo, pocas horas después de que el presidente estadounidense invocara la norma, el magistrado emitió una medida cautelar de emergencia ordenando que cualquier avión que estuviera en el aire diera media vuelta. El juez advirtió que las personas “serán deportadas, y muchos o la gran mayoría acabarán en prisiones en otros países o serán enviados de vuelta a Venezuela, donde enfrentan persecución o algo peor”. El programa 60 minutes ha logrado averiguar el historial de los venezolanos que fueron enviados a la mega prisión salvadoreña CECOT bajo la acusación de ser supuestos miembros de El Tren de Aragua. El 75%, aparentemente, no tiene ningún tipo de historial criminal. 

El Supremo se ha pronunciado sobre el bloqueo cautelar de Boasberg después de que el Tribunal de Apelaciones ratificara la decisión del juez federal. Ante ello, el gobierno emitió una apelación de emergencia para elevar el caso hasta la máxima instancia judicial. En el fallo, los jueces consideran que los recursos legales de este caso debían tener lugar en Texas, y no en el tribunal de Washington, que es el que se pronunció el pasado mes de marzo. Sin ahondar más en la cuestión, deciden levantar la suspensión impuesta por Boasberg. 

La ley de Enemigos Extranjeros es del 1789 y, entre otras cosas, permite dejar sin un proceso judicial a las personas a las que se les aplica. Se trata de una norma creada para tiempos de guerra con el fin de expulsar rápidamente del país a aquellas personas migrantes que se consideraran colaboradores de países enemigos. Cuando el presidente estadounidense la invocó, lo hizo declarando una invasión por parte de los miembros de la pandilla venezolana, el Tren de Aragua. Antes de Trump, la ley solo ha sido usada tres veces. La última fue durante la Segunda Guerra Mundial para detener y expulsar inmigrantes japoneses, alemanes e italianos.