El Gobierno de Chile lamentó este jueves la elección de Venezuela en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y la calificó como una "burla" del presidente Nicolás Maduro.

"No puede ser que un Gobierno que viola los derechos humanos (...) sea elegido para un cargo de esa naturaleza", dijo en una declaración el canciller chileno, Teodoro Ribera, quien consideró que el régimen de Maduro no "merece" ni tiene las "aptitudes necesarias" para ejercer el cargo en esa instancia de la ONU.

"Hoy es un día triste para el pueblo venezolano y para quienes creemos y confiamos en un sistema internacional orientado a garantizar y promover la defensa de los derechos humanos", manifestó el jefe de la diplomacia chilena.

Venezuela logró este jueves un asiento en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU al imponerse a Costa Rica por 105 votos contra 96 en las elecciones celebradas en la Asamblea General de Naciones Unidas.

Brasil, con 153 votos, se llevó la otra plaza disponible para los países de Latinoamérica y el Caribe.

Chile, que actualmente tiene un escaño en el Consejo de Derechos Humanos, había impulsado junto a Estados Unidos y otros países latinoamericanos una campaña para evitar la elección de Venezuela.

Ribera dijo que era consciente de que la candidatura venezolana tenía un "apoyo significativo" del Movimiento de los No Alineados, un bloque con más de un centenar de países, aunque consideró que valió la pena el intento de evitar el triunfo.

"Uno en la vida tiene que estar dispuesto a dar batallas aún sabiendo que son difíciles y las da por razones de principios", apuntó.

Pese a este revés, el canciller chileno reafirmó su compromiso para seguir impulsando el respeto a los derechos humanos en Venezuela y para que en ese país haya una "transición pacífica hacia la democracia".

Además de Venezuela y Brasil, este jueves fueron elegidos en el Consejo de DD.HH. Libia, Mauritania, Sudán, Namibia, Indonesia, Japón, Islas Marshall, Corea del Sur, Armenia, Polonia, Alemania y Países Bajos.

El Consejo de Derechos Humanos se creó en 2006 para sustituir a la Comisión de Derechos Humanos, suprimida tras 60 años de trabajos por la crisis de legitimidad en la que había caído por decisiones vistas como parciales, politizadas y desequilibradas.