La organización Madres de los Falsos Positivos de Soacha y Bogotá (Mafapo) cuestionó este jueves las versiones dadas por militares ante la Justicia Especial para la Paz (JEP) sobre el asesinato de civiles presentados como guerrilleros muertos en combate.
"Ellos no presentan cinco de arrepentimiento, ellos no aceptan, dicen que todo sucedió a sus espaldas, esa versión de que 'todo sucedió a mis espaldas' les da poca credibilidad, ellos tenían pleno conocimiento de todo", afirmó Jackeline Castillo, integrante de la organización, en una audiencia ante la JEP.
La mujer, hermana de Jaime Castillo Peña, uno de los casos de "falsos positivos", como se conoce en Colombia a las ejecuciones de civiles cometidas por militares, participó junto a más de una decena de familiares de víctimas en una audiencia pública para responder a las versiones de miembros del Ejército.
Los civiles ejecutados, muchos de ellos con discapacidades físicas o mentales, eran reclutados en barrios pobres de las ciudades y llevados con falsas promesas de empleo a otras regiones del país donde se les presentaba como guerrilleros muertos en combate.
Con esta política, que costó la vida a cerca de 5.000 civiles inocentes a lo largo de dos décadas, los militares implicados buscaban mejorar sus resultados ante sus superiores y obtener beneficios como permisos o premios.
Castillo afirmó que "no hay coherencia" en las versiones de los uniformados, pues su hermano fue asesinado el 12 de agosto de 2008 y las fotos del levantamiento del cuerpo tienen fecha del 14 de agosto de ese año.
En la diligencia, Mafapo respondió a las 31 versiones que dieron antiguos miembros de la Brigada Móvil 15 y del Batallón de Infantería Francisco de Paula Santander, que tiene sede en Ocaña (Norte de Santander), puerta de entrada a la convulsa región del Catatumbo, en la frontera con Venezuela.
Para la audiencia, los asistentes vistieron camisas blancas con fotos de sus hijos estampadas y mensajes en los que pedían "No + falsos positivos".
En el Catatumbo, los militares implicados cometieron entre 2007 y 2008 por lo menos 69 asesinatos de civiles que presentaron como guerrilleros, entre ellos los de 15 jóvenes que aparecieron muertos en Ocaña y que fueron reclutados en Soacha, localidad al sur de Bogotá.
Al igual que Castillo, Soraida Muñoz, madre de Jony Duván Soto, otra víctima de las ejecuciones extrajudiciales, señaló que los militares han dado la misma versión ante la JEP y la justicia ordinaria.
"No veo verdades, no veo sinceridad, no veo ese amor de las personas para decir la verdad, para que nosotras la recibamos de ellos (...) queremos que ellos nos pidan el perdón público", subrayó.
La Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas de la JEP ha realizado 155 versiones voluntarias a 119 personas vinculadas a esas unidades militares, según cifras del tribunal.
La JEP fue creada al amparo del acuerdo de paz firmado en noviembre de 2016 por el Gobierno y la antigua guerrilla de las FARC, ahora convertida en partido político, y tiene como objetivo investigar y juzgar los crímenes cometidos durante el conflicto.
Por el caso de falsos positivos también han acudido a la JEP miembros del Batallón La Popa en el departamento del Cesar, de la Brigada 16 en Casanare, del Batallón de Artillería Número 4 en Antioquia y de los Batallones de Infantería número 21 en Meta y número 27 en Huila.
La Justicia de Paz ha acreditado 314 víctimas de falsos positivos y ha recibido 17 informes de organizaciones, tras lo que dio prioridad a la investigación de esos crímenes en los departamentos citados.
