El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha presentado una demanda en la Justicia española contra Metro de Madrid por la venta en 2011 y 2012 de vagones que contenían amianto, según ha confirmado eldiario.es. En el escrito, al  que ha tenido acceso este medio, la empresa municipal que tiene a su cargo la red de metros porteña pide que se declaren nulos los contratos, alegando que la comercialización de equipos con esta sustancia estaba prohibida, y solicita una indemnización por daños y perjuicios derivados de la presencia de este material.

En la demanda, Subterráneos Buenos Aires acusa a Metro de Madrid de "omitir en todo momento y pese a tener conocimiento de ello, la comunicación de la presencia de amianto en los vagones objeto de la venta" y reclama una compensación de 14.978.395,9 euros "con sus intereses" a la red municipal de metro de la capital española.

"Cuando se compraron estos vagones estaba prohibido el uso de cualquier producto con amianto. La compra fue de buena fe y se supone que se respetan las leyes internacionales", explican fuentes del departamento de Desarrollo Urbano de la Capital a eldiario.es. En julio de 2013 se pusieron en funcionamiento los vagones, que se retiraron de la circulación en 2018.

El presidente de la empresa estatal Subterráneos Buenos Aires, Eduardo de Montmollín, reconoció la semana pasada en una entrevista con CNN que en los planos de las piezas de los trenes adquiridos se especificaba que tenían esa sustancia que ya estaba prohibida. Desde el Ministerio de Desarrollo Urbano de la ciudad defienden que "el Metro de Madrid tendría que haber retirado esas piezas [con absesto] para poder vender los trenes e informar fehacientemente al comprador. Si hubieran hecho esto, la compra no se hacía". "El manual de instrucciones no tiene validez legal", agregan.

Los bienes que ingresan a Argentina deben traer un certificado de origen, que indica de dónde proviene pero también si contiene algún material perjudicial para la salud. "Esos trenes que le compramos al Metro de Madrid tendrían que haber venido con ese certificado. El certificado no existió y de nuestro lado tampoco hubo una exigencia de la existencia de ese certificado", reconoció a la cadena estadounidense en Español Eduardo de Montmollín. 

Una ley española, en cualquier caso, ya prohibía este intercambio. "Se prohíbe la comercialización de todas las variedades de amianto (crocidolita, amosita, amianto antofilita, amianto actinolita, amianto tremolita y crisotilo) y de los productos que contengan estas fibras añadidas intencionadamente", dice la norma, aprobada por el Gobierno de José María Aznar para adaptar a una directiva europea motivada por cuestiones de salud. Metro de Madrid conocía que dos lotes que viajaron a Buenos Aires a cambio de una contraprestación de cinco millones de euros, contenían este material tóxico. 

En el momento en que la Ciudad de Buenos Aires hizo esta compra, el actual presidente Mauricio Macri era jefe de gobierno de la capital. El alcalde actual, Horacio Rodríguez Larreta, pertenece al mismo partido y fue el sucesor de Macri. 

Para la Asociación gremial de trabajadores del Subterráneo y Premetro (AGTSyP) de Buenos Aires, el amianto –también llamado asbesto– en la línea B del metro porteño no es ninguna novedad. Hace ya un año y medio que el secretariado ejecutivo del sindicato viene denunciando los daños a los trabajadores expuestos a esta sustancia.

El gremio del 'subte' argentino empezó a indagar al ver las noticias internacionales: había muerto un trabajador en la capital española y Metro de Madrid reconocía que había sido por asbestosis. En abril de 2018 Antonio Morán Canseco, oficial de mantenimiento de ciclo corto del suburbano madrileño, fue diagnosticado y al mes siguiente falleció. En octubre de ese mismo año falleció otro empleado por el mismo motivo. La justicia mantiene abierta una causa penal contra siete responsables de Metro de Madrid por desproteger a sus trabajadores y la Fiscalía les imputa un delito de homicidio imprudente. 

"Antes de eso no sabíamos. Paramos y pedimos que retiren de circulación los CAF 5000", el modelo de vagón. "Retiraron los CAF 5000. Terminaron reconociendo presencia de asbesto también en otra flota: la Mitsubishi de la línea B", explicó a eldiario.es Virginia Bouvet, secretaria de organización de AGTSyP Metrodelegados. 

Una geóloga especializada en amianto de la Universidad Nacional del Sur realizó exámenes a las muestras de distintas flotas para ver si encontraba la sustancia cancerígena. Y la encontró en varios modelos. Según la Organización Mundial de la Salud, todas las formas de asbesto son cancerígenas para el ser humano. Sin embargo, 125 millones de personas están expuestas al asbesto en su lugar de trabajo. 

A principios de 2018 los medios argentinos ya hablaban del amianto: indicaban que aunque estaba prohibido por el Ministerio de Salud nacional desde el 2003 a través de las resoluciones 823/2001 y 845/2000, aún había edificios de la Capital que tenían esta sustancia como aislante. También se empezó a publicar que "desde España" había llegado la confirmación que las formaciones del subte B vendidas a Argentina contenían amianto. En ese momento, según las autoridades del Ministerio de Desarrollo Urbano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se quitaron de circulación 11 vagones comprados al Metro de Madrid. 

Ramón Acuña lleva 8 años haciendo tareas de mantenimiento en el subte de Buenos Aires y es uno de los 11 trabajadores que ya fue diagnosticado placa pleural: un ensanchamiento de la membrana que recubre el pulmón. Cuando se enteró de la posibilidad de que existiera una sustancia cancerígena en los trenes con los que trabajaba cada día, decidió, con sus compañeros, hacer retención de tareas.

De los primeros 74 casos, ya se confirmaron 11 positivos. Esto es el 14% de la población analizada. Sin embargo, es apenas una parte de todos los trabajadores de la línea B del subterráneo. Son en total más de 700 y hasta 4.000 en toda la red de metro porteño.