El titular de la Procuraduría de Derechos Humanos de Guatemala, Jordán Rodas, denunció este sábado que por su trabajo se ha convertido en "blanco de ataques políticos" de diputados que ven peligrar sus privilegios.
El magistrado de conciencia u ómbudsman guatemalteco, cuya destitución han pedido varios diputadosr, calificó de "ilegal y desleal" el bloqueo al cumplimiento de sus funciones mediante "la asfixia financiera de la institución, las amenazas y presiones sistemáticas, las reiteradas intenciones de remoción y las campañas de injuria y difamaciones".
Rodas, abogado y notario de 51 años, que el próximo martes acudirá a una citación de la comisión parlamentaria de Derechos Humanos para presentar las pruebas de descargo por las reiteradas acusaciones de las que ha sido objeto, reiteró su compromiso para defender los derechos humanos de la gente.
Y en este sentido aseguró que volcará toda su energía hasta "contener la conspiración en marcha en contra de la independencia de poderes".
El titular de la Procuraduría de Derechos Humanos afirmó además que desde que asumió el cargo, hace más de dos años, ha centrado sus esfuerzos en cumplir con la Constitución en un contexto político-jurídico marcado por la lucha contra la corrupción y la "obstrucción abierta y encubierta" contra este fin por parte de los tres poderes del Estado.
La corrupción, continuó, es una de las principales causas de violaciones a los derechos constitucionales de los guatemaltecos y por ello es su deber apoyar su erradicación y denunciar los ataques en contra de fiscales, jueces y magistrados que sí son "fieles al cumplimiento de la ley".
La Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República y del Procurador de los Derechos Humanos establece en su artículo 12 que el pleno debe evaluar la decisión de la comisión y de ser avalada con 105 votos a favor se hará cesar en sus funciones al procurador y declarará vacante el cargo.
Rodas fue elegido como ómbudsman por el Congreso en julio de 2017 para un periodo de cinco años y, desde entonces ha sido un fiel defensor del papel de la desintegrada Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y del que era su jefe, el abogado colombiano Iván Velásquez.
Esta no es la primera vez que piden destituirlo y de hecho ha recibido varios ataques de diputados del bloque oficialista y de aliados al mismo, así como del propio presidente de Guatemala, Jimmy Morales, que cuestionan su labor y sostienen que no defiende los derechos humanos.
Además, Rodas ha exigido personalmente al Ministerio de Finanzas, y también por la vía judicial, el desembolso de 3,9 millones de dólares para operar durante los últimos tres meses del año, una cantidad que provenía de la inicialmente aprobada en el decreto presupuestario para este año, por un total de 130 millones de quetzales (16,8 millones de dólares).
La Procuraduría de los Derechos Humanos había solicitado un presupuesto de 145 millones de quetzales (18,8 millones de dólares) para 2019, lo que significaba un aumento de 25 millones de quetzales (3,2 millones de dólares) respecto del ejercicio fiscal de 2017 y 2018, pero la Comisión legislativa de Finanzas propuso al pleno que se le otorguen 100 millones de quetzales (13 millones de dólares).
No obstante, el decreto presupuestario fijó 130 millones de quetzales, aunque un acuerdo legislativo intentó rebajar esa cantidad en 30 millones.
