Las masivas movilizaciones que han sacudido en las últimas semanas a varios países de América Latina, por diversas causas, han centrado la preocupación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que se apresta a recibir denuncias sobre violaciones que ya se creían superadas.
Así lo ha dejado entrever la presidenta de la CIDH, la panameña Esmeralda Arosemena, que este viernes inauguró en Quito el 174 Periodo de Sesiones del organismo, en medio de un ambiente en que ha vuelto a posicionarse en el debate regional el respeto a los derechos humanos por parte de los Estados.
"Hoy es imprescindible hablar sobre los retos en materia de protección, efectividad y eligibilidad de los derechos humanos para el continente", pues las situaciones de violencia y la afectación a las libertades "no se ha reducido, sino que se ha intensificado", aseguró Arosemena en su discurso inaugural de la cita.
Por ello, "en medio de los acontecimientos que se están desarrollando en nuestro hemisferio, es oportuno hacer un paréntesis para reflexionar acerca de la importancia que tiene el separar el análisis de los derechos humanos de cualquier discusión de tipo ideológica", pues en el tapete se encuentra "la dignidad del ser humano", apostilló.
Y es ese desafío -dijo- el que también ha puesto a la Comisión a debatir sobre su historia, con el ánimo de llegar al objetivo mismo de su origen: "Garantizar el respeto de los derechos humanos de todos los habitantes de las Américas (...) sin dejar a nadie atrás".
Ello al recordar que la CIDH nació hace 60 años para formar un sistema de protección de garantías civiles en el continente, junto con la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).
También el canciller ecuatoriano, José Valencia, en el acto inaugural, se refirió a la historia de este Sistema Interamericano, que surgió en un momento en que en el continente se establecieron varios regímenes de facto que violentaron los derechos humanos.
Por ello, destacó que al CIDH cumplió un papel "crucial" en el tiempo de las dictaduras, que se sostuvieron "bajo esquemas de abusos y autoritarismos".
En su momento, la CIDH "denunció esos abusos", pero ahora "sigue haciendo lo mismo", remarcó el canciller Valencia al expresar su satisfacción que esta importante reunión de la CIDH se realice en su país, lo que, según dijo, remarca el compromiso de Ecuador con los derechos humanos.
De su lado, el presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, remarcó el interés de su país por fortalecer el sistema interamericano de derechos humanos, pero aprovechó para referirse al estallido social en rechazo a ajustes económicos que tuvo lugar en Ecuador a inicios de octubre y que sospecha que también se sazono con el interés de grupos que intentaban desestabilizar su Administración.
Moreno atacó duramente a los seguidores del expresidente Rafael Correa (2007-2017) y rechazó los actos violentos registrados entre el 3 y el 13 de octubre y que estallaron tras su decisión de eliminar el subsidio a los combustibles, medida que tuvo que derogar para poner fin a las movilizaciones.
"Lo que el país presenció fue un elevado grado de violencia organizada y sistemática con la clara intención de romper el Estado de derecho y la democracia", afirmó el mandatario tras enumerar la serie de afectaciones que sufrieron los agentes del orden y los bienes públicos durante las protestas.
Esas movilizaciones dejaron 9 personas muertas, 1.300 heridas y más de un millar de detenidas, según el Ejecutivo, aunque la Defensoría del Pueblo sostiene que fueron 11 los fallecidos.
El presidente Moreno acusó a Correa de estar detrás de los supuestos intentos desestabilizadores y puso como ejemplo el que un grupo de manifestantes incendiara la Contraloría General del Estado, donde dijo reposaban pruebas de la corrupción que se le imputan a su antecesor.
"Pusieron en jaque nuestra democracia", repitió Moreno y recalcó el hecho de que su Gobierno invitó a una delegación de la CIDH para que verificará en el terreno la situación de los derechos humanos en el país, tras concluir las protestas de octubre.
Moreno dijo que espera con ansiedad el informe que la CIDH prevé emitir en diciembre próximo, aunque aseguró que su Gobierno "no va sacrificar la democracia", pues remarcó que los derechos de una persona terminan cuando empiezan los derechos de los demás.
La CIDH escuchará en las audiencias a representantes de la sociedad civil de 14 países, incluidos los de Chile, Venezuela, Colombia, Nicaragua, Perú, México, Estados Unidos, Guatemala, Argentina y El Salvador, entre otros, así como de organismos regionales y de grupos específicos como colectivos LGBTI, entre otros.
Fernando Arrollo León
