La delegación del Parlamento Europeo para Chile celebró este viernes el Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución alcanzado en ese país, así como el compromiso de desarrollar un paquete de medidas sociales ante las protestas ciudadanas.
La presidenta de la delegación del Parlamento Europeo en la Comisión Parlamentaria Mixta UE-Chile, la socialista española Inmaculada Rodríguez Piñero, felicitó en nombre de ese grupo al presidente chileno, Sebastián Piñera, así como a los representantes parlamentarios y a los diferentes actores sociales por haber tomado "medidas necesarias para afrontar la crisis social".
Entre ellas, la revisión de la jornada laboral y del salario mínimo, así como una reforma tributaria y de las pensiones, subrayó.
También por dar prioridad al diálogo, a fin de "dar una respuesta sólida y duradera a las legítimas demandas de la sociedad chilena".
En cualquier caso, la delegación parlamentaria reiteró su "profundo pesar por las víctimas mortales, los heridos y los daños provocados durante los disturbios", y condenó "todos los actos de violencia, tanto por parte de manifestantes como de agentes del Estado que cometieran abusos y delitos".
En ese sentido, pidió a las autoridades "investigar los abusos, posibles excesos y violaciones de derechos humanos que se pudieran haber cometido y su disponibilidad a colaborar en las investigaciones desarrolladas por las organizaciones internacionales y de defensa de los derechos humanos".
Los eurodiputados celebraron asimismo el compromiso alcanzado en Chile para reemplazar su Constitución de 1980 por un nuevo texto y "la aceptación de que dicho nuevo texto se someterá a ratificación por parte de la ciudadanía".
Los ciudadanos chilenos se manifiestan desde el pasado 18 de octubre para pedir mejoras sociales, cuya implementación supone una carga para el fisco.
La crisis chilena, la mayor desde el retorno a la democracia en 1990, ha dejado al menos 23 muertos en distintos actos de violencia (incendios, atropellos, y cinco de ellos presuntamente a manos de agentes del Estado) y más de 2.300 heridos, de los cuales cerca de 220 presentan traumas oculares severos, según el estatal Instituto Nacional de Derechos Humanos.
