El encarecimiento de la energía disparó los precios en abril un 2,2% en comparación con el mismo mes de 2020, un incremento casi un punto superior al de marzo (1,3%) que supone el mayor avance desde octubre de 2018, según informa EFE.

La fuerte subida de precios recogida en el indicador adelantado del índice de precios al consumo (IPC) de abril publicado este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE), está, de acuerdo a los primeros datos, directamente relacionada con la energía.

El INE detalla que en abril se produjo en encarecimiento de la electricidad y que los precios de los carburantes y combustibles se mantuvieron estables, lo que contrasta con las caídas registradas un año antes, en pleno confinamiento por la pandemia.

Ocurre habitualmente en el sector financiero que cuando se produce una caída del PIB le sigue un aumento en la morosidad de empresas y particulares con la banca. En 2020 esta relación "se ha roto", como explica el Banco de España, gracias a las medidas aprobadas tanto por el Gobierno como por el Banco Central Europeo para amortiguar el impacto de la crisis provocada por la pandemia de coronavirus. Así, hasta el cierre del pasado año no se ha apreciado un aumento de los impagos en los préstamos.

Las protestas de este miércoles en Colombia, que llevaron a las calles a decenas de miles de personas descontentas con la reforma fiscal presentada por el Gobierno al Congreso, han dejado dos muertos, 26 detenidos y 44 policías heridos, así como cuantiosos daños materiales por acciones vandálicas, según las autoridades.

Los episodios más tensos se vivieron en Cali (suroeste), donde la jornada comenzó caldeada después de que un grupo de indígenas Misak derribaran la estatua del fundador de la ciudad, el conquistador español Sebastián de Belalcázar.

El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, ha destacado el "derecho a manifestarse contra políticas del Gobierno nacional", pero ha lamentado que mientras unos protestaban, "otras personas de manera premeditada, irresponsable y criminal (.

El reglamento aprobado este jueves por el Parlamento Europeo tiene vocación de ser una parte esencial para restaurar la circulación libre y segura de los ciudadanos y garantizar millones de puestos de trabajo en toda la UE. Además, de acuerdo con el texto de los eurodiputados, los Estados miembros no podrán establecer requisitos adicionales para los titulares del certificado. Los eurodiputados acordaron que el nuevo "certificado COVID-19 de la UE", en lugar del llamado "Certificado Verde Digital", como propone la Comisión Europea, debería estar en vigor únicamente durante 12 meses.

La tercera ola del virus se notó en el arranque del mercado laboral en 2021. El empleo se redujo en 137.500 personas trabajadoras en el primer trimestre del año (-0,7%), una importante caída de los ocupados aunque supone la mitad de lo que cayó en el mismo periodo de 2020 (-285.600), este solo afectado al final por la irrupción de la pandemia. El paro en cambio bajó en 65.800 personas entre enero y marzo de 2021, lo que supone el primer descenso del desempleo en un arranque de año desde 2015.

El presidente estadounidense, Joe Biden, defendió este miércoles su ambicioso proyecto de Gobierno con un tinte profundamente social y con inversiones en busca de la recuperación económica.

En la víspera de cumplir cien días en el poder y en su primer discurso ante las dos cámaras del Congreso, Biden proclamó que Estados Unidos "está de vuelta otra vez" y pidió una y otra vez a los republicanos –cuyo voto necesita para muchas de sus propuestas– que le apoyen en sus principales planes económicos y sociales.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) advierte de que los cárteles para repartirse contratos de la Administración copan la mitad de sus sanciones. "Entre 2015 y 2019, en torno al 50% del importe de las sanciones impuestas por la CNMC se corresponden con la desarticulación de cárteles en licitaciones públicas", señala en una guía explicativa que acaba de publicar para acercar los beneficios de la competencia a los ciudadanos.

El organismo recuerda en esa guía que "si las empresas que suministran bienes y servicios se ponen de acuerdo entre ellas para subir los precios o repartirse los contratos públicos, ello supondrá un sobrecoste importante para la Administración, un encarecimiento que pagarán los contribuyentes".

El enfado de Glovo con la patronal CEOE por pactar la llamada Ley Rider no se ha quedado solo en palabras. La empresa española, fundada en Catalunya en 2015 por Oscar Pierre, ha comunicado su baja de la organización empresarial, como han confirmado a elDiario.es fuentes de la compañía y de la CEOE. La salida será efectiva en junio. Glovo está además en el germen de una nueva asociación empresarial de compañías de reparto, llamada APS, por el momento solo formada por empresas perseguidas por la Inspección de Trabajo por usar fraudulentamente a autónomos en el reparto.

Hay una cosa cierta. Por mucho que se apruebe el Brexit y el tratado comercial de relación futura, Reino Unido seguirá en Europa, y las relaciones económicas, sociales y emocionales no desaparecerán. Y, mucho menos, los intereses pesqueros, que se convertirán en un hito de las relaciones entre Londres y Bruselas a medida que haya que ir renegociando las cuotas pactadas a finales del año pasado.

Este miércoles el Parlamento Europeo ratificaba el acuerdo comercial y de cooperación, que en realidad lleva en vigor desde el 1 de enero pasado de forma provisional.

Nuevo acuerdo del Ministerio de Trabajo que dirige Yolanda Díaz. En este caso, con las Comunidades Autónomas, que han respaldado de forma unánime la nueva estrategia de políticas activas de empleo (PAE), con las que Trabajo pretende "modernizar" estas políticas para la inserción laboral de personas desempleadas y, sobre todo, mejorar su eficacia. Además, la conferencia sectorial de Trabajo celebrada este miércoles ha repartido entre las distintas regiones los 2.111 millones de euros de financiación para las PAE aprobados por el Consejo de Ministros hace unas semanas.