Sería razonable que una Argentina que se mira al espejo de sus cuatro décadas de democracia y se concibe como una casa común para sus 46 millones de habitantes convoque a sus dirigentes políticos, sociales, sindicales y empresariales a acordar un decálogo para los próximos años.
Es cierto que la Constitución marca una senda y que existen ámbitos de acuerdo institucional avalados por mandato popular, pero un 9 de julio en Tucumán, fecha y provincia norteña en que se declaró la independencia argentina de España, siempre es una ocasión para un acto simbólico significativo, a la vista de todos.