El Gobierno de coalición da este martes el primer paso para cumplir una de sus medidas estrella: reducir la jornada máxima de trabajo a las 37 horas y media a la semana, sin recortar el salario.

Se trata de una legislación de gran calado. En la actualidad, la jornada máxima de trabajo está situada en las 40 horas a la semana, ilustradas a menudo con las ocho horas diarias de trabajo (en cinco días a la semana). Aunque se ha ido reduciendo la jornada pactada en los convenios colectivos, aún hay muchas personas que trabajan por encima del que se pretende que sea el nuevo máximo legal. En total, se calcula que la medida reduciría el horario de unos 12 millones de personas trabajadoras.

Además, la norma no se ciñe solo a esta cuestión. Regula importantes cambios en el control horario, el registro de la jornada laboral diaria que deben cumplimentar prácticamente todos los empleados. Por lo que el alcance de la normativa es muy extenso.

A continuación, se resumen algunas claves sobre el contenido del anteproyecto de ley que se aprueba este martes, pactado por el Ministerio de Trabajo y los sindicatos mayoritarios, así como los trámites que afrontará en los próximos meses.

El Consejo de Ministros aprueba el Anteproyecto de ley para reducir la jornada máxima de trabajo, reformar el registro horario y el derecho a la desconexión digital por la vía de urgencia, como pactaron Economía y Trabajo.

No obstante, no tiene una aplicación inmediata, como ocurre con los reales decretos leyes, sino que es la propuesta de regulación del Ejecutivo de coalición, que ahora debe emprender varios trámites previos y lograr los apoyos para que se convierta realmente en ley.

El anteproyecto se ciñe al acuerdo alcanzado por el departamento de Yolanda Díaz con los sindicatos CCOO y UGT tras once meses de negociaciones, de las que se descolgaron los empresarios. Aunque a final de año Trabajo denunció varias diferencias con el Ministerio de Economía, finalmente los ministerios llegaron a un acuerdo y no se han incluido cambios sobre lo pactado con las organizaciones de trabajadores.

Las principales medidas que contiene son:

– La reducción de la jornada máxima legal de trabajo de las 40 horas a la semana actuales a las 37 horas y media semanales, sin disminución salarial.

– El aumento del sueldo de las personas que trabajen a tiempo parcial, la gran mayoría mujeres, a las que se reconoce el derecho de mantener sus horarios.

– La reforma del registro horario, para que sea digital, no manipulable y accesible en remoto para la Inspección de Trabajo.

– Se endurecen las sanciones por incumplir el registro de jornada: con una multa por cada trabajador –en lugar de una por empresa–, y de una mayor cuantía (hasta 10.000 euros).

– Se amplía el derecho a la desconexión digital para impedir que las empresas contacten a los empleados fuera de su horario.

Los cálculos del Ministerio de Trabajo apuntan a unos 12 millones de personas con jornadas de trabajo por encima de las 37 horas y media y que, por tanto, verían reducidos sus horarios gracias a la norma.

Se trata de todas aquellas que se rigen por el actual máximo legal de 40 horas que recoge el Estatuto de los Trabajadores, así como aquellas con convenios colectivos que regulen jornadas pactadas por encima de las 37 horas y media. Estas segundas son algo más de nueve millones de personas, según las estadísticas sobre convenios colectivos hasta diciembre de 2024, aún provisionales.

Además de aquellas actividades que no se rijan por convenios colectivos, los sectores con jornadas pactadas más elevadas y que se verán más afectados por la reducción del horario laboral son la agricultura, la hostelería y el comercio, que concentran a gran parte de su personal en jornadas más prolongadas.

En el Ministerio de Yolanda Díaz insisten en que muchas de las personas beneficiadas por la regulación son los trabajadores más precarios, entre las que sitúan a muchas mujeres, con gran presencia en sectores como el comercio y que acumulan la mayor parte de las jornadas a tiempo parcial.

Es un proceso que llevará varios meses, aunque no se puede saber aún cuántos, ya que el trámite parlamentario y las negociaciones entre las formaciones políticas no siempre duran lo mismo. En caso de que la ley logre los apoyos, las estimaciones más optimistas sitúan la fecha de aprobación para el verano.

Tras el pistoletazo de salida de este martes, el anteproyecto de ley se expone a la valoración de varios informes previos, como del Consejo Económico y Social (CES). Tras ellos, volverá a pasar por el Consejo de Ministros, que lo enviará al Congreso de los Diputados. En el Ministerio de Trabajo calculan que esta segunda vuelta se puede producir a finales de febrero.

En el Parlamento, el Gobierno prevé que la ley también se negocie por la vía de urgencia, para lo que tienen mayoría en la mesa del Congreso, pero, aun así, este proceso puede alargarse varios meses, debido a las ampliaciones en el periodo para que los grupos políticos presenten enmiendas al texto. La negociación se prevé compleja, como le viene pasando al Gobierno en cada regulación, y han avisado este lunes desde Junts.

El anteproyecto de ley prevé una entrada en vigor inmediata una vez se apruebe la norma, “al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado”. No obstante, se prevé un plazo de adaptación de los convenios colectivos con jornadas más extensas, hasta el 31 de diciembre de 2025.

Este punto es de los más controvertidos respecto a los empresarios, lo que anticipa posibles intentos de algunos grupos parlamentarios de ampliar este periodo. El propio ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha expresado en varias ocasiones que en el trámite parlamentario se podría “flexibilizar” la aplicación de la medida para las empresas con más dificultades, entre las que ha nombrado a las pymes o las que ahora tienen jornadas más prolongadas.

La propuesta del Gobierno da seis meses a las empresas para que se adapten a los cambios en el registro de jornada, “a excepción de la obligación de interoperabilidad y accesibilidad remota al registro” por parte de la Inspección de Trabajo, que se prevé que entre en vigor una vez se apruebe el reglamento para ello.