“Día histórico”. Así ha celebrado el Gobierno de coalición, en palabras de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz y la portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, el primer paso para reducir la jornada máxima de trabajo sin disminución salarial en cuarenta años.

“Hoy disfruten del día. Es un día histórico en España, los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país van a ver reducida su jornada laboral a 37 horas y media”, ha dicho al principio de la mañana Yolanda Díaz a la entrada en un desayuno informativo. La norma inicia ahora su camino para llegar al BOE y que se aplique realmente a los horarios de las empresas, para lo que tendrá que lograr los apoyos políticos en el Congreso. Fruto del trámite parlamentario, el texto aprobado hoy puede sufrir algún cambio.

“Mañana hace 106 años de la huelga de La Canadiense, 106 años”, ha recordado la responsable de Trabajo, sobre la histórica movilización sindical en Barcelona que situó a España como un país pionero en la conquistra de las 8 horas diarias de trabajo. “Hoy la buena noticia es para la gente trabajadora de este país, se lo merecen, trabajamos para ellos y para ellas”, ha añadido Díaz.

El anteproyecto de ley aprobado por el Consejo de Ministros este martes regula tres cuestiones, principalmente. La primera, y que concentra la mayor atención, es la reducción de la jornada máxima de trabajo de las 40 horas semanales a las 37 horas y media en cómputo anual. La meta del Gobierno es que la medida se aplique en todas las empresas antes de diciembre de este año.

La medida supone el recorte de la jornada máxima manteniendo el mismo salario para quien trabajen más de esas 37 horas y media a la semana. Además, regula aumentos de sueldo para las personas bajo el paraguas de estas jornadas máximas, pero que que trabajen a tiempo parcial. El texto hoy aprobado prevé que puedan mantener sus horarios y que se les vea incrementado el salario, ya que trabajan más porcentaje sobre la nueva referencia de tiempo completo.

Además, hay otro elemento clave en el anteproyecto de ley: la reforma del registro horario, para que sea digital, no manipulable y accesible en remoto para la Inspección de Trabajo, entre otros cambios más relevantes para reforzar esta medida contra los abusos empresariales sobre los horarios, como las horas extra no pagadas.

También se endurecen las sanciones por incumplir el registro de jornada, con una multa por cada trabajador –en lugar de una por empresa–, y con una mayor cuantía de las sanciones, de hasta 10.000 euros (en lugar de los 7.500 actuales).

La propuesta del Gobierno también amplía el derecho a la desconexión digital para impedir que las empresas contacten a los empleados fuera de su horario, entre otras cuestiones.

El Ministerio de Trabajo calcula que la reducción de la jornada máxima de trabajo por ley alcanzará a alrededor de “12,5 millones de trabajadores del sector privado”, de los que “10,5 millones” de personas trabajan a tiempo completo y otros dos millones tienen contratos a tiempo parcial, que son en su gran mayoría mujeres.

Por sexos, el departamento de Yolanda Díaz estima que la reducción de la jornada legal “beneficiará a 6,8 millones de hombres y 5,7 millones de mujeres”.

La reducción del tiempo de trabajo impactará especialmente en algunos sectores, que hoy en día tienen jornadas más largas. Son la hostelería, el comercio, la construcción y la industria manufacturera. “Más de la mitad de los beneficiarios de la reducción de jornada, el 55%,” se concentran en estos cuatro sectores, calculan en Trabajo.

El anteproyecto de ley que aprueba el Ejecutivo este martes no es una medida más para la coalición progresista. La reducción de la jornada laboral era la principal promesa electoral para Sumar, liderada por Yolanda Díaz, y una pieza clave del acuerdo con el PSOE para formar gobierno en esta legislatura.

La reducción de la jornada cuenta con un gran respaldo de la ciudadanía, según todas las encuestas, y los socialistas también la han incorporado en su último congreso, con la meta de reducir el horario máximo a las 36 horas antes de 2030.

A finales de diciembre, Trabajo señaló a Economía por intentar retrasar la norma y modificar algunas cuestiones pactadas con CCOO y UGT. Sin embargo, tras un mes de conflicto entre ambos ministerios, las dos partes del Gobierno llegaron a un acuerdo la semana pasada por el que se respeta lo acordado por Yolanda Díaz y los sindicatos, y se pactó que la ley se tramite por la vía de urgencia, algo clave para que la medida se apruebe en 2025, según Sumar.