2028 puede parecer una fecha lejana, pero no es mucho tiempo para la que será una de las negociaciones más duras en la Unión Europea: el nuevo Marco Financiero Plurianual (el presupuesto comunitario para el periodo 2028-2034).

“Europa necesita la cuadratura del círculo: no puede haber un presupuesto de la UE a la altura de nuestras ambiciones y, en particular, que garantice el reembolso de la NextGenerationEU y, al mismo tiempo, contribuciones financieras nacionales estables sin introducir nuevos recursos propios. Hay que tomar decisiones”, señala en la primera página el documento, a cuyo borrador ha tenido acceso elDiario.es.

Más adelante, el documento repite la idea y pone cifras para unos desembolsos que comenzarían en 2028: “Para reembolsar el principal y los intereses de la deuda del Next Generation EU, podrían necesitarse entre 25.000 y 30.000 millones de euros al año durante el próximo Marco Financiero Plurianual”.

La gran disyuntiva que lanza la Comisión Europea es que ese montante, que supone un 20% del actual presupuesto anual, achicará el margen de maniobra de gasto comunitario salvo que los gobiernos aporten más fondos o se encuentren nuevos recursos propios. La cuestión es decisiva en un momento en el que hay un consenso en que se deben aumentar partidas como la de la seguridad y la defensa y en el que la UE es consciente de que tiene que financiar una suerte de revolución industrial para estar en condiciones de competir con EEUU y China. Pedir más dinero a los gobiernos siempre es delicado y la pelea va a ser euro a euro por parte de las 27 capitales.

De ahí que el gobierno comunitario plantee algunas fórmulas para conseguir ingresos extra sin que los estados miembros tengan que rascarse el bolsillo. Y las encuentra en el propio debate que lleva abierto desde 2020, cuando los gobiernos y el Parlamento Europeo estuvieron de acuerdo en la necesidad de buscar nuevas fórmulas. Pero no ha habido grandes avances en el cómo.

La Comisión Europea propuso como “recursos propios” el ingreso de los derechos de emisión de CO₂ así como una tasa para los productos fabricados fuera de la UE que no cumplan los estándares medioambientales denominada Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM, por sus siglas en inglés). Tampoco está en marcha el impuesto a los beneficios de las tecnológicas.

El debate se intensificará en los próximos meses, pero ya está abierto en el seno de la UE. España se ha posicionado al circular un documento -non paper en la jerga comunitaria- en el que apuesta por duplicar el actual presupuesto europeo (que pase del actual 1%, aunque con los fondos Next Generation se quedó en el 1,7%, al 2% del PIB). El Gobierno de Pedro Sánchez defiende fervientemente la emisión de deuda conjunta para financiar todos los desafíos que tiene por delante la UE y también apuesta por refinanciar la deuda de los fondos Next Generation por otros 10 años y tener, así, capacidad para seguir haciendo inversiones. La idea de los eurobonos no la quieren ni Alemania ni los frugales.

La Comisión Europea, además, plantea un cambio sustancial del funcionamiento actual del presupuesto comunitario. Así, señala que para lograr los “objetivos” -en materia de financiación de la defensa o la competitividad europeas, además de mantener las políticas comunes de cohesión o medioambiente-, “el status quo no es una opción”. Lo que quiere Bruselas es simplificar y reducir los programas (pasar de 50 a tres en el caso de las políticas de cohesión, según Financial Times) y dar una mayor flexibilidad. El planteamiento levanta suspicacias ante la posibilidad de que las regiones pierdan peso en favor de las capitales y la propia Comisión Europea.

“El próximo presupuesto tendrá que abordar las complejidades, debilidades y rigideces actuales y maximizar el impacto de cada euro que gaste, centrándose en las prioridades y los objetivos de la UE en los que más se necesita su actuación”, señala el documento, que recuerda que en el último mandato se han tenido que recolocar partidas debido a necesidades imprevistas.

En todo caso, resume el “nuevo enfoque para un presupuesto moderno” en “un plan para cada país con reformas e inversiones clave, y centrado en nuestras prioridades conjuntas, entre ellas el fomento de la cohesión económica, social y territorial”; “un Fondo Europeo de Competitividad que establezca una capacidad de inversión que apoye sectores estratégicos y tecnologías críticas para la competitividad de la UE, incluida la investigación y la innovación, y Proyectos Importantes de Interés Común Europeo”; y “una financiación renovada de la acción exterior que debería ser más impactante y específica para nuestros socios, y más alineada con nuestros intereses estratégicos”. También plantea “salvaguardias sólidas sobre la protección del estado de derecho”, que es la condicionalidad que ya tienen algunos fondos.