El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible ha defendido en el Congreso de los Diputados la política tarifaria de Aena, las tasas que pagan las compañías aéreas por operar en los aeropuertos españoles.

“Ryanair ha tomado decisión de eliminar 800.000 asientos y 12 rutas, justificándola por las tarifas excesivas de Aena”, ha indicado Óscar Puente durante su intervención en la Comisión de Transportes del Congreso. “No es tal, Ryanair ofrecerá 1,5 millones de asientos más, los va a reubicar en otros aeropuertos. Va a dejar de operar en Jerez y Valladolid, vaya por donde”. También, reducirá el tráfico en Vigo, Santiago, Zaragoza, Asturias y Santander. “Esta política comercial agresiva se ha producido en otros países cuando no se han plegado a sus intereses”.

Puente ha indicado que Ryanair, en realidad, “se va a concentrar en aeropuertos más grandes, donde las tarifas por pasajero son más elevadas, difícil de entender, o fácil”. “El coste por operar en un aeropuerto turístico es un 60% superior a uno regional”. En concreto, ha enumerado puente, la tasa media en los aeropuertos españoles es de 10,35 euros por pasajero, pero en los aeropuertos regionales, por los incentivos de Aena, “el coste es de 2 euros por pasajero”.

Puente ha explicado en el Congreso que el anuncio de Ryanair “se produce tras no atender su propuesta de incrementar el tráfico”, en los mismos aeropuertos “que trasladó tanto a mí como a Aena. Lo que no ha hecho público es el contenido de su propuesta. Solo voy a emplear un término: disparatada”.

En concreto, Puente ha desglosado que Ryanair quería incrementar las operaciones en “800.000 asientos más en 14 aeropuertos regionales entre 2024 y 2026”. A cambio, requería un “descuento en tarifas y apoyo a los territorios consistente en revertir el ajuste tarifario de 2024 en todos los aeropuertos”, así como “descuentos masivos del 50% o del 100% por aumentar su tráfico, por cada pasajero que mantuvieran de un año a otro, un 50%; y por cada nuevo, un 100% de la tarifa durante siete años”. También, una aportación de fondos públicos por parte de autoridades locales y autonómicas durante cinco años, por valor de 150.000 euros año, por cada ruta; y 250.000 euros año por cada nueva ruta.

“Sería desproporcionado y peligroso” y un “sería ilegal por el marco, se consideraría ayuda de estado”, ha añadido. “El modus operandi”, de este abandono de rutas, “cuando no hay margen de reacción de competidoras, podría encajar en una modalidad de chantaje que el Estado ni puede ni va a aceptar”, ha resumido Puente.