La investigación que el Ministerio de Consumo puso en marcha en diciembre contra varias gestoras de pisos turísticos sigue dando sus pasos. Las pesquisas realizadas por la Dirección General de Consumo han reforzado las sospechas del departamento que dirige Pablo Bustinduy al constatar que estas empresas “estarían ocasionando lesiones o riesgos para los intereses de consumidores y usuarios de forma generalizada”.

En este punto, el Gobierno ha abierto expedientes sancionadores a estas empresas que administran cientos de viviendas de uso turístico, operan en varias comunidades autónomas y “podrían estar incurriendo en prácticas engañosas y en otras potenciales infracciones de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios”, indican desde Consumo. La normativa actual no permite desvelar el nombre de estas populares compañías hasta que finaliza el proceso.

Indicar en el anuncio que quien gestiona un alojamiento turístico es un particular, en lugar de una empresa, falsear reseñas o ofrecer servicios o facilidades a los que los usuarios tienen derecho por ley como si fuera una característica distintiva de la oferta son algunas de estas prácticas fraudulentas en las que el Ministerio de Consumo ha puesto el foco, amparado por la Ley de Competencia Desleal, que sanciona estos usos.

“Afirmar de forma fraudulenta o crear la impresión falsa de que un empresario o profesional no actúa en el marco de su actividad empresarial o profesional, así como presentarse de forma fraudulenta como un consumidor o usuario son acciones contrarias a la normativa”, indican desde Consumo, parafraseando la norma, que las califica como “infracciones graves”, con multas de hasta 100.000 euros, que se pueden sobrepasar hasta alcanzar entre cuatro y seis veces el beneficio ilícito obtenido.

La apertura de un expediente sancionador no es el final del proceso. El siguiente será que el Ministerio envíe una propuesta de sanción, ante la que las empresas podrán defenderse. “La apertura de estos expedientes no prejuzga el resultado final de los mismos”, señalan desde la Dirección General de Consumo, pero “los datos recopilados constatarían que estas empresas estarían ocasionando lesiones o riesgos para los intereses de consumidores y usuarios de forma generalizada”.

Según los datos del portal Inside Airbnb, dos anfitriones registrados como Francisco Andrés suman 463 viviendas, Raúl tiene 129 y Rodrigo otras 124, mientras María Mercedes alquila 176 habitaciones. Que estos nombres propios gestionen tal cantidad de alojamientos ha hecho saltar las alarmas en varias ocasiones, al considerar que camuflan una actividad económica principal porque no son ciudadanos alquilando su segunda o tercera residencia.

Este expediente sancionador se une al que Consumo abrió ya en diciembre a Airbnb por negarse a eliminar miles de pisos de alquiler turístico sin licencia de su plataforma y se enmarca dentro del plan del Ministerio para “proteger los derechos de las personas consumidoras y de poner fin a aquellas prácticas que están dificultando el acceso a la vivienda a muchas personas en nuestro país”, indican fuentes de este departamento. Además, la Dirección General de Consumo investiga también a diversas agencias inmobiliarias por supuestas prácticas abusivas contra los inquilinos, como el cobro de comisiones ilegales por la gestión del arrendamiento, seguros de impago o forzar a aceptar contratos temporales sin justificación.