La Casa Blanca “explora herramientas comerciales” específicas para combatir las reglas de juego europeas de los mercados de capitales sobre los criterios ESG, los factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo que se tienen en cuenta a la hora de invertir en una empresa.

La amenaza latente es adicional a los anunciados aranceles a los productos siderúrgicos o a los que prepara con el IVA como excusa, y ha partido del secretario de Comercio, Howard Lutnick. El multimillonario banquero de Wall Street predilecto de Elon Musk, y brazo ejecutor de la política arancelaria de la legislatura Trump 2.0, quiere demoler la conocida como Directiva de Diligencia Debida sobre Sostenibilidad Corporativa (CSDD, según sus siglas en inglés). 

Esta norma europea ampara legalmente e induce en la práctica a la apertura de litigios judiciales contra empresas que incumplan estos requerimientos en cualquier fase de sus cadenas productivas o de suministro. Entre otras, la obligación de aplicar planes de descarbonización y proyectos de emisiones cero. Aplica incluso a compañías ajenas al mercado interior, si sus negocios están destinados a clientes europeos. 

Es una parte de la doctrina que se ha sacado de la chistera Lutnick para afirmar que la regulación comunitaria impone una “carga burocrática excesiva” y para asegurar, ante un amplio elenco de congresistas republicanos, que la Administración Trump empleará armas comerciales de largo alcance contra la UE para proteger a su sector privado, preservar a la economía estadounidense y velar por la seguridad nacional. Así se recoge en las actas del pasado 29 de enero de la Comisión de Comercio, Ciencia y Transporte del Senado a las que ha tenido acceso Bloomberg. 

Lutnick fue más allá y advirtió de que trabajará activamente para “evitar regulaciones excesivamente onerosas contra los negocios de las firmas americanas en el exterior”, porque lo que está en juego “es la salvaguarda de nuestra industria y nuestro modelo productivo” y la situación “es grave”.

La declaración de intenciones de Washington llega en un momento transcendental. La Comisión Europea se enfrenta a una intensa presión dentro y fuera del espacio comunitario para que reconstruya parte de su armazón regulatorio medioambiental. Lo hace en un momento en el que la transición energética se adivina mucho más barata de lo que presagiaban los análisis del mercado, por la aceleración de las tecnologías verdes enfocadas a la reducción de gases contaminantes y el estímulo de los negocios y las finanzas sostenibles. 

También se han puesto en revisión las valoraciones que, hasta ahora, sobreestimaban la demanda energética y subestimaban los avances en innovación para reducir emisiones de CO2 a la atmósfera. Según cálculos de The Economist, el coste de la transición energética está lejos ya de los 12 billones de dólares anuales en su cómputo mundial, y mucho más cerca de los 3 billones. Esto pondría en entredicho la máxima trumpista de que el cambio climático “daña a los americanos y cuesta una fortuna”. 

La Comisión Europea, desde el departamento de su vicepresidenta ejecutiva, la española Teresa Ribera, está trabajando para incentivar fiscalmente las inversiones sostenibles y ampliar a todo el club europeo la llamada excepción ibérica en casos de crisis de precios, para abaratar la factura eléctrica desligándola de la cotización del gas. Serían vías para ganar las ventajas competitivas en costes que Mario Draghi recomendaba en su informe para rivalizar con la energía ostensiblemente más barata de la que disfrutan estadounidenses y chinos. Entre esas herramientas, Bruselas analiza desgravar la inversión empresarial en innovación medioambiental o recortes en el IVA de la luz. 

Sobre el papel, Europa continúa con su ambiciosa agenda verde, encaminada a reducir un 55% sus emisiones de CO2 en 2030 y un 90% en 2040. Pero el empeño puede quedar en agua de borrajas. El eje franco-alemán ha pedido formalmente a Bruselas que reduzca el alcance de las normas medioambientales por su presunto freno a la productividad y al crecimiento. Y la petición tiene adeptos en el Gobierno comunitario. 

Entre otros, Valdis Dombrovskis, comisario a cargo de la simplificación regulatoria, que ha asegurado que está “revisando término por término el contenido de la directiva CSDD”, para evaluar “cuántos niveles, arriba y abajo, de la cadena de valor debe controlar” y su poder de “influencia” sobre los distintos estamentos y negocios corporativos. La iniciativa afecta al acervo comunitario en esta materia. No solo a la CSDD, sino también a la regla que exige certificados minuciosos a las empresas para que los inversores puedan determinar la veracidad de sus proyectos verdes -una especie de nuevos métodos de auditoría para promover la autenticidad de las políticas sostenibles-, o a los reglamentos sobre taxonomía que identifican las operaciones corporativas que eliminan huellas de carbono. 

Bruselas desvelará en los próximos días sus planes que, según su criterio inicial, abarcarán una “simplificación de gran alcance”. Una petición que, desde EEUU, no es exclusiva de la Administración Trump. También la ex secretaria del Tesoro, Janet Yellen, alertó en su momento de que, si bien el gobierno de Joe Biden apoyaba “los objetivos de alto nivel de la CDSD”, también le preocupaba el alcance “extraterritorial” y las “potenciales consecuencias negativas” para empresas estadounidenses.

Es un asunto recurrente y la Cámara de Comercio Americana ante la UE (AmCham), que cuenta entre sus socios con Ford, Exxon Mobil o Amazon, acaba de solicitar expresamente a Bruselas que detenga los principales puntos de su marco de medidas mediambientales y sociales. La institución cameral de EEUU afirma que las empresas deberían, al menos, tener libertad para ignorar la normativa europea sobre ESG hasta que se haya completado una revisión legislativa. O dicho de otro modo: disfrutar de una tregua regulatoria, en espera de la disolución de sus leyes. La entidad, eso sí, se jacta de que sus asociadas respaldan los Acuerdos de París y “emplean significativos recursos de buena praxis empresarial responsable”. 

Quizás el punto de equilibrio que busca Europa lo plantee la comisaria de Servicios Financieros, María Luis Alburquerque. Para la portuguesa, “a la luz de las críticas, hay margen para introducir ajustes en la normativa ESG”, pero “no se puede esperar una desregulación total”. Se trata de “ajustar el ritmo”, pero “manteniendo el aparataje” legal. 

Este encendido debate ha irrumpido en la campaña alemana para las elecciones de este domingo, aunque no tanto como la seguridad económica, energética y nacional o la inmigración. El escenario apunta a una interrupción más o menos brusca de los subsidios climáticos, congelados en los últimos meses. El gobierno socialdemócrata en minoría se vio forzado a reajustar sus gastos presupuestarios tras destinar miles de millones de euros en ayudas directas, con vistas a reducir sus gases de efecto invernadero en casi dos terceras partes al término de la década actual.

Solo las propuestas de los Verdes están alineadas totalmente con los objetivos europeos, alertan en la Fundación Reiner Lemoine. La conservadora CDU/CSU, favorita en las encuestas, ha despertado suspicacias entre la industria del acero o la eólica por sus dudas sobre los efectos de los subsidios. El SPD ha cancelado un millar de proyectos renovables desde que el canciller Olaf Scholz anunció su intención de anticipar los comicios. 

También en el orden global la exigencia desreguladora estadounidense puede ser un torpedo en la línea de flotación de las inversiones sostenibles. A lo largo de 2024 las grandes gestoras, con BlackRock a la cabeza, han admitido que sus carteras se han vuelto menos verdes y más propensas a engrosar activos fósiles por su mayor rendimiento bursátil en el último bienio.

Aun así, y para disgusto de Larry Fink, fundador de la mayor gestora del mundo, los capitales ESG han mostrado una fuerte resiliencia. En 2023, alcanzaron los 25,13 billones de dólares -una cifra muy similar a la de 2022- y en 2024, pese al receso que auguraban los agoreros del mercado, fueron de 29,86 billones, un valor similar al del PIB de EEUU, según los datos de la firma de análisis Precedence Research.

Las proyecciones apuntan a incrementos anuales promedio del 18,8% entre 2024 y 2034, con Europa dominando el mercado de fondos sostenibles, aseguran los expertos de Morningstar. No obstante, movimientos como Greenpeace han demandado a la UE por aceptar la energía nuclear y el gas dentro de sus etiquetas verdes. Y profesiones liberales, como consultores o asesores legales, han cargado contra las altas exigencias de las auditorías medioambientales europeas. 

En EEUU, varios gobernadores republicanos ya prohibieron el uso de valores verdes en sus fondos de pensiones estatales privados o sus emisiones de deuda, entre otras inversiones oficiales, antecediendo al viraje que se preveía bajo las riendas de Trump. 

Silvia Merler, investigadora del Instituto Bruegel, considera que Europa “debe seguir insistiendo a las empresas para que se alineen con el objetivo de emisiones netas cero”. Esto, a su juicio, “no colisiona con la opción de realizar cambios legales pragmáticos que ayuden a dar alivio a las cargas burocráticas que pudieran ahogar a las empresas”. 

Frente al ataque de EEUU contra la sostenibilidad corporativa, “Europa debe velar por conservar su liderazgo verde en el mundo”, avisa Merler. Porque la banca americana ya venía desde octubre de 2023 sometida a una fuerte presión política para dar marcha atrás en sus compromisos climáticos. Esa es la realidad, asegura, frente a eslóganes que alientan la debilidad de la UE como el que asegura que “EEUU innova, China replica y Europa regula”. 

De ahí que incida en que el Viejo Continente debe garantizarse un entorno regulatorio que ayude en lugar de obstaculizar su exigente agenda sostenible y se aleje del criterio del nuevo jefe de la SEC –la CNMV americana– de desproteger de reglas medioambientales a los negocios privados. 

Roberto Giovannini, de Renewable Matter, comparte esta tesis: “Los estadounidenses quieren vendernos sus productos y servicios, pero no cumplir nuestras leyes”. Hasta el punto de “querer interceder” en el Paquete Ómnibus que se presentará el próximo miércoles y que debe revisar la directiva CDSD, las auditorías ecológicas y la taxonomía verde europeas.