Encontrar un piso para vivir de forma estable en alquiler en el barrio barcelonés de Sant Antoni es casi una misión imposible. No es que no haya anuncios.

Actualmente, un contrato de larga duración dura un mínimo de cinco años entre particulares y de hasta siete, si se firma con una empresa. El propietario tiene libertad para fijar el precio, con restricciones en las zonas tensionadas y en las actualizaciones, según un índice establecido por los ministerios de Vivienda y Economía —en marzo pudieron subir hasta un 2,1%—. Así que lo que muchos propietarios hicieron fue esquivar la ley sacando sus viviendas al mercado como alquileres de corta duración, exenta de regulación, lo que permite subir el precio al fin de cada acuerdo y condena a los inquilinos que necesitan una vivienda para vivir a la incertidumbre y a subidas descontroladas. Una práctica que el Ministerio de Vivienda ya califica como “fraude”.

Además, los propietarios no están protegidos ante los cobros por la gestión de las agencias, prohibidos para alquiler residencial, pero fuera del radar para este tipo de arrendamientos. “Un alquiler de temporada es un contrato basura, en el que no se aplica ninguno de los derechos adquiridos para los inquilinos”, indican desde el Sindicat de Llogateres.

Desde septiembre de 2024, el porcentaje de anuncios de alquiler publicados en Idealista en el conjunto de las capitales de provincia se ofrecen directamente por meses ha aumentado en más de cinco puntos, hasta el 35%. “De 32 días a 11 meses”, “no se alquila para larga estancia”, “de septiembre a junio”, son algunas de las fórmulas que aparecen en el portal. Aquel mes, movimientos sociales por el derecho a la vivienda, encabezados por el Sindicato de Inquilinas, habían llevado al Congreso una iniciativa para regular estos alquiler, que tumbaron PP, Vox, Junts y UPN.

Algunas voces ya habían advertido durante la elaboración de la Ley de Vivienda de que el alquiler de temporada era un coladero para esquivar la normativa. “En los últimos años, hemos observado cómo muchos propietarios utilizan los alquileres temporales y habitacional para esquivar las escasas restricciones a la especulación que establece la ley”, indicaban entonces desde el Sindicato de Inquilinas, que señalaban que “el PSOE desoyó a los Sindicatos y se negó a regular este tipo de alquileres, aunque reconoció la necesidad de hacerlo a posteriori”.

El Gobierno había anunciado en julio que limitaría los alquileres de temporada para terminar con el “fraude”. En enero puso en marcha una ventanilla única digital, un registro que los propietarios que decidan dedicar sus viviendas a uso turístico o temporal deben incluir en los anuncios y, en este último caso, justificar la temporalidad. Sin embargo, la herramienta, con la que el Ministerio de Vivienda quiere reducir este tipo de contratos para que se liberen para larga duración, no será de obligado cumplimiento hasta el próximo mes de julio, un año después del anuncio. Y, por el momento, como muestra la siguiente gráfica, los datos no apuntan en la dirección de que la medida, por el momento, esté siendo sido disuasoria, sino todo lo contrario.

En enero, había 10.144 anuncios de alquiler de temporada, el 32% del total. En marzo, tras tres meses con la ventanilla única activada, eran 11.038, el 35% del total, tres puntos más. Según los datos obtenidos por esta redacción, más de uno de cada tres anuncios de pisos disponibles en la semana del 15 de marzo en las 52 capitales de provincia se ofertaban como temporales. En Lleida, Barcelona, Bilbao, Granada, Oviedo y Donostia el porcentaje de oferta de alquiler de temporada ha subido más de 10 puntos en seis meses

Según los datos facilitados por el Ministerio de Vivienda, a 1 de abril, la administración había recibido 18.104 solicitudes de registro de alquiler de corta duración en todo el territorio nacional. De ellas, se han aceptado 8.787, otras 7.393 están en fase de evaluación y 1.924 se han denegado. Sin embargo, aquí se incluye alquiler turístico y temporal. De este último, hubo 3.248 solicitudes, de las que se han aprobado 1.671.

Fuentes de Vivienda trasladan que el ministerio está “firmemente comprometido con poner fin al fraude en los alquileres de temporada, que dificultan el acceso a la vivienda, sobre todo en grandes ciudades y zonas turísticas”. Desde la administración defienden esta figura “útil para casuísticas concretas”, como desplazamientos puntuales por motivos de estudio o en el marco de un tratamiento médico, pero no como “herramienta para desproteger y vulnerar los derechos de los inquilinos al saltarse la normativa de arrendamientos urbanos de larga duración, favoreciendo así la especulación”.

La siguiente tabla muestra el quid de la cuestión. El precio de los alquileres temporales es notablemente superior, si analiza el metro cuadrado, en las ciudades más afectadas por esta modalidad de arrendamiento. En Madrid supone un 44% más, en Barcelona un 11%, en Donostia, un 19%. Pero en Toledo supera el 50% más y en Zaragoza y Valladolid la diferencia también es de más del 40%.

“Estamos hablando de una estrategia claramente coordinada por parte del sector de la gestión del alquiler”, indica la investigadora en IDRA y profesora colaboradora de la UOC, Marta Ill Raga. “Para generar una mayor extracción de rentas, la técnica principal es modificar los contratos y añadir cláusulas para que estos sean cuanto más cortos y a mayor precio, mejor”, explica. Son técnicas que van buscando las grietas de la normativa para esquivar la regulación de precios: “No hablamos de una reacción espontánea del mercado, sino de patrones concretos de gestión”.

Aunque la dinámica se repite en más de una veintena de capitales de provincia, hay algunas zonas donde el problema se agrava. En Barcelona, casi el 80% de todos los anuncios detectados este marzo eran de temporada. En Donostia y Cádiz rondan el 70%; y en Girona y Santander son más de la mitad: hay más opciones residenciales para quien está de paso que para aquellas familias que quieran un techo bajo el que formar un hogar.

Eso, teniendo en cuenta que los datos obtenidos por elDiario.es son conservadores, porque se han analizado los anuncios pero, en muchos pisos de temporada esa condición no se específica de forma explícita en el anuncio, por lo que quedan fuera del conteo. Además, las viviendas que ofertan ambas opciones —temporal y de larga duración—, se han contabilizado como de larga duración. Y, además, provienen de Idealista que, aunque es un actor importante en el mercado inmobiliario, también es parte interesada. “Hay muchos pisos que no pasan por Idealista, que nos muestra siempre una realidad más aumentada, precios más hinchados y una situación más catastrófica, porque le interesa mandar un mensaje: si tocas el mercado, el propietario responde de forma natural y empeora la situación”, indica Ill Raga, que insiste en la opinión de que los números no muestras reacciones aisladas, sino organizadas.

Precisamente, desde el Ministerio de Vivienda lamentan que haya que recurrir a datos de portales y empresas con intereses privados porque las comunidades autónomas, a excepción de Catalunya, Navarra y Euskadi, no ofrecen datos oficiales “con transparencia regular”. “Reclamamos una vez más que las administraciones autonómicas se pongan las pilas para ofrecer datos públicos que no sirvan a más interés que al general”, dicen estas voces.

Según los datos oficiales obtenidos por elDiario.es del Institut Català del Sol (Incasol), y publicados a mediados de marzo, el 14% de los contratos de alquiler firmados en municipios con precios regularos fueron temporales, lo que les permitió saltarse la regulación.

El caso de Barcelona es llamativo, porque estos anuncios han subido en 15 puntos y suponen casi 8 de cada 10, lo que complica las cosas a quienes buscan una vivienda de larga duración. “El hecho de que en Catalunya exista una regulación de los alquileres en más de 200 municipios hace que alquilar la vivienda a través de alquileres de temporada, de habitaciones o coliving sea más rentable”, señalan desde el Sindicat de Llogateres, que denuncia un “mercado b, totalmente desregulado”.

En la ciudad condal, más de la mitad de la oferta de alquiler es de temporada en cuatro de cada cinco barrios. Ocurre en los más turísticos y tensionados, como El Raval, El Gòtic o L'Eixample, pero la dinámica es similar en toda la provincia. En zonas como Montbau, estos anuncios, unos 50 en este caso, llegan al 100% del total. Esta es, en concreto, una zona cercana a universidades, donde el alquiler temporal estaría más justificado, porque muchos estudiantes optan por arrendamientos que se prolonguen lo que dura un curso: de septiembre a junio.

Chris vive desde 2021 en la Barceloneta, una zona turística donde las opciones se reducen. Su casero ya le ha dicho que no le renovará el contrato porque quiere alquilarlo para estancias cortas. “En Idealista, en este momento, aparecen 3.000 opciones, pero con el filtro 'solo de larga estancia' serán el 3% o poco más”, lamenta preocupado. “Quieren estancias de menos de un año y todos los pisos están mucho más caros que el mío”, explica. Actualmente paga 850 euros, pero lo que encuentra ronda los 1.300. “Es muy estresante”, admite.

En Madrid, donde no se está aplicando la ley de vivienda, la burbuja del alquiler de temporada es más grande en el centro de la ciudad. Se ve en distritos como Sol, Cortes, Justicia o Embajadores, donde estos anuncios acaparan en torno a la mitad de la oferta. En la capital, la media mensual es de 2.398 anuncios. Un dato que añade presión a la crisis inmobiliaria, junto a los 15.000 pisos turísticos sin licencia que identificó hace un par de semanas el Ministerio de Consumo, que ha pedido al alcalde José Luis Martínez-Almeida que los clausure.

¿Cómo se puede controlar esa fuga de viviendas al mercado temporal? “Hace falta más regulación, pero no significa que tenga que ser muy compleja: basta con decir que todos los alquileres están sujetos a la regulación que ya existe (para los residenciales). Así no habrá un incentivo económico para saltarse los contratos de larga duración y los propietarios que quieran tener mayor estabilidad y menos gastos de gestión van a preferir esta modalidad”, considera Ill Raga.

Las zonas tensionadas de la normativa estatal tampoco se están aplicando en Valencia. El alquiler de temporada copa el 31% de los anuncios de arrendamiento, con precios medianos similares a los de larga estancia, por unos 1.500 euros, pero casi un 3% por encima si se observa el metro cuadrado. Es decir, mismo dinero por menos espacio.

Como muestra el siguiente mapa, las zonas más afectadas son los barrios de El Cabanyal, la Malvarrosa, L'Illa Perduda y Bétero y Na Rovella, el Mercat y Rufassa, entre otras.