Muchas personas jóvenes, pero también mayores.

Atravesadas por el drama residencial, estas son seis historias que ponen rostro y nombre al problema de la vivienda que se sufre en decenas de ciudades:

Alexandra resiste, junto a su hijo de 20 años, en una finca de Barcelona, en la que cada vez se firman más alquileres de temporada, aunque en esas casas vivan residentes fijos. Ella lleva 17 años bajo el mismo techo, ubicado en el barrio de Sant Andreu, donde paga 800 euros al mes. Con la subida de los precios que ha sufrido la ciudad en los últimos años, su renta es una utopía que le durará poco. La propietaria del inmueble, y de las otras 27 viviendas del bloque, no le ha renovado el contrato.

“No me ha ofrecido un alquiler de temporada, porque sabe que no lo voy a aceptar”, señala la mujer, de 45 años. Según Alexandra y otras vecinas de la finca, desde 2023 la propietaria empezó a firmar contratos de temporada, de hasta 11 meses, con los inquilinos, a precios más elevados. Aquel año, entró en vigor la Ley de Vivienda, que extendía los contratos hasta los cinco o los siete años, con actualizaciones limitadas y autorizaba a las comunidades autónomas a establecer zonas tensionadas, con precios topados, como hizo Catalunya. Como la normativa estatal dejaba fuera los arrendamientos temporales, esta fue la fórmula que muchos rentistas emplearon para saltarse las garantías que ofrecía a los inquilinos.

Según los datos obtenidos por elDiario.es, el 25% de los contratos de alquiler que se firman en la ciudad de Barcelona son temporales. “A mí no me quiso escuchar, me dijo que problemas personales los tiene todo el mundo y que lo suyo es un negocio”, lamenta Alexandra.

Rocío llegó a Eivissa el año pasado. Quería cambiar de aires y se inscribió en la bolsa de empleo de Balears, donde le surgió una plaza como profesora de Formación Profesional. “Cuando llegué, tenía claro que, aun con un buen trabajo, mi sueldo no me llegaría para pagar un alquiler y que mis dos perros no serían bienvenidos para ningún propietario”, explica a elDiario.es. La solución fue una furgoneta, en la que vive aparcada en los terrenos de un amigo en la isla del lujo. “He construido un baño seco y me ducho en el gimnasio. No me desagrada este modo de vida”, dice resignada, “pero los años pasan y no sé cuánto voy a aguantar así”.

Rocío está segura de que su solución pasará por irse de Eivissa y reclama medidas por parte de las administraciones competentes para acabar con el problema. “Los Airbnb y demás tendrían que estar prohibidos. Si la gente quiere irse de vacaciones que se vaya a un hotel. La vivienda no puede ser un bien de inversión con el que se especule, sino que es un bien de primera necesidad, un derecho. Es posible que alguien tenga su segunda vivienda, pero que empresas o fondos como Blackrock compren edificios enteros… esto debería estar prohibido”, sentencia.

Cuando Ana compró su piso en la calle Duquesa de Parcent, hace ahora diez años, no podía sospechar lo que se le venía encima. Con fondos europeos, Málaga daba los primeros pasos para acometer en su barrio un proceso gentrificador de libro, que incluyó peatonalización, dinero público para murales espectaculares —Obey, D’Face, Boamistura— y, de forma muy simbólica, una nueva denominación con aroma cool: aquello se llamaría Soho.

Una década después, a Ana le hacen la vida imposible los inquilinos y propietarios de las dos viviendas turísticas que hay en su bloque y los de una tercera de la que la separa un ojo de patio. “Hace una semana cagaron en la escalera a las ocho de la tarde. ¿Tú crees que lo ha hecho un vecino?”. La mujer habla bajo seudónimo, amedrentada por un ambiente que hace la comunidad un infierno. “Tomo pastillas para dormir y en verano no puedo abrir la ventana en toda la noche. Llamas a la Policía y casi nunca viene, y alguna vez me han dicho: ”Señora, hay que dar un poco cuartelillo al turista“. En una de las viviendas turísticas ha llegado a haber 18 literas. ”Vino el inspector dos veces y puso multa, pero pagar sale a cuenta“.

Hasta hace pocos meses, el Ayuntamiento enmarcaba las protestas en una corriente radical: un edil llegó a hablar de “guerra santa o yihad” contra el turismo. “Están ahí para defender a los malagueños, no para insultarnos”, protesta la mujer. Desde diciembre, el Ayuntamiento prohíbe que se sumen aún más viviendas turísticas en barrios donde ya superen el 8% del parque inmobiliario. Y ahora acaba de anunciar una moratoria global de tres años. Ana cree que es tarde. En el Soho viven 2.600 personas y un 16,8% de sus viviendas (unas 1.400 plazas) son turísticas, según un informe encargado por el Ayuntamiento. En Málaga hay 12.722 operando legalmente, según el registro de la Junta de Andalucía. Es el 23% más que en Sevilla, que tiene 100.000 habitantes más.

El mismo estudio del ayuntamiento estima que la rentabilidad de las viviendas turísticas en el Soho, pegado al Centro Histórico, es el 461% de lo que se obtiene con el alquiler residencial: unos 36.100 euros al año de media frente a 7.800. En el último Pleno, el concejal Nicolás Sguiglia (Con Málaga) pidió auditar si algún concejal tenía interés personal o familiar en el negocio. “Es un despropósito. Aquí se vivía muy bien y ahora es una ciudad para guiris. Se lo debemos al alcalde [Francisco de la Torre -PP-] y a sus concejales. ¿Cómo lo han permitido?”, lamenta Ana.

Ruth llegó a Atocha en uno de los primeros grupos que afiliados del Sindicato de Inquilinas movilizaron desde diversos puntos de la región. Fue de las más madrugadoras, porque vive “en el último pueblo” de la Comunidad de Madrid: Casarrubuelos, uno de los puntos calientes del conocido como 'banco malo'. “Vivo allí desde hace 11 años. Entré con una constructora que salió a concurso de acreedores, se lo quedó la Sareb y llegó está locura máxima. Lo primero que hicieron fue intentar desahuciarnos”, explica.

Organizadas, algunas familias lograron alquileres sociales, pero otras, como la de Ruth, con dos hijos en casa, uno de ellos de seis años y con necesidades especiales, la mantienen “con la amenaza de desahucio y, supuestamente, en estudio”. “Queremos una firma presencial y colectiva de los 13 contratos que quedan”, pide. Una reclamación que hacen también los movimientos por el derecho a la vivienda, como la PAH o el Sindicato de Inquilinas y a lo que la Sareb se niega, apostando por ver cada familia caso a caso.

Durante la manifestación en Madrid, uno de los momentos más tensos se produjo cuando un grupo de policías trató de detener a varias personas que descolgaron en un edificio de la Gran Vía una gran lona en la que podía leerse: “Sareb, último aviso: negociación colectiva ya”. Este organismo, creado para adquirir los productos tóxicos de los bancos, es una de las patas en las que el Ejecutivo quiere apoyar sus políticas de vivienda pública, sin que los ciudadanos que salieron a la calle este sábado perciban resultados. “El Gobierno dice que la vivienda pública es la solución, pero nos echan todos los días de viviendas públicas”, afeaba una asistente.

Miguel, de 72 años, asiste a la marcha con su mujer, Marcia, de 63. Ella es la única que trabaja —él está jubilado— y sus 700 euros de salario se suman a la escasa pensión de Miguel. Están al borde del desahucio por problemas con la hipoteca, pese a la moratoria legal, y tienen su situación en manos de sus abogados. “Hemos tratado de buscar pisos de alquiler y no hay. Somos vulnerables”, recalca. “Hemos solicitado a la Conselleria de Vivienda y a los servicios sociales una vivienda en alquiler social”, pero, de momento, solo tienen una hoja con varias direcciones y teléfonos a los que les derivan. “Es complicado encontrar una vivienda digna en la ciudad”, explica este hombre.

Minerva y su marido llevan dos años buscando piso de alquiler o en venta en Valencia, aunque ya incluso barajan abandonar la ciudad. Con 40 años, y un hijo de tres, se encuentra en una situación de incertidumbre. Encontró un piso de alquiler durante la pandemia, que con las subidas del IPC ya supera los 900 euros mensuales. A nueve meses del vencimiento de contrato, y en vista de los precios de su barrio, en el distrito de Quatre Carreres, sabe que tendrá que abandonarlo. Su casero yale ha insinuado que pagan por debajo de mercado y, con un alquiler que se come casi el 40% del salario de la pareja, no pueden permitirse más presión. Son una de ese 1,4 millones de familias que destinan más del 30% de su salario a la vivienda.

“El problema no es que me tenga que ir de este piso, el problema viene de la poca oferta que hay en el barrio y en la propia ciudad. Cualquier piso de dos habitaciones supera los 1.300 euros. Lo asequible está a 30 kilómetros de la ciudad”, expresa. Una distancia que le obligará a cambiar a su hijo de escuela, compañeros y profesores. Califica la situación como “un callejón sin salida”, dado que el alquiler se come buena parte de su capacidad para ahorrar, y la subida de precios no frena.