Movimiento del Ministerio de Trabajo en el esquema de las organizaciones patronales más representativas. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha firmado una orden por la que se reconoce a la organización Pequeña y Mediana Empresa de Cataluña (Pimec) la legitimación para formar parte de la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos.

La orden, publicada este jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE), recoge que Pimec solicitó su inclusión en esta Comisión adscrita a la Dirección General de Trabajo, del Ministerio que dirige Yolanda Díaz. El escrito considera que Pimec tiene el estatus de “más representativa” de acuerdo con el Estatuto de los Trabajadores, “lo cual conlleva la legitimación para estar representada en la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos”.

La Comisión Nacional de Convenios Colectivos es un órgano colegiado, tripartito, en el que está representada la Administración General del Estado y las organizaciones sindicales y asociaciones empresariales más representativas. Entre sus funciones figuran la “resolución de consultas, sin carácter vinculante, sobre el ámbito funcional de los convenios” y “ funciones de observatorio de negociación colectiva (información, estudio, documentación y difusión de la negociación colectiva)”, entre otras.

La decisión es relevante y puede tener trascendencia más allá del nuevo esquema de este órgano. En Pimec, organización liderada por Antoni Cañete, defienden que el actual sistema de representatividad de las pymes no es adecuado y reclaman su papel como voz de las pequeñas y medianas empresas. elDiario.es ha preguntado si Pimec será incluida en las mesas de negociación del diálogo social, dado este estatus de “más representativa”, pero en Trabajo han indicado que por el momento la decisión se ciñe a la Comisión Nacional de Convenios Colectivos. CEOE y Cepyme ya han manifestado su negativa a una posible incorporación de Pimec.

Pimec ha adquirido además un rol más relevante en el último año en uno de los asuntos centrales para el Ministerio de Trabajo: la reducción de la jornada de trabajo. Sin la garantía de los votos de Junts para que la ley salga adelante, el debate se ha ubicado mucho en Catalunya, con más atención a la reacción de las patronales catalanas en la materia, entre las que se sitúa Pimec, menos beligerante que Foment (integrada en CEOE) en este tema.

Este nuevo esquema en la representatividad de las patronales también llega en un momento delicado en las organizaciones empresariales, con una batalla total entre las direcciones de CEOE y de Cepyme, lideradas por Antonio Garamendi y Gerardo Cuerva, respectivamente, con el foco en las próximas elecciones de Cepyme, que se celebrarán el 20 de mayo.

La orden publicada este jueves en el BOE recoge también el cese de las seis vocalías con las que cuenta el lado empresarial (5 las ocupa CEOE y una, Cepyme) e insta “a todas las organizaciones legitimadas a alcanzar un acuerdo sobre la composición del mismo”.

La ministra de Trabajo da diez días a CEOE, Cepyme y Pimec para comunicar a la Dirección General de Trabajo “el acuerdo unánime” sobre la nueva distribución de las vocalías.

Transcurrido el plazo inicial de diez días sin que se haya comunicado un acuerdo, la Dirección General de Trabajo determinará el número de personas que corresponde proponer a cada organización y dará traslado a éstas de dicha distribución, para que, en el plazo de diez días, comuniquen las personas titulares y suplentes propuestas para su nombramiento, informa la agencia Europa Press.

Para la distribución de las vocalías en caso de falta de acuerdo se seguirán los siguientes criterios: a cada organización más representativa, ya sea estatal o de comunidad autónoma, le corresponderá una vocalía. Una vez adjudicadas las vocalías anteriores, las restantes se adjudicarán del siguiente modo: “en el caso de la renovación del grupo de representación empresarial, si se debe a la entrada de una nueva organización, se reducirán en una las vocalías de la organización que contara con más vocalías en la distribución anterior a la entrada de la nueva organización”, recoge la regulación de la Comisión.

Contra esta orden firmada por Díaz, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo en la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses contados a partir de mañana viernes. Todo ello sin perjuicio de la interposición del recurso potestativo de reposición, ante el Ministerio, en el plazo de un mes contado también a partir de mañana, 11 de abril.