En agosto de 2007 casi una treintena de agentes del Cuerpo Nacional de Policía y ocho secretarios judiciales irrumpieron en las oficinas de Mutua Universal en Barcelona. La documentación incautada en el registro, que se prolongó durante más de ocho horas, apuntaló la denuncia que había formulado la Seguridad Social un mes antes por un fraude de 200 millones de dinero público.

La presunta estafa se fraguó en Mutua Universal, una de las mayores mutuas colaboradoras de la Seguridad Social del país, que da cobertura a 1,7 millones de trabajadores y a 158.500 empresas asociadas. Las mutuas son organizaciones empresariales sin ánimo de lucro que, desde su origen en 1900 para hacer frente a accidentes laborales, fueron aumentando sus competencias para gestionar prestaciones como las contingencias profesionales, la incapacidad temporal y el cese de actividad de los trabajadores autónomos. Para ello, gestionan un enorme volumen de dinero público de las cotizaciones sociales que trabajadores y empresas pagan a la Seguridad Social. En 2023, unos 18.000 millones de euros, el 98% de sus ingresos. 

En caso de excedente económico, las mutuas deben devolver estos fondos públicos a la Seguridad Social, algo que no sucedió durante años en Mutua Universal gracias a varias prácticas fraudulentas, según la investigación que llevó a cabo durante siete años un juzgado de Barcelona. El presunto fraude se cometió en varios frentes. Por un lado, a través de un entramado societario vinculado a varios directivos de la propia Mutua Universal, liderados por Aicart, en el que se presuntamente engordaban los costes de servicios realizados y se fabricaban facturas falsas, entre otros ilícitos. Por otro lado, la mutua presuntamente devolvía sumas de dinero a sus empresas clientes, de manera irregular, en lo que se denomina “extornos”. Por estas prácticas están acusadas empresas como Peugeot, Urbaser y Carrefour, entre otras.

En total, la investigación judicial cifró en 195 los millones de euros de la Seguridad Social ilícitamente desviados a través de los extornos entre 1998 y 2007. No obstante, la Fiscalía advirtió de que el presunto desvío fue más cuantioso, aunque no pudo probar todas las cantidades detraídas a las arcas públicas. Es el caso de las facturas falsas o engrosadas por parte del entramado societario del que se rodearon los directivos de la Mutua Universal, sobre los que no fue “posible determinar en su totalidad” el dinero público desviado. 

“Es un escándalo que en un país una entidad pueda robarle 200 millones de euros a la Seguridad Social y 18 años más tarde no se haya juzgado”, condena Octavio Granado, exsecretario de Estado de la Seguridad Social denunciante del desfalco de las arcas públicas, que recientemente envió una queja por carta a la presidenta del Consejo General del Poder Judicial por la demora. El órgano de gobierno de los jueces respondió que lamentaba la duración del procedimiento y comprendía su “malestar” y se limitó a dar traslado de la queja al letrado responsable de la oficina judicial de la sección de la Audiencia Provincial de Barcelona, que lleva casi una década sin señalar el juicio. 

En este transcurso del tiempo ha llegado a fallecer el principal imputado, Juan Aicart, que murió “hace unos meses”, según apuntan fuentes jurídicas. La Fiscalía señaló a Aicart por ejercer “la máxima responsabilidad ejecutiva en la Mutua de forma personalísima y con un intenso cariz jerárquico a la vez que carismático”. Pidió para él 15 años y medio de prisión por un delito continuado de malversación de caudales públicos, de apropiación indebida o, subsidiariamente de administración desleal, por falseamientos de cuentas y falsedad en documento mercantil. 

“Se trata de un asunto que en estos momentos está en ámbito judicial y desde la Seguridad Social se muestra el máximo respeto ante este tipo de procedimientos”, se limitan a responder desde el Ministerio dirigido por Elma Saiz a las preguntas sobre la demora de la causa. elDiario.es ha consultado a Mutua Universal al respecto, pero no ha recibido ninguna respuesta. 

Octavio Granado subraya que se trata de un proceso judicial “muy incómodo”, no solo por el plantel de directivos acusados, sino por el amplio abanico de empresas que supuestamente se beneficiaron de los extornos irregulares de dinero público. “Y también hay administraciones públicas”, destaca el exsecretario de Estado, como la Universitat de Barcelona, la empresa pública Transports de Barcelona y la Comunidad Autónoma de La Rioja, entre otras. 

Una portavoz del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) afirma que tanto la Sección encargada de celebrar el juicio, como la gerencia, llevan mucho tiempo trabajando en este asunto, si bien explica que el principal problema es de espacio: a día de hoy ninguno de los edificios del tribunal barcelonés tiene capacidad para acoger un macroproceso como este. Asimismo, el TSJ relata que la otra dificultad es de calendario, pues es previsible que, al ser un juicio con tantas partes, se demore varias semanas o incluso meses. Y que eso supondría que la Sección encargada estaría prácticamente detenida durante ese tiempo, sin capacidad para poder atender otros asuntos. 

Fuentes jurídicas sostienen que casi diez años para señalar un juicio una vez concluida la instrucción es un plazo absolutamente inusual. Sostienen que puede ser entendible que, en este caso, la investigación se demorara siete años, dada la complejidad del caso. Pero afirman que es extraordinario que hayan pasado casi diez años desde que se cerraron las pesquisas y no haya ni fecha para celebrar el juicio. 

“Son problemas y los problemas se resuelven”, responde tajante Octavio Granado sobre los problemas argumentados de “espacio” y “calendario” por el órgano judicial. “No soy capaz de apreciar que eso se convierta en un imponderable. No vale decir: ‘Es que no podemos’. No, haga usted lo necesario para poder”, sostiene el exsecretario de Estado de la Seguridad Social, que advierte de la “injusticia” que provoca que este caso siga sin juzgarse y la mala imagen que proyecta sobre el sistema judicial de España. 

Es un escenario que abre la puerta a que los acusados puedan ver reducidas sus hipotéticas penas porque el tribunal se verá obligado a aplicar la atenuante de “dilaciones indebidas” en su modalidad de “muy cualificadas” por el tiempo transcurrido. Fuentes jurídicas apuntan que en los últimos meses la Fiscalía y algunas de las defensas han explorado la posibilidad de un pacto que implique el reconocimiento de los hechos a cambio de una reducción de las penas. 

El auto de procesamiento atribuye a los 11 exdirectivos acusados de delitos de malversación de caudales públicos, apropiación indebida y/o administración desleal, falseamiento de cuentas y falsedad en documento mercantil. La investigación se inició tras una querella de la Fiscalía, que confirmó la existencia de “una compleja estrategia defraudadora” en perjuicio del erario público tras recibir una denuncia de la Seguridad Social, principal perjudicada de esas actuaciones. 

Esa estrategia consistió en el traspaso ilícito a determinadas empresas asociadas de cuotas que procedían de las cotizaciones de los trabajadores –los mencionados extornos– y que, como no habían sido gastadas, deberían haber sido devueltas a la Seguridad Social. Mutua Universal conseguía con ello dar a esas compañías beneficios que otras competidoras no les podían ofrecer, lo que le permitía fidelizarlas; pero también mejorar sus resultados al tener más clientes “en detrimento del resto de mutuas” y de la propia Seguridad Social. 

Para “enmascarar” esas devoluciones ilícitas, la Fiscalía sostiene que los imputados recurrieron a dos grandes modalidades. Por un lado, el pago por parte de Mutua Universal —y, por tanto, de la Seguridad Social— de facturas de servicios inexistentes o que, en realidad, disfrutaban las empresas. Así, estas obtenían “material informático, botiquines, material de prevención, pago de estancias en hoteles y viajes, chequeos médicos…” con cargo a la Seguridad Social. Y, por otro, la cesión a las empresas de personal que pagaba la mutua, principalmente sanitarios encargados de los servicios de vigilancia de la salud. 

En paralelo, la Fiscalía afirma que los acusados usaron fondos públicos para crear y mantener un entramado de empresas que prestó servicios a terceros y a la propia mutua “por precios superiores a los de mercado”. Esas empresas también se utilizaron en el “entramado” de las citadas devoluciones ilícitas de cuotas o extornos. 

Aunque el Ministerio público destacó el liderazgo de Juan Aicart, también recalcó el “poder real” en las estrategias “delictivas” de los cuatro exsubdirectores generales imputados: José Eduardo Villa, Alfredo Isidro Maciá, Francisco Javier Tobajas y Josep García Belaire, para los que pidió seis años y diez meses de prisión. Asimismo, se sentarán en el banquillo cuatro jefes de departamento, una persona de confianza de Aicart, José Luis Pérez Digón, y un asesor jurídico. 

Del informe de la Seguridad Social trascendió que las retribuciones anuales de Aicart ascendían 573.778 euros. El gerente abandonó Mutua Universal en 2007, tras salir a la luz el presunto fraude, con una indemnización de más de medio millón de euros. También trascendió otra cuantiosa indemnización de otro de los implicados en el caso, la del despido de Jordi Pons (de unos 569.000 euros), en 2013, varios años después de su imputación y pese a la insistencia de la Seguridad Social de que la mutua le apartara.

En la patronal de mutuas AMAT indican que actualmente las retribuciones del director gerente y del personal que ejerce funciones ejecutivas en las mutuas están sujetas “a los límites máximos” fijados para “los máximos responsables y directivos en el sector público empresarial y otras entidades”, como ordenó la exministra de Trabajo Fátima Báñez en 2015. 

La junta directiva de Mutua Universal, con Juan Echevarría Puig a la cabeza en su presidencia, no fue imputada en el proceso judicial. Echevarría Puig, de hecho, siguió presidiendo la entidad hasta 2022, sin que Mutua Universal optara por renovar a la directiva bajo cuyo mandato actuó presuntamente la trama fraudulenta. El empresario catalán, expresidente de la eléctrica Fecsa y de Nissan en España, fue también una figura destacada de la derecha política catalana. En los ochenta, fundó el partido Solidaritat Catalana junto al expresidente de la CEOE Juan Rosell y fue un estrecho colaborador de Manuel Fraga, que no reniega del franquismo. 

La segunda cara del proceso judicial alcanza a un total de 2.289 empresas o entidades a las que se señala por recibir extornos de Mutua Universal, por lo que se les exige responsabilidad civil por haberse lucrado presuntamente de forma ilícita. Hay grandes multinacionales, pero también pequeñas empresas y hasta administraciones públicas. Entre ellas, hay 29 entidades “cuyos respectivos extornos fueron superiores al millón de euros”, subrayó la Fiscalía, y que suman la mitad de todo el dinero presuntamente detraído. Las cinco empresas a las que se reclaman mayores cuantías son Peugeot (11,8 millones de euros), Urbaser (10,7 millones), Carrefour (más de 9,7 millones), Manpower y Securitas Seguridad (ambas con cerca de 6,3 millones). 

Carrefour, Manpower y Securitas Seguridad han declinado hacer declaraciones a este medio sobre este caso. Peugeot, dentro del grupo Stellantis, niegan la negociación de “ningún posible acuerdo” e insisten en que la compañía no fue imputada “por hecho ilícito alguno”: “Únicamente fue citada como responsable meramente civil, y estamos convencidos de que no incurrió en ilegalidad alguna”.

Fuentes de Urbaser explican que la empresa “constituyó ante el órgano judicial un aval en garantía de posibles responsabilidades civiles”, aunque sostienen que no consideran “probable” que la empresa tenga que pagar alguna cantidad. “En el hipotético caso que esto sucediera, cualquier potencial impacto sería repercutido contra la Mutua Universal”, indican.