“Estos tres años me han permitido conocer mejor la política de este Gobierno, porque desde el córner siempre se ven las cosas distintas.

Una de las grandes críticas de la derecha a las políticas económicas de los gobiernos de coalición desde 2020 es que “España es un infierno fiscal”. Feijóo y sus portavoces inciden una y otra vez en un discurso anti impuestos, y dan la vuelta a un dato positivo para convertirlo en negativo.

“Insisto, los españoles no podemos pagar más impuestos que nunca”, dijo ante los economistas el lunes. Efectivamente, a cierre de 2024 España alcanzó un récord de ingresos públicos: “138.000 millones más de impuestos de los que pagábamos en el año 2018, es decir, un 42% más de recaudación”, según las propias palabras del líder de la oposición. Un dato que se explica por el récord de afiliados a la Seguridad Social —más de 21,5 millones de personas en abril, frente a los menos de 19 millones de 2018—, de los beneficios en máximos de las empresas, de las subidas salariales, incluido el SMI, de las rentas del capital —por alquileres, por dividendos, por intereses de los depósitos bancarios—, del aumento del consumo...

El récord de recaudación de impuestos se explica así por el fuerte crecimiento económico de España, no porque sea un “infierno fiscal”. Más bien lo contrario. Los últimos datos de contribución fiscal de Eurostat (la oficina estadística oficial de la Unión Europea) apuntan a que, en 2024, el conjunto de ingresos públicos por impuestos y cotizaciones sociales respecto al PIB está por debajo de la media de la Eurozona y muy inferior a la de las principales economías europeas, como Alemania, Francia o Italia.

Esta contribución fiscal —a la que las derechas y la ortodoxia económica prefieren denominar presión fiscal para imprimirle un carácter peyorativo— es del 42,3% del PIB, algo más de cuatro puntos por debajo del 46,5% del conjunto de la Eurozona. En Alemania se eleva al 46,8%, en Francia al 51,3% y en Italia al 47,1%. Abrir este debate debería ser una temeridad si el objetivo de Feijóo es bajar impuestos, puesto que estas brechas significan que en nuestro país hay margen para elevar los ingresos públicos en cerca de 60.000 millones de euros hasta alcanzar niveles de contribución fiscal cercanos a los de nuestro entorno, aunque sea cierto que esta ratio ha ido aumentando desde el 39% del PIB de 2018.

Desde 2022, Feijóo siempre ha planteado la bajada de impuestos como respuesta a los problemas: desde la invasión de Ucrania a la guerra comercial, pasando por la DANA. Y eso que hay tributos como el impuesto de Sociedades que se ha reducido cinco puntos desde 2014 para las multinacionales.

Otro debate temario en el que se introdujo el líder del PP fue la tributación del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). “El que el SMI por primera vez tribute es un negocio perfecto para el Gobierno. Y es que el salario mínimo no lo sube el Ejecutivo. El Gobierno recauda. Y quien paga es la empresa, y el trabajador”, señaló.

Por partes. El salario mínimo sí lo sube el Gobierno. Como lo han hecho los últimos ejecutivos progresistas, que lo han elevado más de un 60% desde 2018 para dignificar las condiciones laborales de los más vulnerables —la mayoría mujeres, jóvenes, e inmigrantes, de sectores como los cuidados, la hostelería o el campo–. El indicador ha pasado a cumplir los estándares europeos. Los gobiernos de Mariano Rajoy congelaron el SMI durante años.

El histórico aumento de los últimos años ha propiciado que en el Gobierno de coalición se haya vivido un intenso pulso entre Hacienda (PSOE) y Trabajo (Sumar) sobre si este suelo para los salarios debe tributar IRPF o no. Lo que obvió Feijóo en su ‘speech’ es que esta cuestión se resolvió con una deducción específica en la declaración de la Renta para que nadie que lo cobre tenga que pagarlo en 2025.

“España no está condenada a que el salario más frecuente empiece a parecerse al SMI”, añadió el popular. Un buen apunte, sin duda. Sin embargo, como ha analizado elDiario.es, el problema económico es que el salario mínimo se ha acercado demasiado a los sueldos “normales” porque su histórico aumento del 61% desde 2018 ha atropellado a los convenios de empresas y sectores, que han mejorado menos en estos años. En otras palabras, lo que hay que desatascar es la negociación colectiva.

Los avisos sobre la deuda y el déficit son otro muro contra el que se chocan una y otra vez las derechas: el fuerte crecimiento económico de España aleja estos problemas. Esta misma semana, la Autoridad independiente de responsabilidad fiscal (AIReF) señaló que el Gobierno de coalición cumple con el límite al gasto público de las reglas fiscales europeas y descartó que sean necesarios recortes u otras “medidas de ingresos [subidas de impuestos]” en el corto plazo.

En los últimos años, para hacer más eficiente el sistema de recaudación, el Gobierno ha ido realizando una reforma fiscal que se ha ido desinflando en su ambición y a la que le quedan medidas pendientes. Con todo, la AIReF proyecta que el déficit se mantenga por debajo del 3% del PIB en los próximos años, incluso con los gastos derivados de la DANA de Valencia o el golpe en la actividad de la guerra comercial abierta por Donald Trump.

Pese a lo sostenido por Feijóo, el organismo cree que la deuda pública se reducirá desde el 101,8% sobre el PIB de 2024 hasta caer por debajo de la barrera psicológica del 100% en 2027 o 2028.

El desempleo es uno de los grandes problemas estructurales de la economía de España, y el lamento de Feijóo sobre que España lidera la UE en tasa de paro es certero. Según los últimos datos de Eurostat, de marzo de 2025, el desempleo en nuestro país todavía superó el 10%, mientras que la media europea está algo por debajo del 6%.

Esta realidad no es incompatible con que el ritmo de creación de puestos de trabajo haya sido récord en los últimos años, y que todas las instituciones (desde el FMI al Banco de España) esperen que siga siendo elevado en los próximos. 

Los datos de desempleo tampoco son incompatibles con que el aumento de la renta “real” superara en 2024 en cerca de cinco puntos porcentuales el nivel previo al estallido definitivo de la crisis de inflación provocada en 2022 por la invasión rusa de Ucrania. 

Así lo reflejan los datos publicados por la OCDE esta misma semana: los ingresos disponibles de los hogares —el dinero que tenemos para gastar o ahorrar tras descontar el daño de la inflación o los impuestos, según lo calcula la OCDE— han progresado mucho menos en Alemania o en Francia —la mitad concretamente— o en Italia —donde se ha estancado—. 

Este cálculo se hace siempre con cifras promedio, que esconden la desigualdad de cada economía, y toma como referencia la invasión rusa de Ucrania que, en el primer trimestre de 2022, exacerbó la crisis energética en Europa y las subidas de precios en general, provocando un daño histórico al bolsillo de los trabajadores.

El crecimiento de la renta “real” de los hogares fue en España muy inferior al que hubo en el resto de Europa desde la gran crisis financiera de 2008 y hasta la pandemia. Una tendencia que se ha revertido en los últimos años, con la reforma laboral, la de las pensiones o las políticas de protección de rentas —como los ERTE en la pandemia o las medidas contra la inflación— de los gobiernos de coalición. Políticas nuevas que han favorecido que España lidere el crecimiento del PIB entre las grandes economías europeas, pero también el aumento de los ingresos de las familias pese a la crisis de inflación.

El aumento de la renta disponible de las familias en nuestro país se explica en buena parte por el récord de creación de puestos de trabajo y la caída en picado de la temporalidad de los contratos. En definitiva, más personas empleadas en cada hogar, y con trabajos más estables, por más tiempo, generan un empujón a los ingresos anuales que entran en cada casa sin que hagan falta subidas de sueldos. 

Incrementos salariales que tardaron en llegar para la mayoría en España, pero que lucieron más aquí que en otros países, sobre todo en 2023, gracias a la moderación más rápida de la inflación, principalmente por medidas como el tope al precio del gas, o excepción ibérica, que el PP criticó. En el dato promedio también hacen su parte los aumentos del SMI o de las pensiones impulsados por el Ejecutivo. 

Esta realidad “agregada” esconde las dificultades que tienen para llegar a fin de mes las familias que solo dependen de un trabajo y que tienen que alquilar su casa, o que han podido acceder a comprar una en un mercado de la vivienda disparado, sobre todo en las grandes capitales o en los destinos turísticos, en los que precisamente se concentra la mayor oferta de empleo, mientras también se disparaba el coste las hipotecas por las subidas de los tipos de interés del Banco Central Europeo (BCE).