El Ministerio de Consumo ha anunciado este lunes que ha impuesto a la plataforma Airbnb la retirada de más de 65.000 anuncios de pisos turísticos ilegales.

Consumo ha enviado “en los últimos meses”, hasta tres resoluciones a la multinacional, reclamando el bloqueo de los anuncios que no cumplen con las normativas autonómicas o estatales sobre vivienda. En un comunicado, el Ministerio indica que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid se ha pronunciado sobre la primera comunicación, recurrida por la empresa, y que ha “respaldado las actuaciones”. Según estas mismas fuentes, la Justicia ha emitido un auto en el que insta a la compañía a eliminar de su plataforma en una primera tanda 5.800 pisos “de manera inmediata”.

En total, los anuncios fraudulentos detectados por el Ministerio han sido 65.935, repartidos por varias comunidades autónomas. El auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid afecta a inmuebles localizados en Andalucía, Madrid, Catalunya, Valencia, Balears y Euskadi.

Entre las irregularidades que habría detectado Consumo estos miles de anuncios se encontrarían la ausencia del número de licencia o registro, obligatoria en varias normativas autonómicas y que “supone la infracción más común”; la opacidad sobre la naturaleza jurídica de los arrendadores y, por tanto, las obligaciones a las que están sometidos y los derechos de los que gozan los consumidores; o la incorporación de números de licencia “que no corresponden a los expedidos por las autoridades”.

Al margen de estar actuaciones, Consumo mantiene abierto un expediente sancionador contra Airbnb, después de que la plataforma se negase a eliminar miles de pisos de alquiler turístico sin licencia. Una negativa que el Ministerio considera que “podría generar lesiones o riesgos para los intereses de consumidores y usuarios de forma generalizada”. Una actuación con la que la propia empresa se ha mostrado “profundamente en desacuerdo” porque “siempre pide a los anfitriones que confirmen de los permisos necesarios”.

Además, el pasado mes de marzo, el Ministerio remitió al Ayuntamiento de Madrid un listado con la dirección exacta de más de 15.200 pisos turísticos que operarían de forma ilegal en la ciudad y solicitó a su alcalde, José Luis Martínez Almeida, que ponga “en marcha acciones para el cese de su actividad y procedimientos sancionadores”.