El precio del aceite de oliva lleva meses sin dar un respiro a los consumidores y se ha convertido en el producto que más golpea al bolsillo al hacer la compra. Ahora, en el momento de iniciarse la siguiente campaña, acaba de dar la primera buena noticia en mucho tiempo: su precio en origen ha bajado en todas sus variedades por primera vez desde marzo, según los datos que publica el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

En la semana que concluyó el pasado 24 de septiembre –los últimos datos publicados– su coste en origen disminuyó en todas sus variedades: aceite de oliva virgen extra (AOVE), refinado y lampante (el más ácido).

Una década del inicio del fiasco del Castor, el multimillonario almacén subterráneo de gas que ACS construyó frente a las costas de Castellón y Tarragona, y que solo llegó a operar en pruebas.

Diez años después el resultado es conocido: una infraestructura inservible, un agujero multimillonario que ha acabado pagando el contribuyente y una cascada de litigios judiciales, sin que haya habido responsables, tras el archivo de la causa por la vía penal.

El 3 de octubre de 2013, José Manuel Soria, entonces ministro de Industria, confirmó la paralización de las primeras inyecciones de gas en esa infraestructura, tras una sucesión de microseísmos en la zona registrados entre el 13 de junio y el 16 de septiembre de aquel año.

La Audiencia Nacional ha multado con 30.001 euros al Cádiz Club de Fútbol por impedir el acceso a sus instalaciones a dos inspectoras de trabajo, lo que supuso una obstrucción a la labor de las funcionarias, una falta laboral tipificada como muy grave. El equipo de fútbol justificó su negativa para no interrumpir los entrenamientos que se estaban realizando y "no romper la concentración de los jugadores".

En una sentencia, recogida por Europa Press y consultada por elDiario.es, los magistrados de la Sala de lo Social confirman la falta muy grave impuesta por el secretario de Estado de Empleo y Economía Social en febrero de este año.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un trámite clave para concluir la conocida como Operación Campamento, una transformación urbanística en el sur de Madrid, que lleva años sobre la mesa de las diferentes administraciones y que supondrá la construcción de un parque de viviendas asequibles.

“Es el desbloqueo de una gran operación inmobiliaria”, ha asegurado la ministra de Política Territorial y portavoz, Isabel Rodríguez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

En concreto, lo que hoy ha aprobado el Gobierno es un trámite por el que autoriza al Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (Invied), que depende del Ministerio encabezado por Margarita Robles, la venta de 1,63 millones de metros cuadrados a Sepes, la entidad pública del Suelo, que depende del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

Septiembre de aumento de trabajadores y también de parados, contraste habitual en este mes del año debido al inicio de curso en la educación y el cierre de la temporada turística en muchas zonas del país. El empleo aumentó, aunque con un alza algo más moderada, en casi 18.300 personas, el dato más bajo desde 2019. En cuanto al paro, se incrementó en 19.768 personas, un registro similar al del año pasado y que deja el total de desempleados apuntados al SEPE en 2.722.468 personas, niveles mínimos desde 2008.

Yago Álvarez (1980) cierra un ciclo con 'Pescar el salmón' (editorial Capitán Swing). "Es el manual de todo el trabajo que he hecho desde el 15M", dice este periodista de El Salto. El ciclo empezó con la cuenta del 'Economista cabreado' en Twitter. Pasó por el blog 'El salmón contracorriente'. Por los medios alternativos, y también los convencionales (TVE, Cuatro o la ETB). Y llega hasta el libro con el que intenta armar definitivamente a los menos avezados en economía contra las narrativas neoliberales, conservadoras, privatizadoras, regresivas.

Otra gran fortuna latinoamericana en la larga lista de ultrarricos atraídos por Madrid. Se trata del discreto multimillonario chileno Guillermo Harding, que se hizo de oro con la venta de la mayor cadena de farmacias de su país, Cruz Verde, tras formar un cártel con sus dos principales rivales para inflar los precios de cientos de medicamentos en Chile, en uno de los casos de falseamiento de la competencia más graves de la historia de ese país.

Según documentación oficial, Harding ha notificado recientemente al Registro Mercantil de Luxemburgo, donde administra una sociedad con cerca de 1.100 millones en activos, su nuevo domicilio profesional en Madrid.

En verano del año pasado, la llamada Ley Rider cumplía su primer aniversario y no lo hacía en su mejor momento. Uber Eats se sumaba a Glovo en el desafío de la norma y volvía a repartir con autónomos. Tras varios avisos de Trabajo de que sería "implacable" para hacer cumplir la norma, Yolanda Díaz anunció en septiembre que llevaría a las compañías "rebeldes" ante la Fiscalía para que fueran juzgadas en los tribunales de lo penal por posibles delitos contra los trabajadores.

Inmobiliarias, comercio de equipos informáticos, “actividades jurídicas”, préstamos o venta de productos de metales preciosos o hierro y "concesión de avales", además de la restauración. Son algunos de los sectores a los que ha aparecido vinculado en los últimos años el empresario Juan Inglés Rojo, propietario de la discoteca de Murcia en la que perecieron 13 personas tras un incendio el pasado fin de semana. Los locales no tenían licencia y se había ordenado su cierre en 2022.

En el Registro Mercantil, Juan Inglés Rojo figura como administrador de más de una decena de sociedades.

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, que investiga los encargos realizados por el BBVA al comisario jubilado José Manuel Villarejo ha acordado este lunes citar en calidad de testigo al actual presidente de la entidad, Carlos Torres, el próximo 16 de octubre.

En un auto del titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, al que ha tenido acceso Europa Press, el magistrado acoge así la petición de la Fiscalía Anticorrupción y razona que "es especialmente relevante conocer si funcionaron los mecanismos de control corporativo, a efectos de determinar la existencia de una efectiva cultura de cumplimiento normativo, en aras a esclarecer su responsabilidad penal [del banco]".