El Gobierno descarta la rebaja de impuestos a las centrales nucleares que llevan tiempo pidiendo las eléctricas. Un guante que ha recogido Vox y que el Ejecutivo descarta.

"No está prevista ninguna actuación en el sentido referido en la pregunta formulada", responde el Gobierno a la formación ultraderechista, que en febrero preguntó si va "a mejorar el marco impositivo de las centrales nucleares con el fin de asegurar la viabilidad de las plantas", teniendo en cuenta su papel como tecnología de respaldo.

Seis diputados de Vox recogían en su pregunta escrita buena parte de los argumentos del sector eléctrico.

"Lo que hay es que troncharles las piernas con el parachoques". "Ten cuidado con insultar, a ver si voy a ir a tu casa a la calle (...)". "Te estás cavando tu propia tumba". "Ojalá le paren y le metan una paliza a este HIJO DE PUTA". "¡Qué parezca un accidente!". Estos son solo algunos de los ataques y llamadas a la violencia dirigidos contra repartidores conocidos por sus denuncias públicas del modelo de falsos autónomos de empresas como Glovo, Deliveroo y Uber Eats.

Los movimientos de trabajadores públicos interinos que piden la fijeza de sus plazas estiman que en España hay 800.000 empleados temporales "en fraude" dentro de las Administraciones Públicas. Sin embargo, desde el Gobierno siempre se ha precisado que no toda la temporalidad del sector público es abusiva y que el dato de puestos que se podían considerar fijos era menor. Este lunes, el ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, ha puesto una cifra al abuso: 300.000 empleados interinos que ocupan plazas de manera temporal pese a cumplir funciones estructurales.

El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, ha afirmado este lunes que "el Gobierno entiende poco lo que es la empresa" en referencia a las críticas de varios miembros del Ejecutivo de coalición a los "altos sueldos" de la banca en este contexto de recortes de personal. El líder de la patronal ha defendido las remuneraciones de los directivos de las entidades financieras para ser "competitivos" con otros países. "Si queremos competir en un mundo global pues esto es lo que hay", ha zanjado.

En 1992 se inauguró la línea ferroviaria Madrid-Sevilla, con parada en Ciudad Real, Puertollano y Córdoba. La lógica decía a los directivos de Renfe que en fin de semana no hacían falta muchos trenes que pararan en Puertollano, así que pusieron pocos. "Pero iban completos y no lo entendían. Se fueron un domingo a la estación de Atocha y vieron que toda la gente volvía a Puertollano con bolsas de El Corte Inglés. A nadie se le había ocurrido. Eso es demanda inducida: no existe, pero nace al abrir un medio de transporte".

"Aquí antes había una oficina de la Seguridad Social". Esto que dicen ya en la localidad de Móra d'Ebre, en la provincia de Tarragona, puede multiplicarse por decenas en poco tiempo si no aumentan los trabajadores del organismo público. Es lo que denuncian desde hace años los sindicatos y temen desde el propio Ministerio de la Seguridad Social, donde reconocen que la falta de personal tras años de recortes y ante las numerosas jubilaciones ha puesto en jaque a una amplia red de oficinas del INSS (Instituto Nacional de la Seguridad Social). El Ministerio considera que un tercio del total, 137 centros que atienden a los ciudadanos en trámites básicos como la jubilación o las prestaciones de incapacidad, está en "riesgo de cierre".

¿Puede un impuesto ser a la vez justo e injusto? Esto ocurre con el de sucesiones y donaciones, según a quién se le consulte. Durante los últimos años la derecha en España, tanto PP como Ciudadanos y Vox, han hecho bandera electoral de su eliminación o de la aplicación de grandes bonificaciones que prácticamente lo anulan allí donde tienen el Gobierno. Sin embargo, la argumentación que hacen sobre esta figura impositiva contrasta sobremanera con la posición que ha tomado tras la pandemia el FMI o, esta misma semana, la OCDE, que defienden su uso para evitar la acumulación de riqueza y como fórmula para luchar contra las inequidades.

Desde hace algunos años, se observa un extraño fenómeno en Londres. Cuando cae la noche, sólo se encienden unas pocas luces en las ventanas de zonas residenciales especialmente codiciadas de Covent Garden o Chelsea. Los pisos pertenecen a una élite cosmopolita que posee propiedades en varias ciudades y sólo las necesita en sus raras visitas a Londres. Desde el punto de vista económico, sigue valiendo la pena. Porque son buenas propiedades de inversión, incluso desocupadas. También París se vacía por la noche. Como se consideró más lucrativo tener oficinas en el centro de la ciudad, el número de apartamentos allí está disminuyendo.

A primera vista puede parecer que la vivienda es un mercado libre donde los precios se fijan por la ley de la oferta y la demanda. Esta es la impresión que nos llevamos cuando utilizamos un portal inmobiliario para comprar o para alquilar un piso. Sin embargo, esto no es más que una ilusión. Detrás del precio de cada alquiler siempre hay una política de vivienda que lo ha determinado.

Un ejemplo de lo anterior son los fondos de inversión que, como veremos más adelante, son los grandes privilegiados por la legislación de los últimos años.

Laisser faire frente al refuerzo de las medidas de contención para prevenir una nueva ola de coronavirus. Son la cara y la cruz de una misma moneda en lo que a la gestión del COVID se refiere: la primera, encarnada por Comunidades Autónomas que, como Madrid, han flexibilizado al máximo sus restricciones en aras a equilibrar la balanza salud/economía, y la segunda, integrada por las regiones, entre las que se incluye Baleares, que han reforzado y mantenido las limitaciones una vez finalizado el estado de alarma con la seguridad sanitaria como objetivo principal.