El Tribunal de Justicia de la UE ha avalado que una trabajadora no cobre el complemento de maternidad en una jubilación anticipada voluntaria. Según una sentencia conocida este miércoles, el tribunal con sede en Luxemburgo considera, por tanto, que no se puede aplicar la directiva de igualdad de trato entre hombres y mujeres en este tipo de casos de jubilación anticipada por voluntad de la interesada.

El caso se remonta al 11 de diciembre de 2017, cuando el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) concedió a una trabajadora una pensión de jubilación anticipada por voluntad propia con efectos a partir del 4 de diciembre de 2017.

El Gobierno de Mariano Rajoy encargó varios informes a la ingeniería pública Ineco para evaluar la implantación de un peaje en autovías como el que ha planteado poner en marcha en 2024 el Ejecutivo socialista dentro de las reformas del Plan de Recuperación, una medida que los populares ahora rechazan. "La imposición de peajes es una medida muy dañina para el conjunto de la sociedad", ha dicho este miércoles en la sesión de Control el diputado del PP Andrés Lorite.

En el informe más reciente, y tal y como avanza la SER, el Ministerio de Fomento que entonces dirigía Íñigo de la Serna solicitó a Ineco en febrero de 2018, a apenas unos meses de la moción de censura que descabalgó a Rajoy, y "con carácter urgente", la realización de cálculos estimativos "orientados a obtener las tarifas a aplicar a las dos tipologías fundamentales de vehículos (vehículos ligeros y vehículos pesados)” para el año 2021.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha advertido en la UE sobre varios proyectos gasistas en España que considera innecesarios en el actual contexto de descarbonización. Las advertencias figuran en un informe de la agencia europea de reguladores energéticos, ACER, y comprenden varias infraestructuras de gas natural licuado (GNL) y un proyecto para construir una tercera interconexión con Portugal.

"En relación a los proyectos tradicionales de gas no construidos y en fase de proyecto (ampliación de interconexiones o plantas de GNL) indicamos que no parecen encajar con la política energética de descarbonización.

El Gobierno ha abierto definitivamente en el último mes el complicado debate sobre el modelo fiscal del país para los próximos años. La reforma fiscal, el comité de expertos y el plan de recuperación han traído consigo un objetivo para el Ministerio de Hacienda: acercarse a la recaudación que tienen otros países europeos. No es una tarea fácil, ya que las posiciones de las que se parten respecto a la media comunitaria son muy lejanas. De los 27 países que componen la Unión Europea, España ocupa la posición 19 por el nivel de ingresos fiscales frente al PIB, conocido habitualmente como presión fiscal.

El Consejo de Ministros ha aprobado el Código de Buenas Prácticas al que las entidades financieras podrán adherirse para facilitar la renegociación de la deuda avalada contraída por las empresas y los autónomos, que contempla la extensión del plazo de vencimiento de los créditos ICO, la conversión dichos créditos en préstamos participativos y la posibilidad de aplicar quitas a la deuda.

Según ha explicado la ministra portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, se trata de un marco de referencia para implementar, en colaboración con las entidades financieras, las medidas de reestructuración que se aprobaron en el real decreto de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial, un paquete dotado con 11.000 millones de euros.

La creciente desigualdad y la acuciante necesidad de los países de elevar la recaudación para abordar el desequilibrio de las cuentas públicas tras la pandemia puede hacer de la fiscalidad sobre las herencias y donaciones un "importante instrumento", según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). "La crisis ha exacerbado las desigualdades existentes y ha golpeado más a muchos hogares vulnerables, y los enfoques tradicionales de recaudación, como aumentar los impuestos sobre los ingresos laborales y el consumo, como en la crisis de 2008, pueden ser menos deseables desde una perspectiva de equidad y perspectiva de crecimiento", advierte la OCDE en su análisis sobre el impuesto de sucesiones.

La empresa pública Tragsa prevé seguir aumentando su cifra de negocios gracias a los fondos europeos, tras el fuerte crecimiento que propiciaron los encargos extraordinarios derivados de la pandemia; pero su presidente, Jesús Casas, no quiere “repetir” la experiencia vivida tras la expansión puntual que en la anterior crisis financiera propició la ejecución del Plan E de estímulo económico y los posteriores recortes que aplicó la firma estatal.

“Después del ruido, viene la furia”, ha señalado este martes Casas, durante un coloquio en Executive Forum, para resumir que le suscita "cierta preocupación" el impacto que pueden tener los fondos europeos en una empresa que quiere ser “lo más homogénea posible” y “no crecer en estructura”.

La Airef ha presentado este martes su dictamen sobre el programa de estabilidad que ha enviado la semana pasada el Gobierno a Bruselas con sus previsiones de crecimiento, déficit y deuda para este ejercicio y los tres próximos. El organismo independiente advierte que el Ejecutivo ha presentado un programa "incompleto" al no haber incluido el impacto del plan de recuperación en la evolución de sus cuentas. Pese a ello, rebaja en seis décimas la previsión del déficit que contempla el Ejecutivo para este año y también mejora los datos para los próximos dos ejercicios.

La secretaria de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Ana de la Cueva, ha dejado el cargo, según han confirmado a Efe fuentes del Gobierno. Le sustituye el técnico comercial economista del Estado Gonzalo García Andrés, que hasta ahora trabajaba en Analistas Financieros Internacionales (AFI) 

La noticia, adelantada por El País, se produce pocos días después de que el Gobierno remitiera a Bruselas el Plan de Recuperación, llave de los 70.000 millones de euros en ayudas que España espera recibir de la Unión Europea entre 2021 y 2023 para hacer frente a los efectos de la pandemia de la covid-19.

El gasto presencial con tarjetas españolas fue en abril un 10% superior al de 2019, esto es: al mismo mes de la antigua normalidad. El comercio electrónico ha sorteado mucho mejor la pandemia, pero el físico no solo se hundió durante el confinamiento sino que le costó arrancar el año debido a las restricciones y el temporal.

En marzo y abril, por fin, la situación se revirtió. Los datos en tiempo real de BBVA muestran que el consumo offline está ya en niveles anteriores a la crisis sanitaria, pese a que el gasto con tarjetas extranjeras siga hundido, como el turismo.