BBVA ha trasladado este jueves a los sindicatos la propuesta económica para las salidas que se produzcan dentro del ERE que afectará a más de 3.000 trabajadores. La propuesta ha llegado en el primer día del periodo formal de negociación entre las partes, tras dos semanas de encuentros informales para sacar adelante el primer ERE que ejecuta el banco. Los representantes de los trabajadores ya han mostrado su disconformidad con las ofertas económicas para la plantilla, que tildan de "insultante".

Las propuestas económicas se dividen por la edad de los trabajadores que se adhieran al ERE.

El Juzgado número 18 de lo Social de Madrid ha reconocido a un ordenanza con contrato temporal del Palacio de La Moncloa su condición de trabajador "indefinido no fijo" tras sufrir continuos ceses con cada cambio de presidente de Gobierno. El trabajador lleva en su puesto desde 2007, pero en su trayectoria laboral ha sufrido cinco ceses, coincidiendo con los cambios de presidente de gobierno, o incluso de fin de legislatura. La sentencia se puede recurrir.

Así consta en el fallo, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que la jueza da la razón a Raúl Santos, representado por el despacho de abogados Parrado Asesores y que acudió a los tribunales para que se declarase el carácter permanente de su actividad laboral.

CaixaBank ha presentado este jueves los resultados del primer trimestre del año. Son los primeros en los que se incluye ya a la absorbida Bankia, tras culminar la fusión la pasada semana santa. La operación deja un beneficio de 4.786 millones de euros, frente a los 90 del mismo periodo de un año antes. El banco lo achaca a un impacto extraordinario de un ajuste contable durante la unión de ambas entidades. Sin ese impacto, el beneficio igualmente habría crecido hasta los 514 millones de euros.

El grupo explica que, tras la incorporación del patrimonio neto de Bankia, la cuenta del Grupo CaixaBank refleja un apunte extraordinario asociado a la fusión ( conocido como fondo de comercio negativo o badwill) de 4.300 millones de euros, que unido a los gastos extraordinarios de la integración y al resultado ordinario da lugar a un beneficio atribuido contable en el primer trimestre de 4.786 millones.

El fraude y los abusos en la contratación temporal en España están muy extendidos. No es solo una afirmación que repiten sindicatos, economistas y personas expertas en el mercado laboral español. Se hace evidente en las actuaciones de la Inspección de Trabajo, cuando cada ciertos meses lanza alguna campaña contra esta irregularidad en la contratación. En los últimos cuatro meses, la Inspección ha convertido en fijos a 144.000 trabajadores temporales fraudulentos. El Gobierno quiere "atajar" este fraude con nuevas medidas y más penalizaciones en su reforma laboral prometida a Bruselas dentro del Plan para la Recuperación, que tendrá lugar casi en su totalidad en 2021.

A última hora de la tarde del pasado viernes, el Gobierno envió el plan de recuperación a Bruselas. El documento contenía un mensaje sobre la eliminación de los beneficios fiscales para las declaraciones conjuntas que llevó al Ejecutivo a tener que matizarlo y negar que estuviese en marcha esa medida. Este miércoles, la vicepresidenta segunda y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha insistido en el mensaje de los últimos días y lo ha achacado a una "errata". Lo que sí es un compromiso del Gobierno es la revisión durante los próximos años de una quincena de beneficios fiscales, entre los que se encuentra el citado anteriormente, con el objetivo de analizar si sus objetivos iniciales se cumplen y si su coste es acorde al impacto logrado con ello, según figura en el detalle del Plan de Recuperación y Resiliencia, conocido este miércoles.

El Gobierno baraja 2024 como la fecha en la que se podría comenzar a implementar el sistema de pago por uso en la red de carreteras del Estado, como respuesta a los dos principios en los que se basará a partir de ese momento la utilización de las carreteras: "quien contamina paga" y "el que usa paga".

Hasta ese momento, el Ejecutivo prevé llevar a cabo una campaña de "concienciación y sensibilización" sobre los transportistas y la población en cuanto a la necesidad de ejecutar esta medida, según lo asegura en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia remitido a Bruselas.

Palabra por palabra, la reforma de pensiones enviada por el Gobierno de coalición a Bruselas ha sido publicada este miércoles. Las líneas generales de las modificaciones, en torno a nueve ejes de reforma, ya se conocían debido a que el Ejecutivo había informado de ellas a los agentes sociales. Pero el texto definitivo enviado a la Comisión Eueopea se ha conocido por primera vez hoy y de él se pueden extraer algunas novedades. Por ejemplo, define el margen temporal en el que pretende aumentar lo que cotizan los salarios más altos de manera progresiva, durante las próximas tres décadas, y se retira la palabra "ampliar" (se deja solo "adecuar") respecto al periodo de cómputo para calcular la pensión de jubilación a partir de 2023.

El Gobierno dedicará 2.916 millones de euros de fondos europeos a crear zonas de bajas emisiones en municipios de más de 50.000 habitantes y capitales de provincia. Es casi la mitad —el 44%— de la inversión prevista en movilidad sostenible en entornos urbanos, que asciende a 6.536 millones de euros según el documento publicado este miércoles por Moncloa. De esos, 2.000 millones irán a la instalación de puntos de recarga y adquisición de vehículos eléctricos y otros 1.620 a mejorar el servicio de Cercanías (estaciones, vías, sistemas de información.

El Gobierno reconoce que la nueva factura eléctrica que entrará en vigor en junio no abaratará la luz a corto plazo. Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico confían en una “cierta reducción” del recibo medio tras su puesta en marcha, pero advierten de que el sistema “no busca reducir el precio de la electricidad de manera inmediata”, sino dar “señales adecuadas” para lograr consumos “más eficientes” e incentivar el despliegue del autoconsumo y el coche eléctrico.

El ministerio va a lanzar una campaña “masiva” para explicar la nueva factura, que entrará en vigor el 1 de junio tras varios aplazamientos.

Coto a las empresas subvencionadas con fondos públicos de fuera de la UE. Uno de los pilares de la Unión Europea es el mercado único, en el que rigen unas normas para garantizar la igualdad de oportunidades. Esto quiere decir que las aportaciones públicas concedidas en la UE deben ser autorizadas por la Comisión Europea. Pero, ¿qué pasa con las empresas que reciben inversiones mirando fundamentalmente a Pekín?

Para abordar ese problema, la Comisión Europea ha propuesto este miércoles un nuevo instrumento para abordar los posibles efectos distorsionadores de las subvenciones extranjeras en el mercado único.