El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha anunciado que pone su sistema de prisiones al servicio de las deportaciones estadounidense.

El anuncio de Bukele había sido avanzado previamente por el secretario de Estado, Marco Rubio, quien este lunes había viajado a El Salvador para presionar al gobierno latinoamericano para que ayude a la nueva administración de Donald Trump en su ofensiva contra la inmigración.

Rubio dijo que Bukele “ha aceptado un acuerdo migratorio sin precedentes y extraordinario” en el que El Salvador encarcelará a cualquier migrante sin papeles “que sea un criminal” deportado desde Estados Unidos. El secretario de Estado ha hecho las afirmaciones ante la prensa después de firmar un acuerdo nuclear civil, según informa Associated Press.

El país seguirá aceptando deportados salvadoreños que hayan entrado ilegalmente a Estados Unidos, y también “aceptará la deportación de cualquier persona ilegal en Estados Unidos que sea un criminal de cualquier nacionalidad, ya sean del MS-13 o el Tren de Aragua, y los mantendrá en sus prisiones”, ha explicado Rubio, en referencia a los dos grandes cárteles transnacionales que existen. El grupo venezolano Tren de Aragua, es uno de los más citados por Trump en sus mítines. 

En su publicación a X, Bukele ha asegurado que podría aceptar los deportados gracias a una “tarifa sería relativamente baja para Estados Unidos”, pero que sería“significativa” para El Salvador y “haría sostenible todo nuestro sistema penitenciario”.

Rubio ha asegurado que se anunciaran más detalles del acuerdo próximamente. La deportación de presos estadounidenses a las prisiones de El Salvador es poco probable, ya que sería ilegal y cuentan con una serie de protecciones legales. El envío de migrantes sin papeles a las prisiones de Bukele tampoco está claro que sea factible, pues podría violar leyes internacionales con relación a los derechos de los migrantes.

A pesar de que la administración Trump esté poniendo de ejemplo a personas migrantes sin papeles condenadas por crímenes violentos o con relaciones con bandas criminales, la etiqueta de “criminal convicto” abarca un espectro mucho más amplio. Cabe recordar que el Congreso estadounidense ya aprobó el pasado mes de enero una ley que permitía detener a migrantes sin papeles acusados o condenados por delitos menores. 

La cadena CBS News había avanzado hace unos días que se estaba gestando un acuerdo, conocido como un pacto de “Tercer País Seguro”, el cual otorgaría a los trabajadores de inmigración de EEUU la autoridad para deportar a migrantes de cualquier nacionalidad a El Salvador, impidiéndoles solicitar asilo en Estados Unidos. En su lugar, serían deportados con instrucciones de solicitar asilo en El Salvador, que sería designado como un “tercer país seguro”. 

Este mismo lunes, Trump también revocó las protecciones temporales contra la deportación a más de 300.000 venezolanos. La semana pasada, el presidente ya rescindió la extensión de 18 meses del Estatus de Protección Temporal (TPS) que había aprobado su predecesor Joe Biden antes de abandonar la Casa Blanca. La revocación de la extensión fue un duro golpe que afectó a más de 600,000 venezolanos que viven en Estados Unidos.

El Salvador está en el punto de mira de las organizaciones de derechos humanos desde hace tiempo. El reverso del régimen de Bukele, que presume de haber devuelto la seguridad a las calles, se caracteriza por las detenciones sistemáticas sin pruebas, celdas llenas a rebosar de presos sin apenas agua y comida, palizas de custodios e incluso muertes en la cárcel por estrangulamiento. Estos fueron algunos de los hechos que enumeraba el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que se publicó el setiembre del año pasado sobre el estado de excepción de El Salvador. 

Precisamente, este informe apuntaba como el sistema de justicia estaba colapsado y donde la mega prisión CECOT -la que Bukele ha ofrecido a Estados Unidos- se caracteriza por el hacinamiento de personas que llevan encarceladas, algunas de las cuales aún no habían sido juzgadas.

El anuncio de deportar migrantes sin papeles a El Salvador llega después de que Trump hiciera público su plan para ampliar el centro de detención de migrantes en Guantánamo y lograr que albergara hasta 30.000 personas.