Ecuador pasó de ser considerado una isla de paz en Latinoamérica a convertirse en la nación de la región con la mayor tasa de homicidios en 2023, bajo la presidencia de Daniel Noboa.

Ha pasado un año desde entonces y, con él, las declaraciones del estado de emergencia, la militarización de las calles y los centros penitenciarios. Estas surtieron efecto, pero momentáneo: en enero de este año se registraron 731 homicidios, un incremento del 45% en comparación con el mismo mes de 2024, según medios locales. El regreso a un pasado estable es la expectativa con la que cerca de 14 millones de ecuatorianos elegirán presidente el 9 de febrero.

El escenario ideológico es parecido al de las seis últimas elecciones: el correísmo, representado en este caso por la candidata de la Revolución Ciudadana, Luisa González (secretaria de Administración Pública de Rafael Correa en 2017); y el anticorreísmo, concentrado en el actual presidente, Daniel Noboa (Acción Democrática Nacional). A pesar de que hay 16 candidatos, la última encuesta de Ipsos, publicada el 29 de enero, solo da la posibilidad de ganar a Noboa (con el 45,3% de intención de voto) y a González (31,3%). Detrás, con el 5,1%, se posicionan Andrea González (Sociedad Patriótica), quien formó binomio con el candidato asesinado en las votaciones de 2023, Fernando Villavicencio. Le sigue el líder indígena izquierdista Leónidas Iza, con un 2,4%. El resto de los aspirantes no supera el 1%.

De cumplirse estos pronósticos, sería vencedor en primera vuelta el hijo de 37 años del empresario Álvaro Noboa, considerado el hombre más rico del Ecuador y cinco veces candidato presidencial. La Constitución establece que, para vencer en primera vuelta, el ganador necesita al menos el 40% de los votos y una diferencia de 10 puntos con respecto al segundo. Sin embargo, los analistas consideran que el 22% de indecisos que arroja la encuesta de Ipsos será clave para determinar si habrá o no una segunda vuelta, que se celebraría el 13 de abril.

De ser así, se repetiría el duelo de 2023. Aquellos fueron unos comicios extraordinarios, después de que el entonces mandatario, Guillermo Lasso, recurriera al mecanismo conocido como “muerte cruzada” para disolver el Congreso y convocar elecciones anticipadas, sabiendo que sería destituido en un juicio político.

Si bien Noboa representa el voto contra Correa, también ganó popularidad en su mandato. Llegó a la presidencia en medio de la crisis de seguridad, con un aumento de los asesinatos diarios de 13,22 en 2022 a 21,93 en 2023, según el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado. La batalla encarnizada con policías y militares, en un “conflicto armado interno”, lo llevó a alcanzar una aprobación superior al 80% a principios de 2024. Su estilo y sus políticas lo acercan al salvadoreño Nayib Bukele, y también en sus políticas de acercamiento al Estados Unidos de Donald Trump.

El analista político y abogado Esteban Santos señala que ha tenido tropiezos en poco más de un año de gobierno, como la crisis diplomática con México a raíz del asalto violento militar a la embajada en Quito, o los apagones de hasta 14 horas durante el último trimestre de 2024, debido a la deficiente infraestructura energética.

El caso más reciente es la polémica con su vicepresidenta, Verónica Abad, a quien se resistió a dejarle el mando mientras realizaba su campaña, a pesar de que así lo dicta la normativa ecuatoriana. “Tiene rasgos autoritarios, se ha encargado de controlar los organismos del Estado. Hay muchas dudas y temor sobre lo que pueda suceder”, recalca el analista.

Noboa, así, es el antagonista de González. La abogada especializada en derechos humanos significaría el regreso de las políticas implementadas por Rafael Correa durante sus más de diez años de gobierno, divididos en tres mandatos. Una gestión definida por la bonanza económica impulsada por el alza del precio del petróleo, en un extremo, y, en el otro, las causas judiciales de impulsadas por el gobierno posterior contra él que lo mantienen en el exilio en Bélgica, que le concedió asilo político entre denuncias de lawfare.

“En Ecuador, si preguntas a las personas cuál es su tendencia ideológica, no sabrán qué responder. Pero si les preguntas si son correístas o anticorreístas, sí saben en qué posición ubicarse”, asegura Yalilé Loayza, periodista radicada en Quito.

González no es la figura correísta más visible; por ejemplo, el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, tiene mayor influencia. No obstante, como señala Loayza, es la más afín a Correa. “El expresidente quedó muy afectado desde que Lenín Moreno [aupado inicialmente por Correa y que luego lo espió y persiguió judicialmente] lo traicionó. Arruinó los planes que tenía para intentar volver a gobernar. Por eso, aunque hay buenos cuadros que ocupan alcaldías, Correa se inclina más por González”.

Para Gabriel Hidalgo, profesor del Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN), la propuesta de González se basa en un “aparato estatal grande, con un enorme gasto público, políticas de inclusión económica y medidas integrales de contención del crimen”. En este marco, plantea su medida más notoria contra la criminalidad: restituir el Ministerio Coordinador de Seguridad. Enfrente, Noboa plantea endurecer las sanciones penales para jóvenes mayores de 15 años reclutados por bandas criminales y más cárceles.

Noboa enfatiza constantemente las 60.000 detenciones de presuntos delincuentes en 2024 y la incautación de más de 280 toneladas de drogas ilícitas, un 29% más que en 2023. Sabe que “ser firme contra la delincuencia” es uno de los atributos que más valora su electorado.

Además de la seguridad y la crisis energética, otra de las principales preocupaciones de los ecuatorianos es la falta de empleo: el 24% de los jóvenes de entre 18 y 29 años no trabaja, y solo tres de cada diez personas tienen un empleo formal. Lo cierto es que el domingo los ecuatorianos, como asegura Hidalgo, no “irán a votar con la certeza de que hay políticas públicas efectivas sobre seguridad; votarán a pesar de la inseguridad”.