El juez federal que había bloqueado cautelarmente el plan de bajas incentivadas entre los funcionarios por parte de Donald Trump ha levantado la suspensión y permite que la Casa Blanca proceda con el programa.

El presidente estadounidense había ofrecido a los funcionarios siete meses de sueldo hasta septiembre si renunciaban voluntariamente antes de la medianoche del pasado 28 de enero. De no hacerlo, se exponían a ser despedidos en medio del desmantelamiento de las estructuras de gobierno que está llevando a cabo Elon Musk, mano derecha de Trump y líder del grupo de trabajo DOGE (Departamento de Eficiencia Gubernamental, por sus siglas en inglés).

Al menos 65.000 trabajadores habían aceptado la oferta hasta el jueves pasado, cuando se paralizó el plan por primera vez. Según ha anunciado el portavoz de la Oficina de Gestión de Personal, McLaurine Pinover, la fecha límite para acogerse al programa finalizó a las siete de la tarde de este miércoles. No se han publicado actualizaciones de cuantos funcionarios aceptaron. 

Se calcula que los 65.000 trabajadores que aceptaron inicialmente representa más del 3% de los aproximadamente 2 millones de empleados federales que recibieron el incentivo. La Casa Blanca ha dicho que su objetivo es que entre el 5% y el 10% de los empleados renuncien. La reactivación del plan justo coincide con la orden ejecutiva que firmó Trump este martes para dar más poderes a Musk en su cruzada para recortar la plantilla federal. 

El juez George O’Toole había frenado temporalmente hasta en dos ocasiones la fecha límete dada a los trabajadores federales, pero este miércoles por la noche decidió reactivar el contador. El magistrado concluye que los demandantes, entre los que se encontraban sindicatos que representan a directamente a funcionarios, no estaban afectados directamente por la oferta de Trump, conocida como “Fork in the Road” (“Bifurcación en el camino”, español), por lo que no tenían legitimidad para impugnarlo. 

Según el fallo judicial, “los sindicatos no tienen la participación directa requerida en la directiva Fork”, por lo que “no es suficiente” para que la demanda fuera legítima. En su fallo, el juez O'Toole añadió que los precedentes de casos anteriores demostraban que el tribunal no tenía jurisdicción sobre la materia para considerar las reclamaciones de los sindicatos. O’Toole evitó pronunciarse sobre la legalidad del programa. 

Varios sindicatos y la Federación Estadounidense de Empleados Gubernamentales argumentaron que la “Fork in the Road” era ilegal. En el aire estaba la duda de si realmente Trump tiene competencias para realizar una oferta así y en estas condiciones, la cual algunos sindicatos tacharon de “ultimátum arbitrario”. El juez no ha llegado a abordar esta cuestión debido a que no considera la demanda legítima. En un comunicado, la AFGE, el mayor sindicato de empleados federales, dijo que estaba evaluando los próximos pasos a tomar. 

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, que durante la mañana había atacado a los jueces por sus bloqueos a las órdenes ejecutivas, ha celebrado la decisión. “El tribunal disolvió la orden judicial debido a la falta de legitimación. Esto demuestra que la guerra legal no prevalecerá en última instancia sobre la voluntad de los 77 millones de estadounidenses que apoyaron al presidente Trump y sus prioridades”, dijo Leavitt en la CNN. El sesgo judicial que hace unas horas veía Leavitt en los bloqueos cautelares, parece que ya no está. 

Más allá de dar fuerza a la remodelación de Trump en la administración, también sienta un precedente legal de cara a todos los recursos de emergencia que han estado presentando los sindicatos y grupos de abogados en relación con otras acciones ejecutivas que afectan a los trabajadores federales.