Por mucho que Elon Musk compareciese el martes junto a Donald Trump en el Despacho Oval en calidad de “empleado especial del gobierno”, aún sigue siendo el propietario de la plataforma X, así como el CEO de SpaceX y Tesla. Estas dos últimas empresas han recibido millones de dólares de subvenciones públicas y algunas agencias gubernamentales tienen abiertas investigaciones contra ellas.

“La transparencia es lo que genera confianza”, despejó Musk. Rechazó el conflicto de intereses, asegurando que se resolvería con una supuesta transparencia por parte del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), el grupo de trabajo que lidera. El presidente lo respaldó y añadió que si creyera que existe algún conflicto de interés, no le dejaría hacer lo que está haciendo. Como empleado especial del gobierno, Musk está obligado por ley a abstenerse de cualquier asunto que pueda afectar a sus intereses financieros. 

El hombre más rico del mundo tiene ahora línea directa el presidente y la oportunidad de adaptar el gasto público a sus prioridades. Los avances de muchas de las empresas del multimillonario se sostienen sobre fondos públicos. Mientras que el propietario de Space X considera que los programas para combatir el hambre o las enfermedades infecciosas por todo el mundo son un desperdicio de dinero, considera fundamental colonizar Marte. 

El DOGE lleva días desatando el caos dentro de la Administración estadounidense. Los recortes unilaterales que ha orquestado y el acceso a información sensible —como los números de la Seguridad Social— por parte de un cargo no electo han hecho saltar las alarmas de los observadores. El fango de los recursos legales de emergencia y los titulares de prensa sobre suspensiones masivas de trabajadores federales han opacado las investigaciones y litigios de las empresas de Musk.

Por el momento, el desmantelamiento de la agencia para la cooperación internacional USAid ha dejado sin supervisión unos 8.200 millones de dólares sin gastar que estaban destinados a la ayuda humanitaria, según advirtió un organismo de control del gobierno el lunes. La agencia de cooperación humanitaria, que solo llega a representar el 1% del presupuesto federal, es una de las grandes damnificadas por el asalto de Musk. 

Casi todas las agencias y departamentos que han caído bajo el asedio del DOGE tienen algún asunto pendiente con alguna de las empresas de Musk, ya fueran multas, investigaciones o batallas sobre la normativa. Sin ir más lejos, USAid estaba investigando las operaciones en Ucrania de Starlink, la filial de SpaceX dedicada a ofrecer Internet por satélite, antes de que el DOGE empezara a desmantelarla.  

El hasta ahora inspector general de USAid, Paul K. Martin, explicó en septiembre en el Congreso que estaban investigando la supervisión de los terminales Starlink proporcionados a Ucrania. La investigación se centró en una colaboración de 2022 en la que USAid ayudó a entregar 5.000 terminales a Kiev y coincidió con las afirmaciones de varios operadores rusos que decían tener acceso a Starlink en Europa del Este. Musk insiste en que solo Ucrania utilizaba el servicio. También en septiembre, las fuerzas ucranianas derribaron un dron ruso que tenía un terminal de Starlink integrado en sus sistemas, lo que generó dudas sobre la seguridad de las operaciones de la empresa de Musk en la guerra. 

No se sabe aún con qué motivo, pero cuando los trabajadores del DOGE se plantaron en la sede de USAid accedieron a las zonas restringidas para acceder a información confidencial.  

Martin, el inspector general de la agencia de cooperación, recibió el martes la notificación de despido de la Casa Blanca. El aviso llegó al mismo tiempo que un informe de su oficina que advertía de que más de 489 millones de dólares en asistencia alimentaria estaban en riesgo de estropearse desde que la administración Trump diera orden de congelar la ayuda y detener las operaciones.

Las investigaciones y batallas legales que la Junta Nacional de Relaciones Laborales (NLRB, según sus siglas en inglés) tenía abiertas contra SpaceX y Tesla han quedado congeladas desde que Trump fulminó a tres funcionarios, incluido un miembro de la Junta. Esta agencia independiente, que supervisa los derechos de los trabajadores, tiene abiertos al menos siete casos contra Tesla por prácticas laborales injustas que afectan a unos 140.474 empleados. 

En el caso de SpaceX hay 10 casos abiertos, que atañen a 9.500 empleados. La compañía está asimismo envuelta en un litigio por una denuncia de despido ilegal de trabajadores que firmaron cartas criticando a Musk. En noviembre, SpaceX argumentó ante un tribunal federal que la NLRB es inconstitucional, un caso al que se sumó Amazon.

Con la incursión del DOGE en el Departamento de Trabajo, Musk podría tener acceso a información secreta sobre las investigaciones que la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA, por sus siglas en inglés), tiene abiertas contra Tesla, SpaceX y su empresa de túneles, The Boring Company, así como a investigaciones sobre sus competidores. La OSHA, que depende del Departamento de Trabajo, estaba investigando a Tesla por la muerte de un trabajador en una fábrica de Austin, Texas. 

Los sindicatos han denunciado que el DOGE también podría acceder a datos de la Oficina de Estadísticas Laborales sobre la salud de la economía y a información sensible sobre los empleados gubernamentales, incluidas las identidades de aquellos que han presentado reclamaciones de compensación laboral o han buscado protección tras quejarse sobre salarios y horarios. 

Musk ha hecho público que uno de sus próximos blancos va a ser la Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB, según sus siglas en inglés). La CFPB fue una idea de la senadora demócrata Elizabeth Warren cuando era profesora en 2007 y fue constituida formalmente en 2011. La oficina siempre ha estado en el punto de mira de Wall Street y los republicanos, por lo que Musk no es el único gran empresario y multimillonario a quien molesta. El anuncio de que irá a por la CFPB se produjo al mismo tiempo en que se promociona el proyecto X Money para permitir pagos a través de la plataforma X. Se trata de un viejo sueño de Musk para que X se convierta en una “app para todo”. El proyecto tiene visos de contar con mucha menos supervisión regulatoria ahora que el futuro de la CFPB pasa por manos del multimillonario. Otras plataformas de pago digital, como las operadas por empresas tecnológicas como Apple y Meta, también se podrían beneficiar de los cambios de Musk después de haber estado sometidas a un intenso escrutinio por parte de la CFPB.

En los últimos días, el equipo del DOGE se presentó en la oficina del consumidor y obtuvo acceso al edificio y sus sistemas informáticos como primer paso para desmantelarla. Igual que ha hecho con otras agencias, Musk se congratuló del momento publicando en X un mensaje que decía “CFPB RIP” junto al emoji de una lápida. 

Otra agencia a la que Musk ha puesto en la diana es el Servicio de Ingresos Internos (IRS), equivalente a la Agencia Tributaria española. El jueves por la tarde, Reuters avanzaba que los trabajadores del DOGE habían entrado en la sede para examinar sus operaciones.