El Gobierno ha firmado este miércoles con representantes sindicales y ejecutivos de las principales eléctricas en España el Acuerdo para la Transición Justa. El acuerdo “ampara desde hoy a todas las centrales de carbón de España” y “recoge el compromiso de las partes para acompañar la transición laboral y la reactivación económica de las zonas afectadas por el cierre de las centrales térmicas”, destaca el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

El acuerdo se ha rubricado con la adhesión a este acuerdo del grupo portugués EDP, el único que hasta ahora no lo había hecho, en un acto simbólico en la sede el ministerio al que han acudido la vicepresidenta cuarta, Teresa Ribera; la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz; el secretario general de CCOO Industria, Agustín Martín; el secretario General de UGT FICA, Pedro L.

Naturgy prepara el mayor recorte de plantilla desde la llegada de Francisco Reynés a la presidencia ejecutiva de la multinacional energética. La antigua Gas Natural acaba de plantear a los sindicatos un plan de bajas "incentivadas y voluntarias" para 1.000 trabajadores en España, según avanza 'Economía Digital' y confirman fuentes de la compañía.

El ajuste, cuyas condiciones económicas la compañía todavía no ha planteado, afectaría a alrededor del 18% de sus trabajadores en España. La empresa, cuyos principales accionistas son Criteria Caixa y los fondos CVC y GIP, ha puesto sobre la mesa una “desvinculación de personal en España de alrededor de 1.000 empleados, atendiendo a la evolución del sector energético (descarbonización, transición energética, mayor competencia…) así como a criterios de eficiencia y digitalización”, según fuentes del grupo.

La reforma de las pensiones del Gobierno de coalición está en el horno del diálogo social, con la negociación abierta entre el ministerio que dirige José Luis Escrivá, los sindicatos y los empresarios. En paralelo, todavía sigue vivo el Pacto de Toledo, en el Congreso de los Diputados, donde esperan aún el estudio que la Seguridad Social tiene que presentar sobre la jubilación anticipada y sus efectos para las personas con largas carreras de cotización. La comisión parlamentaria dio tres meses al Ejecutivo para dar "una respuesta" a este tema, pero el plazo se cumplió en febrero y el Gobierno aún no la ha presentado.

La Comunidad de Madrid fue en febrero la primera receptora de turistas de España. No es un puesto que suela ocupar: en un febrero normal, como los de 2019 o 2020, Madrid queda tercera en el ranking por detrás de Catalunya y Andalucía. En este año de pandemia la situación ha dado un vuelco. Madrid recibió más turistas extranjeros y nacionales que ninguna otra comunidad, según los datos de la Encuesta de Coyuntura Turística Hotelera publicados este martes por el INE.

Estos datos se obtienen mediante encuestas a hoteles y son un buen complemento a la estadística de movimientos turísticos en fronteras, que mide la entrada de turistas internacionales y cuyos datos de febrero aún no están disponibles.

La Comisión de Hacienda del Congreso ha rechazado una proposición no de ley defendida por Vox para eliminar el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, con los votos del PSOE, Unidas Podemos, Esquerra Republicana, el PNV, EH-Bildu, el PDeCAT y el PRC. La propuesta defendida por Vox ha sido respaldada únicamente por el PP y Ciudadanos, según informa Europa Press.

Durante el debate de la iniciativa, la portavoz de fiscalidad de Vox, Inés Cañizares, ha aludido a "numerosos problemas de legitimidad social" del impuesto y a su "escaso impacto" sobre el total de recaudación, asegurando también que "vulnera derechos constitucionales".

La nueva CaixaBank supera uno de los últimos trámites administrativos pendientes. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha aprobado este martes la operación por la cual la entidad catalana absorbe a Bankia, convirtiéndose en el mayor banco del país. Aunque el organismo considera que la operación no tiene riesgos para la "competencia efectiva", incluye una serie de compromisos que debe cumplir CaixaBank respecto a su red de oficinas y cajeros.

Con ello, Bankia vive sus últimos días como entidad independiente. Ambas entidades habían publicado a primera hora de este martes el plan por el cual se hará el intercambio de acciones de la entidad rescatada por nuevos títulos de CaixaBank.

Nuevos cambios en la cúpula de Prisa. El consejo de administración de la compañía de educación y medios ha aprobado el nombramiento de Manuel Mirat, como consejero delegado de Santillana, una vez que se ha puesto en marcha la división de la empresa en dos sociedades, una para el negocio de Educación y otra para Medios, donde estarían El País y la Cadena Ser. Mirat era consejero delegado del todo el grupo desde 2017. 

La compañía ha publicado un comunicado en el que asegura que el Consejo "entiende que con esta alternativa se obtendrá un mayor foco de los equipos ejecutivos y una mejor capacidad de ejecución en los dos planes de negocio, que requieren, cada uno de ellos, de una enorme dedicación y de un fuerte liderazgo".

La Sareb genera un nuevo quebradero de cabeza al Estado. El conocido como banco malo guarda buena parte de los activos tóxicos de las entidades rescatadas en la anterior crisis financia y, aunque el Estado era el principal accionista, funcionaba como una sociedad privada, fuera del ámbito de las cuentas del Estado. Esta concepción cambia ahora y la deuda de esta compañía, nacida en 2012, pasará a formar parte de la deuda pública. En concreto, 35.000 millones de euros que eran deuda de Sareb serán interpretados desde el 31 de diciembre de 2020 como deuda pública.

El Corte Inglés y la representación sindical han firmado un acuerdo para el ajuste voluntario de plantilla, que afectará a 3.292 empleados, tras aceptar la oferta de indemnizaciones, tanto de adscripción voluntaria como forzosa, de 33 días con un límite de 24 mensualidades, según han informado a Europa Press los sindicatos CCOO, UGT, Fetico y Fasga.

En concreto, estas indemnizaciones tendrán como base el salario a la fecha de extinción y los incentivos de 2019 para el colectivo de venta. De este modo, la cifra final de afectados supera en 292 los 3.000 previstos inicialmente por el grupo.

La Fiscalía ha solicitado en su escrito de conclusiones provisionales más de 80 años de cárcel para el ex ministro de Economía Rodrigo Rato por supuestamente defraudar más de 8,5 millones de euros, acusándole de delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y corrupción en los negocios, entre otros, en el marco de la causa sobre el presunto origen ilícito de su patrimonio.

El Ministerio Público ha acusado a Rato de once delitos contra la Hacienda Pública, pidiendo penas de entre cuatro y seis años de cárcel por cada uno; uno de blanqueo de capitales, por el que reclama seis años; otro de insolvencia punible, por el que pide cuatro años; otro de corrupción en los negocios, con una solicitud de pena de otros cuatro años; y de un delito de falsedad documental, al que apareja otros tres años.